COLOMBIA:
Informe
Estadístico de Derechos Humanos -
2003
COMITÉ PERMANENTE POR LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CPDH.
25 Aniversario
Por el Acuerdo de Intercambio
Humanitario
Y las Libertades Democráticas.
Índice
Presentación
Situación
General
Precisiones
preliminares
El
debate sobre las cifras
Masacres
Homicidios
Políticos
Homicidios
Societales
Desaparición
Forzada
Detenciones
arbitrarias
Amenazas
políticas
Mujeres
Víctimas de Violaciones de los Derechos a la Vida y Libertad Personal
Menores
de Edad Víctimas de Violación de los Derechos a la Vida y Libertad
Presentación
El Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos
- CPDH - entrega el presente informe estadístico de derechos humanos,
correspondiente al año 2003, para que sirva de referente a las demás
organizaciones hermanas, a las propias victimas de la violencia o sus
familiares, los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la comunidad
internacional sobre la situación de derechos humanos en el
país.
Las estadísticas aquí
recopiladas no reflejan las cifras exactas de la realidad de los derechos
humanos en Colombia, porque el régimen de terror que existe en muchas zonas del
país, el temor de las personas a denunciar los crímenes y la autocensura que se
imponen los medios de comunicación para denunciar muchas violaciones de derechos
humanos, impiden llevar un registro mas riguroso; en consecuencia, estas
estadísticas solo señalan una tendencia de la situación.
Agradecemos a Adriana
Pestana y Nathalia Gómez por su esfuerzo en la recopilación y procesamiento de
los datos, al profesional Jorge Eliécer Molano
por su análisis de la estadística y a Luis Jairo Ramírez, Secretario
Ejecutivo del Comité, por la revisión final del trabajo y sus aportes
conceptuales.
El presente esfuerzo es
un homenaje a las victimas de la violencia, en especial al estudiante Jairo Moncayo de la Seccional del CPDH
en Nariño y al Doctor Carlos Bernal, abogado y profesor Universitario, miembro
del Comité Permanente en Cúcuta; victimas de la intolerancia, en especial este
ultimo quien fuera asesinado el mismo día que el Comité Permanente conmemoraba
su 25 aniversario.
Contexto
socio-político
General
La Política de Seguridad
Democrática desarrollada por parte del gobierno colombiano, demuestra que las
viejas concepciones de la doctrina de la seguridad nacional que recorrieron
América Latina durante las anteriores décadas, continúan plenamente vigentes y
aún son aplicadas en el país, especialmente en la idea de perseguir un supuesto
enemigo interno, dentro del cual han sido incluidos quienes desarrollan luchas
reivindicativas, la oposición política o residen en zonas bajo influencia o
control de las guerrillas, en donde la convivencia en dichas zonas, es asumida
como connivencia.[1]
Los desarrollos de la
política de Seguridad Democrática tienen como gran telón de fondo la denominada
lucha antiterrorista esbozada por
la administración Bush. En el caso de Colombia asimila el conflicto armado
interno a las concepciones del terrorismo confeccionadas luego de los hechos del
11 de septiembre. El Presidente Álvaro Uribe ha determinado que la solución
militar del conflicto interno es la prioridad de esa política, con el agravante
de que no son los factores de la violencia los que han recibido ese impacto,
sino la actividad social y reivindicativa de las organizaciones populares, las
organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, indígenas y sectores de la
oposición política.
Durante el año 2003, la
pretensión de adelantar una guerra total, se fue consolidando. La articulación
de instancias de justicia, como la Fiscalía General de la Nación, haciéndola
parte del dispositivo de guerra, fue un hecho notorio. A su vez, el
involucramiento de la población civil en el conflicto, a través de los soldados
campesinos y las redes de informantes, medidas que vulneran el principio de
distinción y delegan en civiles funciones privativas de la Fuerza Pública y
organismos de seguridad del Estado, han profundizado la grave crisis de derechos
humanos.
Ha sido recurrente que
por parte de altos funcionarios del gobierno y mandos militares, se estigmatice
a campesinos, líderes sociales, sindicales, opositores políticos y defensores de
derechos humanos, como supuestos auxiliadores o integrantes de organizaciones
alzadas en armas.
Una de los hechos que
preocupan en esta etapa es la privación de la libertad de muchas personas con
ocasión del conflicto armado interno: Los prisioneros de guerra que mantienen en
su poder las partes enfrentadas, los secuestros de civiles por parte de
movimientos insurgentes, las detenciones-desapariciones forzadas en que se ven
involucrados miembros de la fuerza publica en alianza con grupos paramilitares,
son todos indicativos del deterioro del conflicto y de los derechos humanos. Por
eso el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos junto a los
familiares ha venido proponiendo un Acuerdo de Intercambio Humanitario que
resuelva este fenómeno. En apoyo de esta iniciativa se han venido pronunciando
expresidentes, Congresistas, organizaciones sociales, la iglesia y la comunidad
internacional.
La seguridad democrática:
Una redada a la libertad
Eje esencial de la
seguridad democrática durante el año 2003, fueron las detenciones masivas y
arbitrarias, con participación especial en las mismas del Ejército Nacional[2],
las cuales se dirigieron contra campesinos, sindicalistas, opositores políticos,
lideres cívicos y sociales y defensores de derechos humanos.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos ha señalado que entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, un total
de 6.038 fueron detenidas, de las
cuales 4.846 corresponden a detenciones masivas (en donde fueron privadas de la
libertad 20 o más personas), siendo 3.939 de dichas detenciones arbitrarias.
Dado el carácter arbitrario de las mismas, la libertad fue restablecida a 3.750
de los detenidos.
Preocupa especialmente
que las detenciones arbitrarias se hayan incrementado durante septiembre y
octubre, previo a las elecciones de mandatarios locales y aprobación del
referendo, ello posterior a que el Ministro del Interior y la Justicia señalara
que las “Farc resultaron amigas de los abstencionistas”[3], refiriéndose a quienes de manera legal y
legítima se oponían a la participación en el referendo. La utilización del
sistema penal, con propósitos de incidir en los comportamientos electorales,
alerta sobre los riesgos que comporta el actual debate en torno a la reelección
presidencial, más aún, cuando quienes se oponen a dicho proyecto de acto
legislativo, están siendo considerados como enemigos de la política de seguridad
o aliados de la insurgencia.
El papel de la Fiscalía General de la Nación, que
viene participando en las redadas contra la libertad, expidiendo ordenes de
captura en medio de los operativos o con posterioridad a ellos, a fin de dar
apariencias de legalidad a estos procedimientos, resulta ser violatorio de los
derechos a ser investigado y juzgado por instancias independientes e
imparciales, así como al debido proceso.
El abierto desconocimiento de las recomendaciones
internacionales
El 19 de diciembre de 2003, fue aprobada la reforma
constitucional, por medio de la cual se otorgan facultades de policía judicial a
la Fuerza Pública, en donde se elimina el principio de reserva judicial,
autorizando a los mismos para realizar capturas, registros domiciliarios e
intercepción de comunicaciones, sin mandamiento escrito de autoridad judicial,
ello en contravía de las recomendaciones de Naciones Unidas y del compromiso
asumido por el gobierno en la Mesa de Donantes de Londres. Estas medidas
implican un enorme riesgo para la vigencia, respeto y garantía de los derechos a
la intimidad, inviolabilidad del domicilio y la libertad, si se tiene en cuenta
el carácter arbitrario, masivo e infundado con que vienen siendo realizados
allanamientos y capturas por parte de la Fuerza Pública.
A su vez, reiteradamente
el gobierno ha insistido en el trámite de un proyecto de reforma a la justicia,
por medio del cual se establecen limitaciones a la acción de tutela, planteando
que la misma solo procederá para proteger determinados derechos fundamentales y
en el evento de que la orden del juez, implique erogación de recursos, es deber
del funcionario judicial indicar de donde proceden los
mismos.
Así mismo, ha sido clara
la pretensión de resquebrajar la independencia de la justicia, mediante la
reforma al Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional,
limitando las funciones de esta última, en especial en lo referente al
conocimiento de los decretos por los que se establece la conmoción
interior.
Una política de impunidad
en medio de la hostilidad
Nuevos
mecanismos de derecho que facilitan y promueven la impunidad a responsables de
violaciones a los derechos humanos han sido adoptados por parte del gobierno
colombiano. A través de la llamada política de reinserción, entre enero de 2003
y febrero de 2004, más de 1800 paramilitares han sido objeto de amnistías e
indultos encubiertos, ello con fundamento en el decreto 128 del 22 de enero de
2003.
Con el
denominado proyecto de alternatividad penal viene debatiéndose una salida
jurídica al proceso que actualmente se desarrolla con los paramilitares. Una de
las medidas que allí se propone es la conformación de un “Tribunal para la Verdad, la Justicia y la
Reparación”[4],
cuyos magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, de ternas
enviadas por el Presidente la República.
Dicho proyecto establece como pena alternativa para
los responsables de crímenes de lesa humanidad, la privación de la libertad “por
un periodo no inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10)
años”,
en donde la permanencia durante los diálogos en una zona de concentración “se computará como tiempo de pena
efectivamente cumplida”.
El
mecanismo de juzgamiento proyectado implica una ruptura con el derecho a contar
con tribunales independientes e imparciales, en donde además, si como se ha
dicho el proceso actualmente en desarrollo podría tardar más de 3 años, el
desarrollo del mismo podría ser asumido como el cumplimiento de la sanción,
resultando ser la misma una simple formalidad.
Este conjunto de
beneficios han sido ofrecidos en medio de la sistemática, masiva y permanente
violación a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares, a pesar
de la supuesta tregua. El CPDH ha documentado, como durante el año 2003 los
paramilitares ejecutaron: 698 personas en medio de masacres, 1590 asesinatos por
motivos políticos, 277 desapariciones forzadas y 594 amenazas entre individuales
y colectivas.
Negación de los derechos
de los trabajadores
La apertura al dialogo
que el gobierno colombiano ha tenido con integrantes de estructuras
paramilitares, no se corresponde con la actitud asumida frente a diversos
sectores sociales y sindicales, que han desarrollado diversas acciones para la
reclamación de sus derechos, en donde el ejercicio de los derechos a la
asociación y manifestación, han recibido un tratamiento
militar.
Un caso demostrativo es
la ocupación militar de las instalaciones de la empresa estatal Telecom y su
consecuente liquidación, desconociendo el derecho al trabajo y organización
sindical de los trabajadores. A su vez, la negación del derecho a la
contratación colectiva, que ha sido evidente en el caso de la Empresa Colombiana
de Petróleos – Ecopetrol.
Paralelo a ello, la
aprobación de una reforma laboral, que promueve la inestabilidad laboral y
recorta los derechos de los trabajadores, así como el proyecto de reforma
pensional, que hace prácticamente imposible llegar a disfrutar de la misma,
agravan la vigencia de los derechos económicos y sociales durante este
periodo.
Precisiones
preliminares
El análisis del
comportamiento de las dinámicas del conflicto, así como de las violaciones a los
derechos humanos en el país, deben ser hechas entendiendo y asumiendo las
dinámicas de conflictos políticos, económicos,
sociales y regionales, que se presentan en el contexto de la violencia
institucional, como tendencias mismas que las atraviesan históricamente,
situación que lleva necesariamente a mirar los comportamientos históricos en la
diferentes modalidades de crímenes para ser analizados en un periodo
histórico.
Así, en tal sentido, son
diferentes los factores que han convergido o bien intervenido de manera única en
un momento determinado, los que permiten aseverar que las violaciones a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario no son lineales, de
manera que permitan hacer una comparación seria con el periodo inmediatamente anterior. Son
varias las causas que han generado cambios (mensuales o anuales) en el número de
víctimas y victimizaciones, a saber:
Ø
La política tradicional
de los bloques de poder dominantes
que gobiernan el país haciendo uso de la violencia institucional; para lo cual
recurren permanentemente a medidas de excepción, o convierten las medidas de
excepción en normas permanentes de la Constitución, suspenden las libertades
democráticas, desconocen los derechos fundamentales de la población y
estructuran un sistema judicial basado en la impunidad.
Ø
La existencia y
desarrollo de conflictos sociales o laborales, en la búsqueda de la obtención de
reivindicaciones económicas, de tierras o de derechos de los trabajadores, las
cuales han recibido tratamiento por vía de la eliminación física, amenazas o
desplazamiento de quienes participan en las mismas.
Ø
El diseño y ejecución de
proyectos macroeconómicos por parte de empresas multinacionales o nacionales
(oleoductos, represas, producción agroindustrial, trazados y construcción de
vías y explotación de recursos
naturales, entre otros).
Ø
Procesos de acumulación
de tierras por parte de terratenientes, narcotraficantes y paramilitares, en
donde han sido combinados diferentes formas de presión al campesinado para
abandonar o vender sus parcelas.
Ø
La lucha por el control
político local y regional, en donde se ha atacado de manera directa a grupos
políticos de oposición y a quienes los respaldan, en la pretensión de establecer
dominios hegemónicos.
Ø
La creación de corredores
estratégicos por parte de las partes enfrentadas, para la movilidad, control
territorial, tráfico de armamentos o el narcotráfico.
Ø
El cambio de estrategias
por parte de las partes enfrentadas para forzar o ganar la adhesión de personas,
organizaciones y comunidades a sus proyectos militares, económicos y
políticos.
Son en últimas los
niveles y estado de desarrollo de dichas variables, las que han ido determinando
los cambios en las dinámicas de la violencia y de las violaciones a los derechos
humanos, situaciones que no son constante, sino que por el contrario los
intereses en juego han ido generando cambios en las estrategias de guerra,
eliminación e intimidación.
Colombia ha visto en las
últimas décadas la combinación de diversas formas de violación a los derechos
humanos, que sin ser únicas del periodo, se han privilegiado, tales como la
práctica sistemática de la tortura y detenciones arbitrarias (1978 -1982); las
desapariciones forzadas (1981–1985); los asesinatos selectivos (1982-1988);
masacres con intencionalidad de atacar regiones donde la oposición política
ejercía diversos niveles de control (1988-1991); la criminalización de la protesta social
y la ejecución de asesinatos selectivos (1991-1996); las masacres orientadas a la generación
de terror en comunidades enteras (1997-2002).
El privilegio de una u
otra estrategia, o la combinación de varias de ellas, han sido factores
decisivos en los aumentos o descensos coyunturales de las cifras del número de
víctimas y victimizaciones a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario.
Por ello la evaluación de
los avances en el respeto y garantía a los derechos humanos no se puede reducir
al incremento o descenso de las cifras de un año a otro, sino que entendiendo
que la violencia política y las violaciones a los derechos humanos son parte de
una estrategia, por lo cual una evaluación que interprete la realidad de
violencia política y las violaciones a los derechos humanos debe tomar como referente los ponderados
históricos.
El debate sobre las
cifras
En los últimos meses ha
surgido una discusión dirigida a poner en duda las estadísticas y análisis sobre
la realidad de los derechos humanos en el país y, tratar de generar la idea
sobre un supuesto mejoramiento de la situación de derechos
humanos.
Las alarmantes cifras que
aquí se presentan, que tienen como fuente privilegiada el testimonio de las
víctimas, no reúnen la totalidad de los hechos de violencia política y de
violaciones a los derechos humanos, por varias razones:
La discusión sobre la
grave crisis de los derechos humanos en Colombia, se ha pretendido llevar a la
contrastación de las cifras oficiales (basadas en gran parte en boletines de la
Fuerza Pública), en donde se miran ascensos y descensos de cifras, y no la
combinación de diversas variables de la represión.
El Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos desde sus orígenes ha venido documentando e
informando sobre la violencia política y la situación de derechos humanos en
Colombia. Desde el año 1991 ha desarrollado una base de datos, a fin de
sistematizar los diferentes hechos de violencia, así a las víctimas y presuntos
responsables de los mismos.
Con el Informe anual de
derechos humanos el Comité Permanente pretende hacer un aporte serio y
responsable de las diversas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el
país, que sea un referente de la realidad que vivimos para el conjunto de la
sociedad. No nos interesa sobredimensionar la situación, solo presentar la
situación del país en materia de derechos fundamentales. Nuestro informe
pretende ser complementario de los análisis, informes y estadísticas que
elaboran con esmero otras organizaciones colombianas de derechos humanos y la
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos
humanos.
Para tal fin, hoy se
ofrece un análisis ponderado de los crímenes, que a través de los años, han
tenido una misma metodología para la recolección y procesamiento de la
información desde el año 1991, en específico las masacres,[6]
homicidios políticos, las desapariciones forzadas y los homicidios
societales.
Violaciones
del derecho a la vida durante el año 2003
Masacres
La masacre con fines
políticos, o en el contexto de conflictos sociales, políticos o armados, se ha
constituido en una de las formas más crueles de violación a los derechos
humanos. Junto a las desapariciones forzadas, son atentados contra la humanidad
que tienen enormes repercusiones en la sociedad y específicamente, en las
poblaciones afectadas por quienes ejecutan estos crímenes.
Observando las dinámicas
de las diversas modalidades de crímenes el año 2003 refleja que los atentados
contra la vida, vistos en comparación con el periodo 1991-2002, se mantienen,
situación que permite afirmar que Colombia permanece bajo una situación de
graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos.
Durante el año 2003,
fueron ejecutadas 317 masacres, que dejaron un total de 1440 víctimas, con una
tasa promedio de 4,54 personas ejecutadas en cada una de ellas. En promedio 3,9
personas fueron víctimas diariamente de masacres.
A su vez, en el periodo
tomado como parámetro de comparación el ponderado anual es de un total de 1428
personas asesinadas en masacres. Observando el grafico Nº 1 se aprecia que para
el año 2003 se presento un incremento de 0.84%, en comparación con el ponderado
histórico.
Observando
comparativamente las variaciones que por departamento se han dado en el año
2003, en comparación con el promedio ponderado del periodo 1991-2002, en donde
es apreciable la movilidad geográfica que se presenta, representado en los
notorios incrementos de las masacres en los departamentos donde se ha
profundizado la presencia y accionar de los grupos paramilitares, en donde se
pueden hacer las siguientes observaciones.
Se ha presentado un
notorio incremento en el número de víctimas de masacres en los departamentos de
Arauca (337%), Caquetá (346%), Nariño (209,5%), Huila (195,4%), Risaralda
(194,9%), Caldas (171,4%), Atlántico (126,7%), Cundinamarca (99%) y Bogotá
(95,5%), Tolima (66,2%), Valle (58,5%) y Guajira (54,5%).
A su vez, se resalta como
la situación se mantiene, con algunos incrementos, en los departamentos de Meta
(23,7%), Quindío (17,6%), Boyacá (16,1%) y Bolívar
(13,5%).
En los departamentos que
presentaron en el periodo 1991-2002, promedio de víctimas superior a 20
personas, se han presentado
disminuciones. En Antioquia (46,1%), Cauca (52,9%), Cesar (71,9%), Chocó (100%),
Córdoba (66,7%), Magdalena (20%), Putumayo (45,5%), Norte de Santander (4,2%) y
Santander (40,2%).
Más del la mitad del
total de las víctimas de masacres se ha presentado en tan solo siete
departamentos, algunos de los cuales aparecen como zonas en las cuales se han
presentado disminuciones. Especial atención merece Antioquia que a pesar de la
disminución, concentra el mayor número de víctimas correspondiente a un 16,4%.
A su vez, resalta la
gravedad de la crisis humanitaria de Arauca, departamento que en el promedio
histórico ocupaba el lugar 24 en el número de víctimas de masacres, el cual pasó
en el año 2003 al séptimo. Los otros departamentos que concentran la mayor
proporción de víctimas el Valle el 10,8%, Caquetá el 8%, Norte de Santander
(4,4%), Bolívar el 4,72%, Cundinamarca 4,44%.
Los departamentos que
presentaron un mayor número de víctimas, a su vez, resultan ser los mismos que
presentan un mayor número de masacres, con excepción de Caquetá, que presenta
ocho masacres, con un promedio de 14,5 personas en cada una de
ellas.
En los casos donde ha
sido posible establecer la ocupación o sector social de las víctimas, se destaca
que el 57,44% son campesinos, un 4,55% comerciantes, un 4,44 estudiantes, un
4,03% indígenas y un 3,62% obreros. Al igual que ha venido sucediendo en los
últimos años, la población campesina resulta ser la principal víctima de las
violaciones del derecho a la vida en medio de masacres.
A su vez, importa
resaltar, el elevado nivel de violaciones contra los indígenas y estudiantes, lo
anterior si se mira que los mismos son un mínimo porcentaje dentro del total de
la población nacional.
Las restantes víctimas,
que corresponden a un 34% de quienes se tiene conocimiento de su actividad, se
distribuyen entre empleados, conductores, trabajadores independientes, amas de
casa, dirigentes cívicos y comunitarios y población marginada, en porcentajes de
entre el 1% y 3%, distribuyéndose el restante en otros sectores sociales en
proporciones inferiores al 1%.
Tomando como referencia
los casos en donde existe una clara individualización de los responsables, que
corresponde a un 70% de los casos, se observa como el 73% de los casos
corresponde a la acción del Estado, bien a través de la acción de la Fuerza
Publica en un 3% de los casos o al accionar de los grupos paramilitares en un
70% de los casos.
Estos datos revelan la
ausencia de transparencia en el proceso que actualmente se desarrolla entre el
gobierno y los grupos paramilitares, así como la inexistencia de una tregua por
parte de los mismos, señalada como requisito esencial e ineludible por el
gobierno de Colombia para el establecimiento y desarrollo del proceso de
inserción formal a la institucionalidad.
A su vez, importa
resaltar como la Comisión de Expertos conformada por el gobierno nacional para
analizar los problemas de la Policía Nacional, en el informe presentado al
Ministro de Defensa el 2 de marzo de 2004, concluyó que en dicha institución
"sobresalen de manera preocupante los vínculos con
las autodefensas y grupos delincuenciales". [7]
Las regionales en donde es más notorio el vínculo el
mismo concluye el informe, son: "La regional de Cali (que
cubre Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), seguida por la de Pereira (Caldas,
Risaralda y Quindío), la de Villavicencio (Casanare, Meta, Vichada, Guaviare,
Guainía, Vaupés y Amazonas) y Bucaramanga (que cubre Cesar, los santanderes y
Arauca) son las que tienen mayores tasas de efectivos comprometidos con casos
positivos".
Seis de los
departamentos, donde se presentaron significativos incrementos en el número de
masacres (Arauca, Nariño, Caldas, Risaralda, Caquetá y Valle del Cauca)
concuerdan con el informe de la Comisión de Expertos que resalta los vínculos
entre personal de la Policía y paramilitares.
A las guerrillas se
atribuye el 23% de los casos, situación que revela los niveles de degradación
del conflicto armado, lo cual plantea un privilegio del accionar militar,
alejándoles de sus planteamientos y compromisos
ideológicos.
Homicidios
Políticos
Los homicidios por
razones políticas durante el presente periodo se han dado en el contexto del
proceso iniciado entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares, el
desarrollo de conflictos sociales por las medidas de ajuste económico
estructural, así como de implementación de la política de seguridad
democrática
El consolidado de
estadísticas del CPDH en el periodo 1991-2002, indica como en Colombia fueron
asesinadas un promedio anual de 2.176 personas, mientras que en el año 2003,
según los datos que pudieron ser recopilados, se ejecutaron 3.313 homicidios por
razones políticas, lo que significa un incremento del 52,2%.
A diferencia de lo
ocurrido con las masacres, donde el promedio anual histórico permaneció, los
homicidios por motivaciones políticas han tenido un significativo incremento, lo
que evidencia cambios en las dinámicas del conflicto, en donde se priorizan los
asesinatos selectivos, situación que en el imaginario colectivo ha generado
sensaciones de mejoría en la situación de los derechos humanos, pues la dinámica
existente entre 1996 y 2002, de masacres indiscriminadas, tendientes a generar
terror y desplazamiento forzado en comunidades enteras, no resultan ser el modus
operandi
privilegiado.
Tomando como referencia
el periodo anual promedio de referencia de 1991-2002, se puede observar el
vertiginoso incremento de las víctimas de homicidio político en los
departamentos de Atlántico (373,7%), Huila (288,6%), Magdalena (288,6%),
Risaralda (186,6%), Cundinamarca (165,5%), Norte de Santander (161,5%), Arauca
(161,5%), Tolima (133,7%), Caldas
(125,7%), Bolívar (95,2%), Meta (52,5%), Córdoba (25,3%).
A su vez, Valle, Sucre y
Cauca que han sido departamentos históricamente con elevadas tasas de homicidios
políticos, la situación se mantiene, con incrementos del 9,16%, 8,92% y 8%,
respectivamente.
Tan solo presentan
durante el 2003, disminuciones en la tasa de homicidios, departamentos donde han
existido elevados niveles de homicidios políticos, frente al ponderado histórico
anual Antioquia (2,7%), Santander (17,5%) y Cesar (46,6%).
Indicativo es que más de
la mitad de las víctimas se concentran en Antioquia, Norte de Santander,
Magdalena, Bolívar y Tolima, lugares donde se han producido notorios incrementos
de los asesinatos políticos, con excepción de Antioquia, donde a pesar de la
leve disminución, posee el 16,3% de las víctimas.
Se destaca nuevamente
Arauca, departamento que en medio del incremento del pie de fuerza, la presencia
de asesores militares de Estados Unidos, los recursos del plan Colombia, la
ayuda económica adicional por 90 millones de dólares del gobierno Estadounidense
para la protección del oleoducto y de un agudo conflicto político y social,
donde subyacen importantes intereses de empresas multinacionales, ha visto
incrementado tanto el número de masacres, como de asesinatos
políticos.
Así mismo otros
departamentos que han sido objeto de reforzamiento de presencia por parte de la
Fuerza Pública como Tolima, Huila, Cundinamarca y Atlántico, por parte del
gobierno nacional, en el marco de la política de seguridad democrática, ha sido
notorio el incremento en el número de masacres y asesinatos políticos.
En el mes de Septiembre
el CPDH Seccional Nariño sufrió el
asesinato de uno de sus miembros: Jairo Moncayo, quien era estudiante de
sociología en la Universidad de Nariño, dirigente estudiantil, en la ciudad de
Pasto, donde estuvo vinculado a la lucha de los
desplazados.
Magdalena, que presenta
uno de los mayores incrementos en el número de asesinatos políticos en medio de
la disputa por el control del territorio, así como la persecución a comunidades
campesinas e indígenas en la pretensión expulsarlos de sus territorios y establecer corredores del narcotráfico
por parte de grupos paramilitares
En los casos donde existe
información suficiente, que permita establecer la ocupación o sector social a
que pertenecen las víctimas, que son 70 de cada 100, se tiene que más del 60% de
las victimizaciones se ejecutaron en contra de seis grupos de población, en
donde un 43,9% corresponde a campesinos, 7,8% a comerciantes, 4,87% a
conductores, 4% a trabajadores independientes, 4% a empleados, 3,4% a dirigentes
cívicos y comunitarios y sindicalistas el 3,1%
El restante porcentaje de
víctimas, se distribuye principalmente entre educadores, indígenas, concejales y
estudiantes.
Esta situación refleja
como los asesinatos permanecen vinculados con el tratamiento dado a los
conflictos sociales y políticos, representado ello en las ejecuciones de
campesinos, trabajadores y líderes sociales. Adicionalmente con especial
responsabilidad por parte de los paramilitares se viene atentando en este
periodo en contra de comerciantes y conductores, a quienes dentro de la
concepción ampliada del enemigo interno, se les considera como auxiliadores de
las guerrillas.
Al igual que aconteció
con las masacres, el nivel de asesinatos políticos ejecutado en contra de
indígenas, como estrategia para forzarlos a hacer parte del conflicto o generar
temor generalizado, resulta ser significativo si se tiene en cuenta el
porcentaje que son los mismos dentro del total de la
población.
El restante porcentaje se
encuentra distribuido entre concejales, profesionales, estudiantes y defensores
de derechos humanos, entre otros.
En 60 de cada 100 casos
ha sido posible establecer la responsabilidad en la ejecución de homicidios
políticos, siendo en un 84% atribuible la responsabilidad al Estado, bien por la
acción directa de la Fuerza Pública (4%) o debido al accionar de los grupos
paramilitares (80%).
Esto evidencia, que a
pesar de la supuesta tregua declarada en el mes de diciembre de 2002, el
paramilitarismo continúa siendo instrumento esencial en la represión de los
conflictos sociales, económicos y políticos, a su vez, mecanismo fundamental
para el encubrimiento de las responsabilidades y el favorecimiento de la
impunidad. Al igual que se indicó en relación con las masacres, la permanencia
de una constante de responsabilidad por parte de los grupos paramilitares,
indica que no ha existido tregua alguna y que por el contrario su accionar se ha
ido consolidando en zonas donde anteriormente hacían presencia, extendiéndose
inclusive a otras.
En cinco de los
departamentos donde se ha incrementado vertiginosamente la tasa de homicidios
políticos (Arauca, Meta, Norte de Santander, Caldas y Risaralda), el informe de
la Comisión de Expertos que analizó los problemas al interior de la Policía
Nacional, señala como sobresalen los vínculos con los grupos
paramilitares.
A las guerrillas se
atribuye un 16% en la ejecución de homicidios políticos, hechos ocurridos
vulnerando las disposiciones del derecho internacional humanitario, en los que
se ha atacado a no combatientes, en muchas ocasiones, bajo la consideración de
ser parte de ser apoyos o integrantes del otro bando
contendiente.
Homicidios
Societales
El ponderado del periodo
1991-2002, indica que anualmente un promedio de 461 personas han sido asesinadas
por razones de intolerancia social, crímenes dirigidos contra sectores social y
estructuralmente marginados, considerados disfuncionales para el sistema o
problemáticos para la sociedad, entre los que se encuentran habitantes de la
calle, homosexuales, prostitutas, drogadictos y personas con antecedentes
delictivos.
Durante el año 2003, 601
personas fueron asesinas por razones de intolerancia social, lo que
comparativamente representa un incremento del 30% en el número de
víctimas.
El incremento de esta
modalidad evidencia los niveles de degradación social, en donde por la idea de
unanimismo, de unos estereotipos de comportamiento, de “socialización” de
supuestos valores del bien y del mal, se valida la eliminación de las personas
marginadas del proceso productivo, en donde en ocasiones resulta ser instrumento
de acostumbramiento social a los atentados políticos contra la
vida.
De los casos que han
podido ser recopilados por el CPDH, se establece que los homicidios societales
en una proporción equivalente al 67% se concentra en tan solo cinco
departamentos, a saber Bolívar (14,8%), Valle (14,6%), Magdalena (13,8%),
Risaralda (12,6%) y Norte de Santander (11,9%), en los cuales se han presentado
también aumentos en las masacres o en los homicidios
políticos.
Con menor proporción se
encuentran otros departamentos como Santander (8,6%), Atlántico (7,82%) y
Antioquia con un (3,49%).
Visto en comparación con
el número de víctimas por departamento, resulta ser significativo el incremento,
frente al periodo de referencia, en los departamentos de Bolívar, Risaralda,
Magdalena y Santander.
De la información
recopilada por el CPDH, en donde ha sido posible establecer la identidad de las
víctimas, se establece que el 23% de los crímenes se han dirigido contra
trabajadores independientes, 21,4% marginados, 14,8% obreros, 8,47% personas con
antecedentes delictivos y en contra de desempleados 6,61%. Por las
características de este tipo de crimen muchos de ellos se quedan sin registrar y
permanecen anónimos.
La clandestinidad con que
son ejecutados estos crímenes, la vaguedad con que ha sido abordada esta
modalidad de crímenes en los medios de comunicación y la ausencia de referentes
organizativos en las víctimas, son situaciones que han determinado el elevado
porcentajes donde no es posible atribuir la responsabilidad a ningún grupo
armado, que en este caso es del 70,2%.
Al igual que acontece con
las masacres y homicidios políticos, la mayor responsabilidad de los en los
homicidios societales con autor conocido es atribuible a los grupos
paramilitares.
Violaciones
del derecho a la libertad y seguridad personales durante el año
2003
Desaparición
Forzada
La desaparición forzada
de personas, como crimen que también ofende la conciencia ética de la humanidad,
ha sido ejecutado como estrategia para romper el tejido social, a través de la
generación de ambientes de zozobra, angustia y desconcierto en las personas,
familias, organizaciones y comunidades, sometiendo a quienes hacen parte del
entorno de las víctimas a torturas, en la pretensión de establecer formas de
control social, político y territorial
El CPDH ha documentado,
con los casos que han llegado a su conocimiento, como en el periodo 1991-2002 un
promedio de 384 personas anualmente fueron objeto de desaparición forzada,
mientras que en el año 2.003, el numero de personas víctimas de este crimen de
lesa humanidad fue de 461, lo que representa un incremento de 20%, situación que
evidencia el carácter sistemático con que viene siendo ejecutado este
crimen.
Es decir, que diariamente
en Colombia durante el año 2003, 1,2 personas fueron víctimas de este
crimen.
Los incrementos que se
presentan en algunos departamentos de la desaparición forzada resultan ser
alarmantes y evidencian la combinación de estrategias, por parte de los grupos
paramilitares y la Fuerza Pública para el sometimiento y control
poblacional.
Vertiginosos aumentos de
este crimen de lesa humanidad se aprecian en el departamento de Arauca (757,1%),
Cundinamarca (700%), Tolima (519,8%), Casanare (436,8%), Huila (374,4%),
Risaralda (360%) y Guaviare (300%).
A su vez, con los casos
que han podido ser recopilados por el CPDH se observa que en departamentos como
Boyacá, Guajira, Chocó, Córdoba, Bolívar, Atlántico, la situación se mantiene,
con algunos incrementos.
Descensos en el número de
víctimas en departamentos en que tradicionalmente se ha recurrido a la ejecución
de esta modalidad de crímenes se aprecia en Antioquia, Norte de Santander y
Cesar.
En 69 de cada 100 casos,
donde ha sido posible establecer con la información recopilada la ocupación o
sector social de las víctimas de este crimen, se tiene que el 44,2% corresponde
a campesinos, 6% comerciantes, 5,7% indígenas, 5,7% conductores y 5,2% a menores
de edad.
Al igual que acontece con
las masacres y homicidios políticos, estos grupos de población ha sido los más
afectados, siendo pertinentes las observaciones hechas frente a estas
modalidades de crímenes.
Resalta el papel que ha
venido jugando el paramilitarismo como mecanismo esencial para encubrir las
responsabilidades y favorecer la imagen del Estado, cuando se le presenta como
un tercer actor, al que según voceros gubernamentales se le considera como
responsable de alterar el normal funcionamiento del Estado y no como la
proyección ilegal de mismo.
Los departamentos de
Arauca, Risaralda y Casanare, que son unos de donde se ha elevado en mayor
proporción el número de casos de desapariciones forzadas, se encuentran
incluidos en el informe de la Comisión Especial de Expertos, entre los departamentos de
policía que poseen elevados niveles de vínculos con los grupos
paramilitares.
Detenciones
Arbitrarias
Durante este periodo se
ha acudido de manera recurrente a las privaciones masivas y arbitrarias de la
libertad, en donde, la Fiscalía General de la Nación ha venido siendo funcional
a la estrategia de guerra, dejando de lado la independencia e imparcialidad. En
las redadas desarrolladas por parte de la Fuerza Pública, numerosas personas han
sido privadas de la libertad desconociendo los procedimientos legales, así como
las garantías establecidas en el derecho internacional de los derechos
humanos.
Recurrentemente las
órdenes de captura han sido expedidas por parte de la Fiscalía General de la
Nación en medio de los operativos desarrollados por parte de la Fuerza Pública,
sin hacer ningún análisis sobre la veracidad de las versiones suministradas por
parte de supuestos reinsertados o integrantes de las redes de informantes o
cooperantes.
Adicionalmente, ha sido
notoria la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y presunción
de inocencia, en donde sin realización de un juicio previo de responsabilidad,
las personas privadas de la libertad, han sido presentadas públicamente por los
medios de comunicación como responsables.
Los casos a que ha podido
tener acceso el CPDH indican que durante el año 2003, un total de 2.327 personas
fueron arbitrariamente privadas de la libertad, es decir que diariamente un
promedio de 6,3 personas capturadas, sin que existiera situación de flagrancia o
motivos serios, reales y fundados para adoptar medidas de tal
naturaleza.
El 3 de marzo de 2003, la
abogada defensora de derechos humanos, Teresa Cedeño Galíndez, Presidenta
Seccional del CPDH en Arauca, fue privada de la libertad en las instalaciones de
la Fiscalía General de la Nación y posteriormente conducida a las instalaciones
de la Unidad Permanente de Justicia, incomunicándola y desconociendo abierta y
positivamente su condición de abogada defensora de derechos humanos y
beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Nuevamente Teresa Cedeño
fue privada de la libertad el 30 de julio de 2003 en la ciudad de Bogotá,
trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, y acusada
del supuesto delito de "fraude procesal", sin que sus apoderados fueran
informados de los motivos y fundamentos de la detención, hasta el 1 de agosto,
fecha en la cual fue hospitalizada debido a sus precarias condiciones de salud,
dejándola en total incomunicación de su familia, de sus compañeros de
organización y de sus abogados de la defensa.
Otros defensores de
derechos humanos del departamento de Arauca, integrantes del Comité de Derechos
Humanos Joel Sierra, en compañía de diferentes activistas sociales, fueron
privados de la libertad[8],
entre ellos José Murillo Tobo (Presidente), Alonso Campiño Bedoya.
Estas detenciones se produjeron con posterioridad a
que el Comité denunciara el accionar conjunto de Fuerza Pública y paramilitares,
así como la sistemática violación a los derechos humanos por parte de los
mismos.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos ha señalado que entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, un total
de 6.038 fueron detenidas, de las cuales 4.846 corresponden a detenciones
masivas (capturas de 20 o más personas), siendo 3.939 de dichas detenciones
arbitrarias. Dado el carácter arbitrario de las mismas, la libertad fue
restablecida a 3.750 de los detenidos.
Por no poseer en su base
el CPDH un seguimiento histórico de casos, que permitan hacer un ponderado
histórico, para hacer una comparación como se ha hecho con las masacres,
homicidios políticos, homicidios societales y desapariciones forzadas, tan solo
se hará una presentación de lo correspondiente al año 2003.
Con los casos que han
llegado al conocimiento del CPDH, se resalta que sobresalen por el elevado
número de detenciones arbitrarias Arauca (22,5%), Sucre (13,36%), Cauca (7,95%),
Antioquia (7,86%), Cundinamarca (5,93%), Tolima (4,3%) y Risaralda
(4,4%).
Especial atención merece
lo ocurrido en los departamentos de Arauca y Sucre, que durante los primeros
meses de 2003 varios de sus municipios permanecieron como zonas de
rehabilitación y consolidación, otorgando facultades de policía judicial a la
Fuerza Pública y estableciendo el funcionamiento de Fiscalías al interior de
guarniciones militares.
A su vez, la conjugación
de estrategias de sometimiento de la población, a través de diversas modalidades
resulta evidente en Cundinamarca, Tolima, Risaralda y Arauca, departamentos que
han presentado diferentes incrementos bien en el número de masacres, homicidios
políticos, homicidios societales o bien desapariciones
forzadas.
El consolidado de datos
indica que en el 11% de los casos no ha sido posible conocer de la ocupación o
sector social de las víctimas de detención arbitraria.
En donde ha sido posible
establecer la actividad o sector social, se tiene que el 88% de los casos se
concentran en campesinos, estudiantes, indígenas, sindicalistas, dirigentes
cívicos y comunitarios, conductores y defensores de derechos
humanos.
Por las características
de las víctimas, se observa que las detenciones arbitrarias han tenido la
finalidad de atacar expresiones organizativas que han estado en contradicción
con las medidas económicas, políticas y de control del orden público por parte
del gobierno colombiano, pretendiéndose dar un ropaje de la legalidad a la
persecución contra estos sectores sociales.
A su vez, la misma es una
expresión práctica de la decisión institucional de considerar como parte del
enemigo interno, dentro de la vieja concepción de seguridad nacional, hoy
reeditada bajo la denominación de seguridad democrática, en donde se considera
que quienes residen en zona con presencia guerrillera, son auxiliadores o parte
de la guerrilla. Como lo indicó la Procuraduría General de la Nación en su
informe sobre la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Sucre y Bolívar, la
convivencia en zonas de conflicto, viene recibiendo el tratamiento de
connivencia.
El elevado numero de
detenciones arbitrarias atribuibles al Ejército (50,45%), permite determinar los
efectos y consecuencias del ejercicio de facultades de policía judicial, de
derecho y de hecho, inicialmente bajo el amparo del estado de conmoción interior
y posterior a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte
Constitucional, así como los previsibles riesgos que para el derecho a la
libertad significa la aprobación de la reforma constitucional denominada
antiterrorista, así como la aprobación de la ley estatutaria que actualmente se
debate en el Congreso de la República.
A su vez, observando el
comportamiento mensual de la detenciones arbitrarias en el país, se observa como
el 53,8% de las mismas se produjeron entre los meses de julio y septiembre, en
el contexto de las elecciones para el referendo y designación de alcaldes y
gobernadores, en donde numerosos candidatos a dichos cargos, así como a Concejos
y Asambleas departamentales, fueron privados de la
libertad.
Amenazas
Políticas
Colectivas
Como mecanismo para el
control social, ejercer presiones con pretensiones políticas o económicas y
procurar el sometimiento de las comunidades, ha venido siendo utilizada, en
contra de organizaciones y comunidades. Durante el año 2003, se produjeron 576
amenazas colectivas, es decir un promedio de 1,5 amenazas diariamente.
Durante el año 2003 las
amenazas se redujeron entre enero y abril, las cuales entre el mes de mayo y
agosto se mantuvieron estables, observándose un notorio incremento de las mismas
en el mes de agosto, dos mes antes de celebrarse el proceso electoral. Posterior
al mes de septiembre fue notorio el incremento de las
mismas.
Las amenazas políticas se
encontraron vinculadas con la pretensión de influir en el comportamiento
electoral y en la decisión de los ciudadanos de inclinarse por determinados
candidatos o bien, participar o no participar en las elecciones sobre el
referendo. A su vez, ha sido notorio el uso de las mismas para intimidar a
organizaciones sociales, sindicales y cívicas, que se encontraban en medio de
conflictos para la reclamación y reivindicación de sus
derechos.
Las amenazas colectivas durante el 2003 se
concentraron especialmente en los departamentos del Valle del Cauca (16,5%) y
Huila (12,1%), en el primero de los cuales se presentaron conflictos sociales y
laborales, en donde se pretendío atemorizar a quienes
participaron de los mismos a fin de
desestructurarlos.
El departamento del
Huila, ha sido notorio el incremento de la presencia y accionar de grupos
paramilitares, así como la estigmatización que se ha hecho sobre sus habitantes,
en especial de las áreas rurales, como supuestos auxiliadores de la
insurgencia.
Otros departamentos donde
ha sido elevado el número de amenazas son Cundinamarca, Tolima, Antioquia,
Bogotá, Córdoba, Santander y Chocó.
Algunos miembros del CPDH, Seccionales, Arauca, Nariño y
Valle vienen siendo objeto de amenazas. Otros, como los de Risaralda han tenido que salir del país como
resultado de las amenazas proferidas por los grupos paramilitares en su
contra.
Las amenazas colectivas
estuvieron especialmente dirigidas contra centros poblados (25,3%) e indígenas
(20,8%), en donde ha sido notorio como los indígenas han sido víctimas
privilegiadas de las masacres, homicidios políticos y societales y
desapariciones forzadas.
A su vez, entre los
sectores o grupos objeto de amenaza colectiva, sobresalen delincuentes, municipios, sindicalistas
y campesinos.
En el 80% de los casos
donde se tiene establecido el autor, el 77% de las amenazas son atribuibles al
Estado, bien a través de la acción de sus aliados los paramilitares (69,2%) y la
Fuerza Pública (7,8%).
A su vez, a las
guerrillas es atribuible la responsabilidad en el 22,7% de los casos, siendo
dicho porcentaje proporcional al ocurrido en las otras modalidades de la
violencia política.
Individuales
Durante el año 2003,
según los datos recopilados por el CPDH, 874 personas fueron objeto de amenazas,
es decir un promedio de 2,3 amenazas diariamente. El mes que presenta el mayor número de
amenazas es octubre, época de elecciones y debate del referendo, las cuales
descendieron nuevamente para los meses de noviembre y
diciembre.
El departamento de
Antioquia, que en las otras modalidades presentó disminuciones, en las amenazas
individuales presenta el mayor porcentaje de víctimas en el año 2003, síntoma
del cambio de estrategias para el control poblacional y territorial, así como
del nivel de asentamiento y control territorial y poblacional obtenido. Similar
situación es apreciable en el Valle del Cauca.
En menor proporción, la
mayoría de las víctimas se concentran en Bogotá, Arauca, Tolima, Santander,
Cauca, Cundinamarca.
Caldas, Meta, Atlántico,
Norte de Santander y Magdalena, que presentaron los mayores incrementos en los
homicidios políticos, en el caso de las amenazas individuales presentan
porcentajes inferiores al 2%.
La intencionalidad
política, tendiente a intimidar sectores organizados, que no se unen al proyecto
unanimista que se ha ido pretendiendo generar, es clara en las amenazas
políticas individuales. El 70% de las víctimas de esta conducta son
sindicalistas, campesinos, candidatos a corporaciones públicas de elección
popular, defensores de derechos humanos, periodistas, concejales, indígenas y
personeros municipales.
En el caso de los
sindicalistas, campesinos e indígenas, las amenazas han estado dirigidas a
afectar sus luchas reivindicativas, así como a la destrucción de los procesos
desarrollados, por la vía de la intimidación y el miedo.
A su vez, es clara la
intencionalidad de atacar a quienes por sus actividades, desarrollan análisis,
denuncia y veeduría de la situación social, política, económica y de derechos
humanos, como en el caso de los defensores de derechos humanos, periodistas y
personeros municipales.
Desde las elecciones de
2002, donde se informo que más de una tercera parte de los Congresistas eran
afines al paramilitarismo, se ha profundizado un proceso para consolidar a nivel
local y regional el control político por parte del paramilitarismo, en donde
para las elecciones del mes de octubre de 2003, numerosos candidatos fueron
obligados a renunciar, aceptándose en algunas regiones la participación en el
debate electoral, de candidatos afines al proyecto
paramilitar.
En 86 de cada 100
amenazas políticas, la responsabilidad atribuible al Estado es de 73%, bien por
la acción directa de servidores públicos (18%) o de los grupos paramilitares
(55%), acciones dirigidas a la imposición de proyectos políticos y económicos,
así como al fortalecimiento del control territorial y debilitamiento de sectores
organizados, que desarrollan luchas reivindicativas, la fiscalización y la
defensa de los derechos humanos.
En relación con las
masacres, homicidios y desapariciones, es ostensible el incremento de la
participación de servidores públicos.
Las guerrillas a su vez
mantienen el promedio porcentual de
responsabilidad.
Violaciones
de los Derechos a la Vida y Libertad Personal por
Departamentos
Con el consolidado de
casos que han podido ser recopilados por el CPDH, se establece cómo, a pesar de
las reducciones que se presentaron en algunas modalidades de crímenes en el
departamento de Antioquia, este resulta ser el departamento que presenta el
mayor número de víctimas, en un porcentaje equivalente al
13,3%.
Significativo resulta ser
el incremento en el número de víctimas de vulneración a estos derechos, lo
ocurrido en el departamento de Arauca, que visto frente a su densidad
poblacional, resulta ser uno de los que presenta mayores niveles, en una
proporción del 9,28%. Así mismo presentan elevados niveles los departamentos de
Sucre y Bolívar, en una proporción del 4,8% y 4,5%,
respectivamente.
La intensidad de las
violaciones ocurridas en estos departamentos señala los efectos directos de la
vigencia de las zonas de rehabilitación y consolidación, así como el papel de la
política de seguridad democrática, enfocada a la protección de las inversiones,
en estos casos la explotación de los recursos naturales y no la seguridad
ciudadana.
Elevados niveles de
vulneración a estos derechos presentan los departamentos de Norte de Santander,
Valle, Tolima, Cauca, Bolívar,
Magdalena, Huila y Magdalena.
Mujeres
Víctimas de Violaciones de los Derechos a la Vida y Libertad Personal
Pese a que la proporción
de mujeres víctimas de las diferentes modalidades de crímenes, en comparación
con los hombres, es baja, revela como los niveles de violencia en contra de las
mismas se mantiene en el promedio de los últimos años. De todas formas la mujer
colombiana sufre los impactos de la violencia cuando su familia es desplazada,
su esposo o familiar es asesinado o desaparecido y debe asumir como madre cabeza
de familia las responsabilidades de la sobrevivencia, situación indicativa de los niveles de
degradación del conflicto, así como de su extensión.
El gráfico Nº 26 indica
como las mujeres han sido especialmente víctimas de detenciones arbitrarias en
un 30% de los casos ocurridos contra ellas, seguido de los homicidios políticos
25,9%, las masacres 17,8% y las
amenazas políticas 17,7%.
Masacres
Los datos recopilados por
el CPDH permiten señalar como el departamento que presenta el mayor número de
víctimas es Antioquia, en donde a su vez, importa resaltar como el Valle del
Cauca, Caquetá, Bogotá, Arauca y Norte de Santander, donde se presentaron
notorios incrementos en el número de víctimas de masacres, resultan ser también
los que presentan unos de los mayores porcentajes, en proporción superior al
41%.
Con la información
disponible del CPDH, donde se ha podido establecer la ocupación o sector social
de las víctimas, que en el caso de las mujeres son 71 de cada 100, se tiene los
ataques se han dirigido especialmente contra campesinas en un 45,2%, seguida de
amas de casa 11,6% y estudiantes el 9,4%.
Las estrategias para
lograr posicionamientos y control territorial, así como el sometimiento de la
población en las áreas rurales por parte de los actores armados, resulta ser
manifiesto.
A diferencia de lo
ocurrido con las víctimas de masacres en general, en el caso de las mujeres se
observa como existen mayores niveles de ocultamiento de los autores, pues 37 de
cada 100 casos, el grupo autor de los hechos no se encuentra
individualizado.
En los casos en que ha
sido posible establecer la responsabilidad, con la información recopilada por el
CPDH, el 66% de los casos es atribuible a la acción del Estado, bien
directamente a través de la Fuerza Pública (3%) o de los grupos paramilitares
(63%).
Cabe resaltar que en los
casos donde existe individualización de la responsabilidad el 34% de los casos
donde han sido víctimas las mujeres, son atribuibles a la acción de las
guerrillas, porcentaje que resulta ser superior frente al número de víctimas de
masacres a nivel general.
Homicidios
Políticos
Del total nacional de
víctimas de homicidio político que pudo ser recopilado por el CPDH, el 8,48%
corresponde a mujeres, encontrándose en mayor número de víctimas en el
departamento de Antioquia (20%), seguido de Norte de Santander (14%), Magdalena
(8,77%), Tolima (6,6%) y Santander (5,96%).
Visto en comparación con
los promedios de homicidios políticos en contra de mujeres durante los dos
últimos años, fecha en la cual inicio la clasificación el CPDH por género, se
observa que el número de crímenes en contra de mujeres mantiene un promedio
porcentual.
En 76 de cada 100 casos,
donde el CPDH con la información recibida se ha podido establecer la ocupación o
sector social de las víctimas, se tiene que al igual que ocurrió con las
víctimas de masacres, quienes han sido especialmente afectadas, en una
proporción cercana al 50% de los casos, son las campesinas (28,2%) y las amas de
casa (21,3%).
Sobresalen a su vez, por
el nivel de victimización de que han sido objeto, las educadoras, así como las
dirigentes cívicas y comunitarias, las estudiantes, sindicalistas y defensoras
de derechos humanos, que dentro del total de mujeres representan el
20%.
La clandestinidad con que
actúan los actores, así como la forma en que vienen siendo documentados este
tipo de hechos por parte de los medios de comunicación, se reflejan en el
porcentaje de casos donde el autor de los hechos no es conocido, que en el caso
de las mujeres es de 62 de cada 100 casos.
Donde ha sido posible
establecer dicha autoría, se tiene que el 80% de los casos es atribuible al
Estado (74% paramilitares y 6% Fuerza Pública), mientras que un 20% corresponde
a las guerrillas.
Homicidio Societal
Los datos obtenidos por
el CPDH señalan que frente al total de víctimas de homicidio societal, el
porcentaje de mujeres víctimas de los mismos resulta ser el menor en relación
con las otras modalidades de crímenes, en donde a su vez el número de
departamentos donde se logró recopilar información sobre este tipo de crímenes
frente a mujeres, resultan también ser mas localizado. Un total de 20 mujeres
fueron asesinadas por razones de intolerancia social
Del total del mujeres
víctimas de homicidio societal el mayor numero de casos se presenta en el Valle
del Cauca (25%), Huila (15%), Norte de Santander (15%) y Risaralda
(15%).
Por la ausencia de
referentes organizativos, así como el tratamiento dado por los medios de
comunicación a este tipo de crímenes, en 70 de cada 100 homicidios societales ha
sido posible establecer la ocupación de las víctimas, el 46,6% corresponde a
marginadas sociales, seguido de trabajadoras independientes en un 13,3
%.
Se resalta como en este
tipo de crímenes el 13,3% corresponde a menores de edad.
Visto en comparación con
el conjunto de los crímenes contra mujeres, los homicidios societales resultan
ser los que presentan un mayor nivel de falta de información sobre los presuntos
responsables de los mismos, siendo en un 80% de los casos el autor desconocido.
El restante 20% se distribuye entre paramilitares (15%) y Ejército
(5%).
Desaparición
Forzada
Los datos que han podido
ser recopilados por el CPDH señalan que durante el año 2003, 65 mujeres fueron
objeto de desaparición forzada, lo que equivale al 14% de los crímenes del total
nacional.
La ejecución de este
crimen de lesa humanidad contra mujeres se concentró especialmente en los
departamentos de Tolima con un 12,3% y en Antioquia, Arauca, Bolívar, Huila, con
un 9,2% en cada uno de ellos.
Resalta que el
departamento del Tolima fue el tercero en el total de desapariciones nacional, y
resulta ser el primero en este tipo de crímenes contra las mujeres, situación
similar a la ocurrida en el Huila, que dentro del total nacional ocupó el lugar
número 12, y contra mujeres comparte el segundo lugar.
En el 84% de los casos,
donde fue posible establecer la ocupación o sector social de las víctimas, al
igual que ha ocurrido con las masacres y homicidios políticos, el sector social
especial víctima de este crimen de lesa humanidad son las campesinas en un
48,1%, seguidas de las estudiantes en un 12,9% y las amas de casa en un 9,26%.
En esta modalidad de
crímenes, en razón de la forma en que han sido ejecutados los crímenes, el
tratamiento dado por los medios de comunicación y el ocultamiento de la
identidad por parte de los victimarios, a fin de encubrir responsabilidades y
favorecer la imagen e impunidad, en el 46% de las desapariciones ejecutadas
contra mujeres, el grupo autor de las mismas no se encuentra
identificado.
Amenazas
Políticas
Durante el año 2003, con
los datos obtenidos por el CPDH se tiene que 192 mujeres fueron objeto de
amenazas por razones políticas, lo que representa un 21,9% del total
nacional.
Dichas amenazas se
presentaron con mayor intensidad en Santander, Arauca, Bogotá, Antioquia y
Tolima, resaltando como el departamento de Santander que presento tasas
intermedias en el total nacional, resulta ser el mayor en el número de amenazas
contra mujeres, por razones sociales o políticas.
En el 98% de los casos
donde fue posible establecer la ocupación de las mujeres víctimas, se tiene que
a diferencia de lo ocurrido con las masacres, homicidios políticos y
desapariciones forzadas, el sector privilegiado para hacer víctima de estas
amenazas son las educadoras (16%), seguidas por las defensoras de derechos
humanos (11,7%), campesinas (11,2), sindicalistas (6,9%) y periodistas
(6,4%).
Con la información
disponible en el CPDH, en 80 de cada 100 amenazas ocurridas ha sido posible
establecer la presunta responsabilidad de los autores de amenazas políticas. De
ellos se tiene que el 86% de los casos es atribuible al Estado (paramilitares
74% y Fuerza Pública 12%), mientras que a la guerrilla corresponde un
13%.
Menores
de Edad Víctimas de Violación de los Derechos a la Vida y
Libertad
Con la información que
logró recopilar el CPDH se tiene establecido que durante el año 2003 198 menores
de edad fueron víctimas de atentados contra sus derechos a la vida y libertad,
en medio del conflicto armado, presentándose en tal sentido una tasa promedio de
una agresión cada 1,8 días.
[1]
Procuraduría General de la Nación, La Zona De Rehabilitación y Consolidación de
Arauca, Informe Especial: “El
intento institucional de romper por la base el tejido social existente de
convivencia -que no de connivencia- con actores armados al margen de la ley-, no
ha sido el mejor. Por ejemplo, el programa "Soldados por un día" que opera en
Saravena, ha sido denunciado por la ciudadanía debido al sentido y al tipo de
prácticas que comporta”.
[2]
Procuraduría General de la Nación, Informe sobre la Zona de
Rehabilitación de Sucre y Bolívar: “las
Fuerzas Militares en sus operaciones llevaban a un desertor acogido al plan de
protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, a quien uniformaban
al igual que a un soldado y le cubrían el rostro para evitar su identificación.
Este señalaba a dedo a los presuntos guerrilleros quienes eran privados de la
libertad por las Fuerzas Militares”.
[3]
Diario El Tiempo, febrero 22
de 2003
[4] Pliego de Modificaciones al Proyecto de Ley Estatutaria No. 85 de 2003, Senado de la República, artículo 2.
[5] Procuraduría General de la Nación, La
Zona de Rehabilitación y Consolidación, Sucre –Bolívar, Informe Especial, Agosto
28 de 2003
[6] El Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos asume como masacre el homicidio colectivo en el cual han
sido ejecutadas tres o mas personas.
[8] 21 de agosto de 2003, 42 personas
detenidas arbitrariamente.