SITUACION
DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA - 2002
COMITÉ
PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Informe elaborado por
Omer Calderón
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Datos producidos
por
Adriana Pestana
Rodríguez
Nathalia Gómez Salas
Bogotá, D.C. 23 de Abril de 2.003
Cuando un Estado militarmente más fuerte,
desafía todo ordenamiento jurídico internacional invadiendo un pequeño país,
rico en petróleo, se hace más evidente que la movilización por los derechos
humanos es una estrategia clave en la resistencia de los pueblos a todas las
formas de opresión. En esa dirección
apunta este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
durante el año 2002.
Continua el CPDH haciendo seguimiento a
las violaciones de derechos humanos, específicamente en cuanto a ejecuciones
arbitrarias a través de masacres y homicidios selectivos, así como a crímenes
contra la integridad personal expresado en desapariciones forzadas y en detenciones
arbitrarias. Se complementa esta información con datos acerca de violaciones
al derecho internacional humanitario, en hechos de masacres, homicidios y
víctimas civiles en ataques a poblaciones. Todos estos aspectos son analizados
en sus expresiones departamentales, regionales, según sectores sociales afectados
y por presuntos responsables.
De las masacres se mantiene un seguimiento
histórico, desde la década de los 90, mostrándose en esta ocasión algunos
elementos que indican la dinámica y magnitud de este crimen contra la humanidad.
Los saltos en intensidad y magnitud de asesinatos colectivos permiten aportar
elementos a la validación de la tesis acerca del carácter estructural de la
violencia facilitada, agenciada o tolerada por el Estado como mecanismo de
conservación y consolidación de las relaciones de poder predominante en la
sociedad colombiana.
Por su parte, las ejecuciones arbitrarias
a través de asesinatos selectivos, se presentan en su dinámica territorial
y sectorial durante el año 2002. La tendencia que registran los datos del
CPDH es la de mantenerse en ascenso como medio de desarticular formas de expresión
social independiente o contrarias al régimen político colombiano.
Contra el derecho a la vida se atentó con
amenazas individuales y colectivas. Este procedimiento se extendió en la geografía
nacional e incrementó rango de personas y organizaciones afectadas, en cierta
medida asociadas a las reacciones políticas propiciadas por la ruptura del
proceso de paz con la insurgencia armada de las FARC-EP, de una parte, y de
otra, por los retos y desafíos que en materia de orden público planteara el
nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Crímenes de lesa humanidad como las desapariciones
forzadas se continúan registrando en el banco de datos del CPDH. El análisis
que presenta este informe permite soportar la magnitud de la responsabilidad
estatal en la conservación de la violencia en tanto procedimiento preponderante
en el disciplinamiento social.
Sobresale en este informe el comportamiento
de las detenciones arbitrarias. Este que era un aspecto del cual no se tenían
suficientes registros en el CPDH, por la fuerza de los hechos ha incidido
en que se destaque en el banco de datos, especialmente después de la posesión
del actual gobierno.
Las violaciones al derecho internacional
humanitario, aunque en el contexto del conflicto interno comprende el conjunto
de acciones contra los derechos humanos, se presentan aquí específicamente
relacionados con las circunstancias y efectos de la confrontación armada,
en la medida en que atenta contra la población civil y en general contra personas
protegidas.
Este informe mantiene un análisis del comportamiento
de las violaciones de los derechos humanos de acuerdo a sus expresiones en
los departamentos, y en esta ocasión, en los municipios que comprenden las
zonas de rehabilitación creadas por el gobierno al amparo del estado de conmoción
interior. Así mismo se presentan los resultados de acuerdo con los datos acerca
de las víctimas y los presuntos responsables de violaciones a los derechos
monitoreados por el CPDH.
Punto especial es el registro y análisis
de la situación de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos.
El seguimiento territorial y la composición social, son aspectos que permiten
observar de un lado la profundidad del conflicto interno que vive el país
y, de otro lado, el papel cada vez más destacado de la mujer colombiana en
los diversos escenarios de acción por la dignidad humana, por lo cual se convierte
en objetivo de los cometidos contra los sectores y fuerzas sociales que propugnan
por una patria mejor.
De otra parte, con este informe se aplican
una serie de precisiones conceptuales que permiten mejorar la sistematización
de la información que produce el banco de datos del CPDH.
En primer lugar se refirma el criterio ampliamente
aceptado, y base del ordenamiento jurídico del derecho internacional de los
derechos humanos, de que las violaciones de derechos humanos aluden a la responsabilidad
de los Estados. Por tanto, son estos los que violan los derechos humanos.
Los particulares, como se sabe, pueden cometer delitos que deben ser sancionados
por el Estado. Este es un asunto ratificado en los informes de la Oficina
del Alto Comisionados de Naciones Unidas para los derechos Humanos en Colombia,
la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En su informe sobre
el año 2000, afirma que “ Las acciones y omisiones contra derechos consagrados
en instrumentos internacionales de derechos humanos
[1]
constituyen violaciones de éstos cuando
tienen por autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran
por instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las autoridades”
[2]
. En el reporte sobre el año 2002 se sostiene
que “Las acciones y omisiones
contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos
y de derecho penal internacional
[3]
o en normas del derecho internacional general, constituyen
violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos o se
realizan con la aquiescencia de las autoridades.
La responsabilidad por esas violaciones será por omisión cuando se
incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no
sea deliberado y que no haya participación de agentes estatales en la preparación,
cobertura o encubrimiento. La
responsabilidad será por acción cuando agentes estatales se vean involucrados
en la preparación de los hechos, la participación en los mismos, o en el encubrimiento
o protección de sus autores.”
[4]
Estos concpetos se desarrollan con la definción
de violaciones de derechos humanos como “las transgresiones gubernamentales
de derechos garantizados por normas nacionales, regionales o internacionales
sobre los derechos humanos y los actos u omisiones directamente imputables
al Estado que suponen el incumplimiento de obligaciones jurídicas derivadas
de normas sobre los derechos humanos. Se produce una violación cuando una
ley, política o práctica infringe o desconoce deliberadamente obligaciones
que corresponden al Estado respectivo, o éste no alcanza el nivel de conducta
o de resultados que se requiere. También ocurren violaciones de derechos cuando
un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos.”
[5]
Desarrollando los criterios acerca de la
resposabilidad estatal en la garantía de los derechos humanos, así como la
definción sobre sus violaciones, se establece para el análisis de los resultados
del banco de datos del CPDH, que las ejecuciones arebitrarias se presentan
como masacres y homicidios selectivos. Con ello se supera la clasificación
de violaciones a partir de la presunción de intencionalidad, tal como se hizo
hasta el informe del año pasado. Por esta razón, en esta ocasión no aparecen
masacres o homicidios “políticos” o “societales”, para hacerlo de acuerdo
a la violación misma, clasificada de acuerdo al contexto político en que se
produce, para diferenciarla de los delitos tipificados por el código penal
como acciones de particulares.
En este sentido, de las violaciones al derecho
a la vida, se sistematiza la información sobre ejecuciones arbitrarias, definidas
como “el homicidio perpetrado por
un agente del Estado o cualquier otra persona que actúe con autoridad gubernamental
o con la
complicidad, la tolerancia o el consentimiento del Estado, pero sin ningún
proceso judicial o sin el debido proceso judicial.” Específicamente “Las
ejecuciones arbitrarias (que deben distinguirse de las ejecuciones realizadas
después de un juicio imparcial) son muchas veces homicidios en circunstancias
sospechosas, con las siguientes características: 1) La muerte se produjo
mientras la persona estaba en poder de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley (por ejemplo, en detención policial), de funcionarios públicos o de
otras personas que actúan con carácter oficial; 2) La muerte no fue seguida
de una investigación oficial. Las autoridades no llevaron a cabo adecuadamente
la autopsia de la víctima o no tomaron las medidas necesarias para obtener
prueba pertinentes (informe médico, indicios de tortura previa, etc.). Las
ejecuciones arbitrarias incluyen los homicidios cometidos por razones políticas,
las muertes que resultan de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y los homicidios que siguen al secuestro o la desaparición forzada,
cuando se manifiestan las condiciones mencionadas.”
[6]
De esta forma, de las ejecuciones arbitrarias,
se presentan las masacres y los homicidios selectivos. De las primeras “Se
considera como masacre, cuando se asesina de manera intencional a personas
en estado de indefensión y tres o más víctimas son el resultado del hecho,
en iguales circunstancias de tiempo y lugar, producidas por ataques armados
o causa parecida. Se excluyen las acciones bélicas.”
[7]
Respecto a los homicidios selectivos se aplica el
concepto de ejecución arbitraria sobre un individuo. Se incluyen en estas
dos categorías los llamados homicidios y masacres “societales”, que hacían
referencia a aquellos dirigidos a sectores sociales marginados de las actividades
formales de la economía y excluidos de los circuitos de integración cultural,
así como a otros sectores que no siendo marginales, son atacados indiscriminadamente
como suele suceder con grupos de pobladores asesinados por pertenecer a un
determinado territorio. Estos casos quedan incluidos en ejecuciones arbitrarias,
porque en ambos casos responden a mecanismos de control social tendientes
a garantizar la perdurabilidad del régimen político, estando así cubiertos
por el concepto de ejecuciones arbitrarias.
Otro
cambio que presenta este informe es la exclusión de los registros de delitos
comunes. Estos se incluían de acuerdo a los informes de prensa que daban cuenta
de delitos comunes tipificados en el código penal. Sin embargo, la diferencia
entre los registros del CPDH y los reportes del Instituto de Medicina Legal
eran muy amplios, debido a la contradicción en las fuentes: secundarias en
el primer caso, primarias en el segundo. Esto hacia muy precaria la información
el CPDH y por tanto irrelevante seguir tratando de llevar estos registros,
cuando se dispone de los reportes del Instituto.
En cuanto a las infracciones al derecho
Internacional Humnanitario, se asume que “En el marco del conflicto armado
interno colombiano, las infracciones al derecho internacional humanitario
son acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra, al Protocolo II adicional a éstos
[8]
y al derecho consuetudinario, cuya autoría
corresponde esencialmente a quienes participan directamente en las hostilidades.
En Colombia, el derecho internacional humanitario se aplica al Estado,
a las guerrillas y a los paramilitares.”
[9]
.
Desde esta conceptualización el presente
informe registra las masacres y homicidios atribuidos a las fuerzas insurgentes
armadas, en tanto constituyen acciones contra personas y colectivos protegidos.
En esta misma categoría se incluyen los registros sobre civiles muertos en
medio de la confrontación armada, que son presentados como víctimas de ataques
a población civil.
Respecto de los sectores sociales afectados
por las violaciones de derechos humanos, en este informe se reorganizan de
acuerdo a los sectores básicos de la economía. Así, información sobre las
víctimas que son trabajadores se presentan organizados como trabajadores agrarios,
donde se incluyen campesinos e indígenas; trabajadores de la industria, la
manufactura y la construcción, donde se incluyen los dirigentes sindicales
del sector; y trabajadores del sector de servicios, donde se contiene a trabajadores
del comercio, de ONG’s y profesionales independiente entre otros. Junto a
ellos se registran las víctimas entre empresarios y dirigentes sociales y
políticos, entre los que se cuentan representantes a cuerpos públicos colegiados.
De esta forma se presenta el informe sobre
violaciones de derechos humanos en Colombia durante el año 2002, precedido
de una alusión al contexto político que enmarca las luchas sociales y las
acciones represivas del establecimiento. Este documento concluye con una serie
de reflexiones acerca del sentido y el contenido de la movilización por la
defensa, garantía y conquista de los derechos humanos, en la perspectiva de
alcanzar para Colombia la paz con justicia social.
El contexto de la situación de los derechos
humanos en Colombia estuvo caracterizado por la ruptura de negociaciones entre
el gobierno y las FARC-EP, el inicio del nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez
y el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población
colombiana.
La presión de las fuerzas renuentes a un
acuerdo de paz sobre la base de cambios sustanciales al Estado y al régimen
político, se logró imponer en las decisiones del gobierno de Andrés Pastrana,
al punto que éste aprovecho un incidente para clausurar la zona de distensión
y así cerrar el proceso de paz que completaba tres años.
Un balance del proceso de paz dejaba como
saldo la construcción de una agenda de negociaciones, el establecimiento de
condiciones de seguridad y confianza para los diálogos, mecanismos de consulta
con las organizaciones sociales, culturales, políticas y gremiales, y el escenario
para la difusión y promoción de perspectivas de solución a los más agudos
conflictos nacionales.
Aunque el proceso de paz contaba con este
acumulado, que se constituirá en un punto de referencia para nuevas negociaciones,
el clima de confrontación se acentuó, generándose una dinámica que hizo de
los resultados de la confrontación militar, un indicador de los alcances de
las negociaciones. De esta forma, la posibilidad de algún acuerdo coincidía
con un inusitado incremento de masacres cometidas por grupos paramilitares,
tal como se mostró en el informe del CPDH sobre el año 2001. Así mismo, la
toma de poblaciones, la retención de personal militar o de políticos, se acentuaban
por parte de la guerrilla. Con estas circunstancias, y precisamente porque
se agudizaban en la confrontación, era posible que se dieran las negociaciones,
cuyo principal obstáculo lo constituyó los objetivos contradictorios: para
la insurgencia armada es un asunto de relaciones de poder en la sociedad,
para el Estado es un problema de reinserción.
Los acontecimientos que rodearon el proceso
de paz hicieron que en materia de violaciones a derechos humanos, se registrara
un aumento en extensión e intensidad de las violaciones al conjunto de los
derechos de las personas, destacándose el despliegue de operaciones encubiertas
del Estado al punto que estas representaron durante el 2001 cerca de la mitad
de masacres y homicidios selectivo bajo responsabilidad directa de grupos
paramilitares, y el 44% bajo responsabilidad de grupos armados no identificados
que operaban bajo territorios de su influencia o en disputa con las fuerzas
insurgentes armadas.
Parejo con el proceso de negociaciones entre
el gobierno y la insurgencia armada, a tiempo que se incrementaban las acciones
bélicas, la movilización social creció y se politizó en cuanto a sus alcances.
Las protestas y movilizaciones populares tuvieron como centro de sus reivindicaciones
la resistencia a las políticas de ajuste fiscal, que el gobierno de Pastrana
trató de aplicar a través del Plan Nacional de Desarrollo. Todas las medidas
dirigidas al recorte de derechos de los trabajadores, a disminuir las transferencias
a los entes territoriales y a propiciar las condiciones para la privatización
de empresas estatales estratégicas, fueron sistemática y unitariamente rechazadas.
Los compromisos del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional,
aunque tuvieron avances, no lograron plasmarse totalmente.
El mayor logro gubernamental en materia
de medidas de ajuste fiscal, lo constituyó el Acto Legislativo No. 1 de 2001,
que eliminó el situado fiscal y creó un nuevo mecanismo de transferencia de
recursos a las regiones, que significará
al Estado un ahorro de 9 billones de pesos hasta el año 2.008, con base en
el recorte al presupuesto a la salud y la educación. En esta perspectiva,
la movilización del magisterio, aunque fuerte y persistente, no logró detener
la promulgación de la ley 715 de 2001, que en términos generales representa
el inicio del final de la educación pública, para dar paso a la reorientación
de los recursos públicos hacia la financiación de la educación privada.
Aumento de la confrontación armada, incremento
de las violaciones de derechos humanos y auge de la movilización social, fueron
el escenario de la ruptura gubernamental del proceso de paz. Las estrategias
de lucha y los contrarios intereses sociales continuaron expresándose en las
condiciones de un consumado gobierno, una campaña electoral ambientada para
opciones militaristas, la continuación de los asesinatos de dirigentes sindicales,
populares y de izquierda, haciendo que se posicionara en la mente de la mayoría
de la población la idea maniquea
que diferencia entre violentos y pacifistas, lo cual sirvió de soporte a la
campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, como pregonero principal de los
“enemigos de los violentos”. Desde esta campaña electoral del año 2002, se va
consolidando entre diversos sectores de opinión, el criterio de que los derechos
humanos hacen parte de las estrategias de seguridad del Estado, presentadas
como “seguridad democrática”.
El triunfo de la campaña presidencial de
Álvaro Uribe Vélez, en mayo de 2002, en la primera vuelta electoral, le implicó
al país el predominio de criterios regresivos en materia del conflicto armado
interno, los derechos humanos, así como la profundización de las políticas
de sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional en materia
económica y social.
Agosto de 2002 marcó el inicio de las medidas
anunciadas por Álvaro Uribe durante su campaña. En primer lugar decretó el
Estado de Conmoción Interior
[10]
, justificado entre otros argumentos en
que las acciones delincuenciales ocurren entre la población civil, aludiendo
a ésta como objetivo de las medidas represivas, por lo que “Estas consideraciones
impiden el ejercicio del principio de distinción, impuesto por las reglas
humanitarias y pueden dar un justificativo a los grupos armados ilegales para
explicar el no respeto de dicho principio militar denominadas de “rehabilitación
y consolidación”
[11]
. Esta medida de excepción en su articulado
subordinaba al mando militar a los miembros de la Fiscalía y la Procuraduría
quienes se limitaría a tareas de “acompañamiento” en operativos de seguridad;
permite las detenciones sin autorización judicial tratando de mantener la
aspiración estatal de entregar funciones de policía judicial a la fuerza pública,
así como permite detenciones arbitrarias; autoriza interceptaciones y allanamientos
sin orden judicial; restringe el transito de extranjeros y el domicilio y
movilización de nacionales; y en general coarta básicos derechos civiles y
políticos.
Con la declaración de Estado de Conmoción
Interior se declaró territorio de control militar, denominada por la resolución
129 de septiembre de 2002 como zonas de rehabilitación y consolidación, los
municipios de Mahates, María La Baja, Calamar, El Guamo, San Juan de Nepomuceno,
San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano, en el Departamento de
Bolívar; los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas, Tolú Viejo,
Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San Juan de Betulia,
Los Palmitos, Morroa y Buena Vista, en el Departamento de Sucre; y los municipios
de Arauca, Arauquita y Saravena, ubicados en el Departamento de Arauca. En
esta región el Estado colombiano puso en marcha su concepción de seguridad
democrática en tanto rasgo definitorio del tipo de régimen político, que abarca
incluso el tratamiento de los problemas de violaciones de derechos humanos,
primero como tema que compete por igual a todos en la sociedad, con lo que
diluye la responsabilidad estatal y, de otra parte, trata de encubrir el desconocimiento
de derechos por la vía de legalizar su violación, en nombre de la razón de
estado, esta vez presentado como la seguridad de todos.
La magnitud de las pretensiones de legalizar
arbitrariedades ha chocado de nuevo con el sentido progresista del orden constitucional
vigente. Por esta razón la Corte Constitucional declara inexequible las funciones
de policía judicial asignadas a la fuerza pública, así como la obligación
de solicitud de permiso para periodistas en zonas de control militar, a tiempo
que levantó las restricciones al transito de extranjeros y ONG’s en misiones
humanitarias. La Corte igualmente suprimió el mandato otorgado al Ministerio
del Interior sobre las autoridades civiles de las zonas de rehabilitación,
estableciendo esta función en las gobernaciones, así como deroga la autorización
que se daba a la realización de censos por parte de la fuerza pública.
Que la tendencia es hacia la legalización
de medidas arbitrarias, como forma de responder al reclamo por las violaciones
de derechos humanos, se evidencia en la política de reincorporación al orden
jurídico de los grupos paramilitares.
En efecto, aprovechando la revisión obligada
de la ley 418 sobre procesos de paz, el gobierno promueve en el Congreso de
la República su continuidad, eliminando del articulado el requisito de que
para eventuales negociaciones, el gobierno debía previamente reconocer el
carácter político del grupo armado. De esta forma, se dio un paso mas en la
negación del delito político, y de paso, reconoció a todo grupo armado su
potencialidad para negociar con el Estado. Fue evidente a todas luces, que
la medida benefició específicamente a los grupos paramilitares, que desde
que entran en operación establecen en sus estatutos que su función es la defensa
del Estado colombiano, con lo cual reconocen sus vínculos con las operaciones
encubiertas de Estado.
Durante el año 2002, se inician conversaciones
con la coordinación paramilitar, con una agenda desconocida, pero que por
declaraciones de voceros de la Vicepresidencia de la República, tienden a
lograr mecanismos legales que permitan su vinculación al ordenamiento jurídico
vigente. Ordenamiento que su vez viene siendo modificado con la implementación
de la política de creación de una vasta (y basta) red de informantes, así
como la ampliación de la milicia con la creación de contingentes de soldados campesinos, que estando vinculados al
ejercito, no hacen parte de sus contingentes regulares, sino que cumplen tareas
de control territorial.
El proceso de legalización de las operaciones
encubiertas de Estado y de las acciones arbitrarias contra la población, tiene
su complemento en las medidas de ajuste fiscal, tendientes a orientar la crisis
económica del país hacia el incremento de la explotación del trabajo, como
fuente de riqueza, a tiempo que se mantienen las estructuras que determinan
el constante incremento de la concentración del poder económico y el aumento
de la pobreza en la mayoría de la población colombiana.
Desempleo del 15 %, los salarios básicos
incrementados por debajo del índice de inflación del año 2001 y aumento de
la proporción que está en condiciones de pobreza, son algunos de los indicadores
del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, manteniéndose
así la constante negación de derechos económicos, sociales y culturales.
Las medidas económicas y políticas que adoptó
el nuevo gobierno para enfrentar la critica situación de la economía nacional,
parte de asumir que la causa de estas condiciones radica en el conflicto armado,
definido como asunto de carencia de seguridad para los negocios de los empresarios
nacionales y para las inversiones extrajeras, por lo cual se desestimularía
la creación de empleo y con ello se incrementarían las condiciones para la
delincuencia. En conclusión el
norte de la política gubernamental son las medidas de seguridad
para la prosperidad de los negocios.
Para este propósito se ha acogido al programa
de ajuste fiscal, dirigido a reducir el gasto estatal, a fin de librar recursos
dirigidos a garantizar el pago de la deuda pública y el sostenimiento de los
planes bélicos, que a pesar de contar con el apoyo del Plan Colombia, demandan
cada vez de mayores gastos militares.
En este contexto, la movilización por los
derechos humanos, de una parte se volvió a convertir en problema de seguridad,
en tanto, según la lógica oficial, su defensa contribuye a crear el ambiente
para la acción de los grupos que amenazan la seguridad estatal. De allí que
la reacción frente a los llamados de atención de organizaciones internacionales
de derechos humanos, haya consistido en la promoción de la vacuidad de la
responsabilidad estatal por los derechos humanos, la negación sistemática
de los vínculos orgánicos del estado con el paramilitarismo, y la inserción
de estos asuntos en la lógica de la lucha contra el terrorismo, como enemigo
principal de la sociedad, a lo cual se debe supeditar cualquier reclamo que
no condene un terrorismo difuso, del que para el gobierno solo es claro que
el aparato estatal no tiene ninguna responsabilidad.
Con este contexto los resultados arrojados
por el banco de datos del CPDH cobran sentido, de una parte para comprender
el rumbo que lleva el actual gobierno, así como para ver que, aunque persiste
la eliminación de millares de colombianos en medio de la lucha por una mejor
nación, se sostiene la lucha por la dignidad de toda persona, soportadas en
la justicia de las causas populares.
Ver Gráfico 1
Durante el año 2002 se presentaron 522 masacres,
con 2494 víctimas. En mayo se presentaron el mayor número de víctimas (228),
que empezaron a disminuir de manera continua desde el mes de septiembre (199
víctimas), para terminar en el mes de diciembre con 45 personas asesinadas
en masacres. Este hecho indica que el cambio de gobierno tuvo alguna incidencia
en la intensidad de las masacres en Colombia.
Entre las ejecuciones arbitrarias, los homicidios
selectivos tuvieron un comportamiento particular durante el año. Entre estos
hubo 4.419 personas asesinadas, registrándose un incremento continuado desde
febrero (319 víctimas), hasta septiembre cuando son asesinadas 447, en circunstancias
que comprometen la responsabilidad del Estado. A partir de octubre (con 389
víctimas) y hasta diciembre con 187 asesinados, la tendencia es a la disminución
de estos homicidios selectivos. Aquí se destaca el incremento inusitado de
estos crímenes durante los primeros 9 meses del año, a tiempo que de nuevo
se observa que la disminución de estos crímenes coincide con el inicio del
nuevo gobierno.
Las desapariciones forzadas, por su parte,
afectaron a 734 personas. Este crimen fue prácticamente constante durante
el año, presentando incrementos destacados en abril (111 desapariciones forzadas)
y en Octubre cuando desaparecen a 121 personas. Desde ese momento la intensidad
de este crimen disminuye, hasta llegar a diciembre con 6 víctimas.
Mientras las masacres y homicidios selectivos coinciden en su comportamiento, las detenciones arbitrarias presentan una tendencia atípica. En efecto, entre febrero y julio solo se producen detenciones que no pasan de 8 en los meses de marzo, abril y junio. Pero en agosto la cifra salta a 60 personas detenidas arbitrariamente, que luego se incrementan 389 en septiembre, 95 en octubre, 136 en noviembre y 39 en diciembre. Se nota de esta forma que mientras los primeros crímenes se mantienen y disminuyen desde septiembre, las detenciones se disparan desde agosto de 2002, coincidiendo con el nuevo gobierno y, sobre todo, con la promulgación del Estado de Excepción en septiembre del mismo año.
Este Informe 2002 sobre derechos humanos,
analiza más en detalle estos datos, de manera que sirven de sustento al planteamiento
de que en Colombia se está haciendo transito hacia un régimen político que
pretende legalizar las violaciones de derechos humanos a través de medidas
de excepción, complementada con procesos de legalización de las operaciones
encubiertas del Estado, por medio de los acuerdos que se adelantan con las
milicias paramilitares.
Las ejecuciones arbitrarias
fueron registradas en el banco de datos del CPDH, en masacres y homicidios
selectivos, ocurridos entre los 32.626 homicidios y accidentes de tránsito
durante el 2002, reportados por la Policía Nacional
[12]
. En estos datos se registró
que en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, se cometieron
4.933 homicidios en el 2002, seguida de Cali, la tercera ciudad del país,
con 2.661. por su parte Bogotá registró 2.448 homicidios, cifra que permite
destacar el alto nivel de criminalidad de las otras capitales.
El registro que el CPDH lleva
de las masacres permite hacer una serie de observaciones que revelan la continuidad
y sistematicidad de esta forma criminal
de control social.
De 1990 a 1993 las ejecuciones
arbitrarias a través de masacres, aunque significativas no representaba un
problema de la magnitud que hoy tiene. Pasaron de 38 en 1990, a 48 en 1992,
bajado a 28 en 1993. Son años de aguda crisis institucional que desemboca
en la Asamblea Nacional Constituyente y en una nueva Constitución Política,
la que a su vez consagra el conjunto de derecho humanos, pero junto a las
disposiciones económicas de orientación monetarista, privatizadora y fiscalista,
abandonándose la función estatal de combatir contra la pobreza, la generación
de trabajo para todos y garantizar el derecho de todos a la salud, servicios
públicos y educación.
Ver Gráfico 2
Debido a que la paz no se consolidó
con la nueva Constitución, sino que las contradicciones sociales se profundizaron
por efecto de las medidas económicas y sociales, la forma de control social
que se fue abriendo paso con mayor fuerza fueron las masacres de personas
generalmente ubicadas en regiones con mayores conflictos sociales. En 1994
el cometido de masacres dio un salto a 119, manteniendo un incremento constante
hasta llegar a doblarse en el año 1999, cuando se cometen 258 masacres. Al
siguiente año se duplica el número de masacres, llegando a 503. En el siguiente
año de 2001 se cometen 633 masacres, que representa un incremento del 26%,
para llegar al año 2002 con una leve disminución del 18%.
Ver Gráficos 3 y 4
La escalada ascendente en cuanto
a número de masacres, se corresponde con la cantidad de personas asesinadas
en estas circunstancias. En 1994 mueren en masacres 655 personas, alcanzando
en el año 2001 la cantidad 3043 hombres y mujeres masacrados. En el año 2002
se presenta un descenso en la cantidad e intensidad de masacres, dejando 2494
víctimas en 522 masacres, lo que significó un decrecimiento del 28% de personas
asesinadas. Desde la perspectiva de la tasa de asesinados en masacres, por
cada millón de habitantes, las cifras reflejan la dinámica ascendente del
terror, en tanto las personas que mueren en masacres se incrementa a un ritmo
superior al del crecimiento de la población.
Tendencias en el incremento
de masacres se pueden observar en los gráficos 5 y 6 y 7
El porcentaje de incremento
de masacres, así como del número de víctimas,
de un año a otro muestra los años 1994 y 2000 con los índices más altos.
En el primer caso, respecto del año anterior el número de masacres se incrementó
en 358 %, mientras que el número de personas víctimas en este tipo de ejecuciones
arbitrarias se subió en 352 %. En ambos casos la cifra se triplicó. Así mismo,
en el año 2000, las masacres crecieron en 95%, esto es que prácticamente se
duplicaron, y la cantidad de personas asesinadas aumento en 60%.
Esto está indicando coyunturas donde la
estrategia de terror sobre la
población se escaló junto con
la extensión y dimensión del conflicto interno, coincidiendo en ambos casos
con momentos específicos de la lucha social y de los procesos de paz con la
insurgencia armada.
De otra parte, durante la década
pasada y lo que va corrido del presente siglo, el promedio de víctimas por
masacre, paso de 7 en 1990, a 5 en los años 1992 a 1996, incrementándose a
6 entre los años 1997 y 1999. Entre los años 2000 y 2002, la magnitud de cada
masacre tiende a disminuir, al presentarse en este último año un promedio
de 4 personas asesinadas en masacres. Estos datos permiten corroborar que
este tipo de crímenes buscan dejar huellas profundas en la memoria de la población,
especialmente cuando el número de víctimas es grande y, a la vez, garantizar
por medio de temor control territorial, asunto este que se observa como tendencia
reciente en grupos paramilitares que han anunciado que disminuirán sus masacres,
supuestamente atendiendo a las contingencias del DIH, para mantener crímenes
selectivos o masacres no tan numerosas, como parece corroborarse en los resultados
que muestra el gráfico 7.
Antioquia y Norte de Santander
son los departamentos que sobresalen en cuanto al número de masacres y la
cantidad de personas asesinadas en estas circunstancias. En Antioquia hubo
121 masacres con 511 víctimas y en Norte Santander murieron 316 personas en
86 masacres, durante el año 2002. Le sigue el Valle el Cauca con 216 asesinados
en 56 masacres. Esta realidad señala cómo en estos departamentos se está concentrando
el conflicto armado, especialmente por disputas por control territorial. Las
acciones encubiertas del Estado han buscado en estos departamentos desplazar
la influencia histórica que fuerzas insurgentes armadas han tenido desde hace
varias décadas.
Ver Gráficos 8 y 9
Sin embargo, la tendencia de
esta forma de operar sobre el territorio nacional, se aprecia al observar
los resultados de masacres por departamentos de acuerdo a una tasa de masacres
y víctimas de masacres por cada cien mil habitantes, como se expone en los
gráficos 10 y 11.
Durante el año 2002 en el departamento
de Arauca se cometieron el mayor número de masacres y de sus víctimas, en
proporción por cada 100 mil habitantes. Hubo 29,61 asesinados en 6,6 masacres
de acuerdo con la estadística señalada. Este dato pone de presente la magnitud
de este crimen en un territorio, de acuerdo a su impacto frente al tamaño
de la población. A su vez indica una tendencia si se observa que en el año
2001 este departamento registró la octava tasa de víctimas de masacres y la
sexta en cuanto al número de masacres.
Le sigue a Arauca el departamento
de Norte de Santander con tasas de 22,49
de víctimas y 5,9 de masacres,
por cada cien mil habitantes. En esta región del país se configura una crisis
de derechos humanos por su magnitud y continuidad. El dato significa que en
un territorio con un millón cuatrocientos mil habitantes, aproximadamente,
durante el año 2002 se cometieron 83 masacres con un saldo inhumano de 316
muertos. Se mantiene el drama al comparar con el año 2001, cuando Norte de
Santander ocupó el primer lugar en este guarismo al presentar tasa de 23,19
y 5,05 respectivamente.
Caquetá se destaca dramáticamente
como la tercera tasa de víctimas y masacres, con cifras de 17,17 y 2,8 respectivamente.
El asunto es crítico al ver que en el año 2001 este departamento ocupó el
duodécimo lugar en este dato, con una tasa de 6,44 víctimas y 1,67 masacres
por cada cien mil habitantes.
Los departamentos de Guajira
y Cesar registraron tasas de 11,20 y 10,83 de víctimas respectivamente, con
tasas de masacres de 2,4 en el primer caso y 2,3 en el segundo. En estas regiones
se mantiene la intensidad y magnitud de estos crímenes, comparados con el
año anterior.
Antioquia presenta un significativo
cambio en la dinámica de este crimen. Durante el año 2001 se cometieron 218
masacres con 1006 víctimas, y en el año 2002 se produjeron 121 masacres con
511 asesinados, que desde la perspectiva de tasa de masacres y víctimas por
cada 100 mil habitantes significa que en el primer año hubo 18,7 víctimas
en 4,05 masacres, y en el año 2002 la proporción bajo a 9,24 y 2,2 respectivamente.
La disminución es de prácticamente la mitad en ambos datos. Entre los factores
que pueden contribuir a la explicación de este sustancial cambio está de una
parte que el conflicto social y armado se concentró básicamente en el nordeste
antioqueño, a tiempo y de otra parte, en otras regiones del departamento se
consolidaron dominios políticos y militares de las fuerzas armadas confrontadas.
Los departamentos de Guaviare,
Magdalena y Meta, presentan una tasa de 8 asesinados en masacres por cada
100 mil habitantes. Le siguen Caldas con 7 y con un cambio significativo el
departamento del Cauca con una tasa de 5,54, que el anterior año tuvo una
tasa de 23,1 víctimas de masacres por cada 100 mil habitantes. Por su parte, con tasa de entre 3 y 5
víctimas en masacres están los departamentos de Risaralda, Valle, Huila, Nariño,
Chocó, Casanare y Santander. Entre una y dos víctima a razón del número de
habitantes, están los departamentos de Tolima, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca,
Quindío, Atlántico y Sucre. Sobresalen aquí la disminución de la intensidad
de ocurrencia de este crimen en los departamentos de Sucre y Tolima, que el
anterior año registraron tasas de 8,68 y 8,40 respectivamente.
Con una tasa menor a uno, aparecen
los departamentos de Putumayo y Bogotá. En el primero, hubo una baja sustancial
al pasar de 7,22 personas muertas en masacre en la proporción aquí establecida,
a 0,86. Similar tendencia se observa en Bogotá donde se pasó de 0,45 en 2001,
a 0,22 en el año 2002.
Ver Gráfico 12
Continúan los trabajadores del
campo en el primer lugar de víctimas de masacres. En el año 2002 murieron
en estas circunstancias 940 personas vinculadas a labores agrícolas. En los
registros del Banco de Datos del CPDH, se mantienen sin información el 37%
de los casos, reafirmando en este aspecto una necesidad a superar para mejor
conocimiento de esta tragedia humana. Siguen en proporción los trabajadores
del sector secundario de la economía, incluyendo en estos a los dirigentes
sindicales. Este sector representó el 10% del total de víctimas. Luego le
siguen un conjunto denominado otros sectores donde se incluyen estudiantes,
trabajadores informales y sectores marginados de los circuitos de la economía.
Los empresarios y los trabajadores del sector terciario representan cada uno
el 2% de las víctimas de masacres.
Ver Gráfica 13
Durante el año 2002 los grupos
paramilitares hicieron público la autoría de 1206 asesinatos por medio de
masacres, lo que representa el 55 % de los casos durante el año. En circunstancias
difusas por presentarse en zonas de disputa territorial se registraron 564
casos, que representan el 26% del total. Si se tiene en cuenta que estos crímenes
se cometen con diversos niveles de responsabilidad estatal, se tiene que sumados
a las 86 víctimas de la Fuerza Pública, que representan el 4 % del total,
suman todos que directa o indirectamente el Estado es presunto responsable
del 85 % de los casos. Respecto del año anterior, la responsabilidad estatal
aumentó en 3%, a tiempo que a las fuerzas guerrilleras se les atribuyó en
el 2002, el 13% de las víctimas de masacres, esto es 292 personas asesinadas
en condiciones diferentes a la confrontación armada, mientras que fueron presuntamente
responsables del 16% de masacres en el año anterior.
Si en masacres se registra la
tendencia a disminuir la intensidad de comisión de este crimen, el control
político social a través de ejecuciones arbitrarias se orienta hacia los homicidios
selectivos. En 1999 el CPDH registró 2.062 de estos asesinatos, en el siguiente
año se incrementan en 65% para llegar a 3.406 víctimas, repitiéndose este
macabro guarismo en el año 2.001, al presentarse 3.336 asesinatos de dirigentes
sociales, políticos o de personas que representan sectores sociales a los
que se les somete mediante el terror. En el año 2.002 murieron como víctimas
seleccionadas y bajo el amparo estatal 4.419 personas, lo que representa un
incremento del 25 %, a los que se suman las muertes registradas por el Banco
de Datos del CPDH como “societales”, para alcanzar un dato dramático: 5.040
personas víctimas de homicidios selectivos.
Al observar la progresión de
este tipo de ejecuciones arbitrarias, se puede inferir que los análisis que
argumentan que Colombia asiste a un régimen político sustentando en la acción
criminal contra fuerzas y sectores no gobernantes, que bajo el amparo de la
impunidad penal, va marcando el rumbo de las reformas a las que se dirigen
los gobernantes: la legalización de esta situación como medio de tratar de
ganar legitimidad y perpetuar las relaciones de poder predominantes.
Los homicidios selectivos por
departamento muestran que en términos absolutos Norte de Santander presenta
la mayor cantidad, con 994 víctimas, seguido de Antioquia con 796 homicidios
selectivos. Le siguen Cauca con 324 asesinatos selectivos y el departamento
de Magdalena con 302 crímenes.
Desde la perspectiva de la relación
entre el número de homicidios selectivos y el tamaño poblacional del departamento,
los resultados indican que el departamento con la mayor tasa de homicidios selectivos por cada 100
mil habitantes es Arauca, con la cifra 84,2, luego de estar en el noveno lugar
en el año anterior, con una tasa de 11,68.
El nuevo dato de este departamento va parejo con el de masacres y víctimas
en masacres, colocando a esta región como un nodo del conjunto de políticas
de control territorial del Estado, como se corrobora con su inclusión en las
zonas de “rehabilitación y consolidación” establecidos bajo el régimen de
Estado de Excepción.
Ver Gráficos 14 y 15
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Norte de Santander sigue en
cuanto a este índice de homicidios selectivos. Con 71 personas asesinadas,
en proporción por cada 100 mil habitantes, esta región agrega otro lamentable
dato que pone en evidencia el drama que vive su población, al comprobar que
en cifras absolutas presenta más víctimas tanto de homicidios selectivos como
de masacres, situación que comparada con el año anterior cuando registró una
tasa de 25.41 homicidios por 100 mil habitantes, significa la duplicación
de afectados por este tipo de crimen.
Con tasas que van entre 20 y
30 homicidios selectivos por 100 mil habitantes, están los departamentos de
Huila (28,74), Risaralda (26,72), Cauca (24,94), Magdalena (22,66) y Santander
(20,93). Los departamentos de Cauca y Santander mantuvieron cifras similares
respecto del año anterior, mientras que los demás de esta lista presentaron
un incremento de la tasa en 10 personas más por cada proporción.
Entre 10 y 20 homicidios selectivos
por 100 mil habitantes están los departamentos de Tolima (18,93), Caquetá
(10,08), Antioquia (13,90), Cesar (13,23), Córdoba (12,72) y Guaviare (11,33).
Comparado con el año 2.001 Tolima, Cesar y Antioquia aumentaron el dato en
aproximadamente 4, mientras que Córdoba aumentó este índice en 1.200 % (paso
de 1.13 a 12.72), similar a Guaviare que registró ese año una tasa de 0,85.
Los departamentos siguientes
registraron tasas entre 4 y 9 homicidios selectivos por cada 100 mil habitantes:
Caldas (8,73), Bolívar (8,61), Putumayo (8,27), Chocó (5,85), Sucre (5,70),
Valle (5,70), Meta (5,35), Casanare (4,98), y Atlántico (4,81). Comparado con el año 2.001, se destaca
que Caldas duplicó la tasa, en Putumayo creció el 193%, Chocó disminuyó al
pasar de 26,76 a la cifra aquí registrada, en Casanare se duplicó la cifra
al igual que en Atlántico.
En los demás departamentos los registros
señalan que se presentó un incremento en este tipo de crímenes, como en el
caso del departamento de Cundinamarca, que paso de registrar 15 homicidios
selectivos en el 2.001, a 59 en el año 2.002.
Ver Gráfico 16
De 1.849 casos de homicidios
selectivos no se tiene información sobre su desempeño social, representando
el 36,7 % del conjunto de esta información. Por su parte los trabajadores
del campo son, al igual que en las masacres, las principales víctimas, al
representar el 28,6 % de los casos, esto es 1.442 personas vinculadas al agro
ejecutadas arbitrariamente.
Los trabajadores del sector
industrial y manufacturero fueron víctimas de homicidios selectivos en el
16%, siendo de está forma más afectados que en masacres. Este dato indica
que 795 trabajadores fueron asesinados, entre los que se cuentan dirigentes
sindicales.
Del sector de servicios, el
6,6 % (333 trabajadores) fueron víctimas de homicidios selectivos. El 4.4
% (220 personas) fueron dirigentes empresariales. 64 dirigentes sociales que
representan el 1.3% también fueron víctimas de este tipo de ejecuciones arbitrarias.
De otros sectores agrupados, fueron 337 las personas asesinadas, lo
que representa el 6,7 % de esta estadística.
ver Gráfico
17
Paramilitares,
grupos no identificados y Fuerza Pública son presuntamente responsables del
91% de los homicidios selectivos cometidos durante el año 2.002. A este conjunto
de fuerzas se le atribuye la probable autoría del asesinato de 4.641 personas,
que generalmente por estar ubicadas en sectores de la sociedad con agudos
conflictos de intereses, o por su ubicación territorial en zonas de disputa
del orden social, fueron objeto de la acción criminal dirigida a diezmar la
resistencia de la población o a contener la insurgencia de fuerzas populares.
Las restantes
personas, el 9%, víctimas de homicidios selectivos fueron atribuidas a las
fuerzas guerrilleras. Estro significa que 465 pobladores murieron en circunstancias
ajenas a la confrontación armada, en condición de población civil protegida
por el derecho internacional humanitario.
Durante
el año 2.002 fueron amenazadas colectivamente 665 personas, en 31 departamentos.
Estos actos intimidatorios fueron dirigidos contra colectivos u organizaciones
sociales o políticas, generalmente en circunstancias caracterizadas por el
conflicto armado o por luchas reivindicativas de pobladores o trabajadores
organizados. De otra parte. individualmente fueron afectadas por amenazas
contra su vida 1.330 personas en todo el país.
Ver Gráficos 18 y 19
Antioquia con 99, Cauca con
84, Huila con 57 y el departamento
del Caquetá con 51 personas amenazadas mediante mensajes dirigidos a colectivos
o a organizaciones sociales o políticas, encabezan los registros de este tipo
de violación de derechos humanos. Esto muestra un cuadro de complementariedad
entre las acciones criminales contra la población, las amenazas de acción,
y el ambiente de impunidad penal, que permite aseverar que las amenazas no
son un recurso virtual de control social, sino el anuncio cierto de empresas
criminales en marcha.
Analizado en relación con la
población de cada departamento, sobresale el departamento de Arauca, con una
tasa de 14,8 amenazados por cada 100 mil habitantes. Con este dato, este departamento
va expresando las mayores tasas de violaciones de derechos humanos registrados
en el Banco de Datos del CPDH.
Le sigue el departamento de
Caquetá, con una tasa de 11.7, muy probablemente asociado a la situación de
ruptura del proceso de negociaciones entre las guerrillas de las FARC-EP y
el gobierno nacional. Guainía también sobresale con una tasa de 10,1 amenazados
colectivamente.
Con una tasa promedio de 6 personas
amenazadas colectivamente están los departamentos de Cauca, Huila y la zona
fronteriza del oriente y norte del país. La lógica de las amenazas, en tanto
expresión de procesos atentatorios contra la vida que ya están en curso,
permite llamar la atención sobre la situación de la población en los
departamentos de Amazonas, Vichada y Guaviare, que registran tasas entre 4
y 5 personas amenazadas.
En general, este dato permite
cierta predicción en el sentido de que las violaciones de derechos humanos
se mantendrán en todo el territorio, y que seguirán enfocadas contra colectivos,
en especial aquellos ubicados en medio de luchas sociales y políticas.
Contrario a las masacres y homicidios
selectivos, los trabajadores del campo se vieron afectados por amenazas colectivas
en un 3%, esto es 18 personas del campo. Distinta es la proporción para trabajadores
del sector de servicios (maestros, trabajadoras del hogar, religiosos y servidores
públicos) que representaron el 45 % de los afectados. Significa que 301 personas
de este sector social fueron intimidadas. Así mismo, 154 dirigentes sociales
que representan el 23 %, fueron objeto de este tipo de acción. Otros sectores
sociales representaron el 26% (174 personas) y 11 empresarios (el 2%) también
fueron coaccionados.
Ver Gráfico 20
La principal responsabilidad
por amenazas colectivas se le atribuye a las guerrillas, que intimidaron a
379 personas (el 57 % de los amenazados). Le siguen los paramilitares con
el 34% que representan 226 personas. A grupos no identificados y a la Fuerza
Pública se les imputa el 9% de amenazas, afectando a 64 personas.
En cuanto a la responsabilidad
de las guerrillas, el dato resulta principalmente de las amenazas proferida
por las FARC-EP a administraciones y cuerpos colegiados locales, en desarrollo
de su estrategia de deslegitimar el poder público dominante.
Ver Gráfico 21
En Cundinamarca y Arauca fue
donde más amenazas individuales se produjeron, con 204 y 202 casos respectivamente.
La situación en el primer departamento debe destacarse, más aún cuando registra
una tasa de 9,2 personas amenazadas individualmente por cada 100 mil habitantes,
después de Cauca con una tasa de 12.8. El departamento de Arauca
registra una elevadísima tasa de 78,7 personas amenazadas.
Ver Gráficos 22 y 23
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Ver Gráfico 24
El principal sector afectado son servidores
públicos, los cuales representan el 37,37% del total de intimidados, esto
es 497 personas, a las que se suman el 9,4 % de dirigentes políticos (125
personas) que prácticamente representan la mitad de la población coaccionada.
Ver Gráfico 25
La responsabilidad de estas amenazas es
atribuida en el 38,57% de los casos a las guerrillas, en el 37,89 % a paramilitares.
A grupos no identificados se le imputan el 16 % de los casos y a la Fuerza
Pública el 7,44%.
La dinámica de esta situación sigue similar
comportamiento al de amenazas colectivas, siendo notable el peso que la conminación
que las FARC-EP han hecho a alcaldes, concejales y ediles para que renuncien
de sus cargos.
Ver Gráfico 26
En total fueron desaparecidas forzosamente
734 personas durante el año 2.002, en 27 departamentos del país. Este tipo
de delito contra la humanidad se mantuvo en el mismo trágico nivel de años
anteriores, puesto que hubo 735 desapariciones forzadas en el año 2.001 y
732 en el año 2.000.
Por departamentos Nariño y Norte de Santander
encabezan estos registros de crímenes de lesa humanidad, con 92 y 95 personas
desaparecidas respectivamente. En el caso del segundo departamento, existe
correlación con la intensidad de violaciones a derechos humanos, puesto que
presenta situaciones tan dramáticas en cuanto a masacres, homicidios selectivos
y amenazas a la vida. Respecto de Nariño es de resaltar que duplicó la cifra
de desaparecidos, cuando se presentaron 48 casos.
Santander con 69 casos, Valle con 63, Antioquia
con 58 y Arauca con 53 casos de desapariciones forzadas, constituyen los departamentos
que presentan más personas desaparecidas en circunstancias que comprometen
la responsabilidad estatal. Le siguen los departamentos de Cauca con 39 casos,
disminuyendo en 34 casos respecto del año anterior; Magdalena con 38 casos,
menos que en el 2.001 cuando registró 73 casos; y Bolívar con 37 desapariciones
forzadas, cifra que bajo en 3 casos respecto del anterior año.
En los demás departamentos la situación
de desapariciones forzadas mantuvo similar intensidad y gravedad a la registrada
en los tres años anteriores.
Desde la perspectiva de tasas de desapariciones
forzadas por cada 100 habitantes en cada departamento, se puede observar la
magnitud de este tipo de violación de derechos humanos.
Ver Gráfico 27
Arauca sobresale de nuevo, con la mayor
tasa de desapariciones forzadas por cada 100 mil habitantes, al alcanzar la
cifra de 20,65, que representa un incremento de 16 veces con respecto al año
anterior, cuando tuvo una tasa de 1.25. En los otros departamentos se registran
tasas menores de 7 desaparecidos, que sin embargo reflejan la agudización
de las violaciones a derechos humanos en contextos de conflictos políticos
y sociales. Así, Norte de Santander encabeza este registro con una tasa de
6,76, seguido de Nariño con 5,44, Santander con una tasa de 4,86 casos, y Caquetá con una tasa de 3,66 desapariciones.
En todos estas regiones se han dado aumentos de este tipo de crímenes.
Tasas entre 2 y 3 desapariciones fueron
registradas en los departamentos de Cauca (3), Magdalena (2,85), la Guajira
(2,80), Cesar (2,21) y Quindío con una, tasa de 2,06. Exceptuando, La Guajira
donde la tasa de desapariciones aumentó 10 veces, en los otros departamentos
de esta lista disminuyeron las desapariciones.
Con tasas menores de 2 están los demás departamentos,
donde la tendencia general fue la mantener similares índices de desapariciones
que las presentadas en el año 2.001.
El 46% de los desaparecidos forzosamente
durante el año 2.002, son trabajadores del campo. Esto representa el hecho
de que 343 hombre y mujeres vinculados a labores agrarias fueron detenidos
arbitrariamente y luego no se reporta el paradero ni la situación de la víctima. De 216 personas ( el 29%)
no se tiene información acerca de su desempeño social. De trabajadores manufactureros
y de la industria se registraron 86 casos que son el 12% del total. Entre
el sector de servicios se produjo el 4% de los casos, esto es 27 personas
de las que no se tiene noticia sobre su situación. Similar cantidad de personas,
28 que representan el 4% del total, son empresarios que fueron objeto de desaparición
forzada; 8 dirigentes sociales y 26 personas más de otros sectores sociales
padecen esta condición inhumana.
Ver Gráfico 28
Ver
Gráfico 29
Examinar
presuntos responsables de desapariciones evidencia la validez de la definición
que de esta violación de derechos humanos hace Naciones Unidas, al conceptuar
que “se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una
persona, cualquiera que fuere su forma o motivación, cometida por agentes
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información
o de la negativa a reconocer dicha privación o de la denegación de información
o del ocultamiento del destino o del paradero de la persona desaparecida”
[13]
.
En
efecto, el 60,5 % de los casos de desapariciones forzadas se atribuye a grupos
paramilitares, el 38,1% a grupos no identificados y el 1,4% directamente a
la Fuerza Pública.
Ver Gráfico
30
En 18 departamentos se presentaron
detenciones arbitrarias, generalmente después de entrada en vigencia de la
declaratoria de Estado de excepción, mediante decreto 2.002 del 9 de septiembre
de 2.002. Según registros del Banco de Datos del CPDH, en el año 2.002 hubo
766 detenciones arbitrarias, siendo Antioquia el departamento donde más hubo,
con 204 personas privadas arbitrariamente de su libertad. Le sigue Arauca,
donde 179 personas fueron detenidas, muchas de ellas en operaciones contra
poblaciones enteras que fueron concentradas en lugares públicos.
En los departamentos de Cauca
y Valle se registraron igualmente números elevados de detenciones arbitrarias.
En el primero hubo 66 detenciones arbitrarias y en el segundo 68. Siguen en
orden de mayores detenciones, los departamentos de Nariño, Guaviare y Caquetá,
con 24, 23 y 20 detenciones respectivamente.
Ver Gráfico 31
Trabajadores del campo componen
el 18% de las detenciones arbitrarias, esto es 137 personas a las que se les
detuvo violando normas internas y derechos reconocidos por el derecho internacional
de los derechos humanos. El 15 %, 113 personas detenidas, están vinculadas
al sector de servicios de la economía nacional; 88 personas de otros sectores
sociales fueron afectadas, representando el 11% de los registros. Sin embargo,
de 412 personas, que representan el 53% del total, no se tiene noticia acerca
del sector social al que pertenecen.
Ver Gráfico 32
Como las detenciones arbitrarias
se cometen directamente por la Fuerza Pública, aunque también se registra
la colaboración de paramilitares, es de notar que casi la mitad de los casos
ocurren por directa acción del Ejercito Nacional, que en el 48% de los casos
ejerció funciones de policía judicial, mientras que la Policía Nacional actuó
en el 46% de los casos. El aporte de los paramilitares se cifró en el 4%.
Atendiendo el carácter político
de la insurgencia armada, sus acciones bélicas son objeto de seguimiento específico
en el Banco de Datos del CPDH en la medida en que afecte a personal protegido
por el derecho internacional humanitario, aunque estén en el contexto de la
confrontación bélica. Se asume
que el Estado al violar derechos
humanos también está infringiendo las normas internacionales que protegen
a la población en conflictos
no internacionales. Por esta razón los datos que aquí se presenten aluden
solamente a las fuerzas guerrilleras.
Ver
Graficos 33 y 34
Entre las fuerzas guerrilleras
las FARC-EP registra más infracciones graves al derecho internacional humanitario.
Durante el año 2.002 se le atribuyeron 53 masacres con el resultado infausto
de 253 víctimas. Antioquia fue el departamento que más hechos de tipo presentó,
al contarse allí 11 masacres con 52 víctimas. En el Meta acometieron 4 masacres
que dejan 29 personas muertas. En el Huila 7 masacres dejaron 25 víctimas.
Cundinamarca fue escenario de 6 masacres que dejaron 21 asesinados, mientras
que en el departamento de Bolívar ejecutaron igual número de personas, pero
en 3 masacres. En total el radio de acción de esta fuerza insurgente, lo constituyó
17 departamentos, donde en promedio cometieron 3 masacres, con una media de
14 víctimas.
Al ELN se le atribuyeron 8 masacres
en 4 departamentos, con resultado de 31 personas asesinadas. Al ERP
le imputaron 2 masacres, con 8 víctimas, en el departamento de Bolívar.
Ver Gráfico 35
La mayoría de las masacres y
de las víctimas causadas en el departamento del Huila, se imputaron a las
FARC-EP, en un 64% y 60% respectivamente. La mitad de estas graves infracciones
al derecho internacional humanitario fueron presuntamente de responsabilidad
guerrillera, en los departamentos de Guaviare, Tolima y Cundinamarca. El 50%
de víctimas en masacres en los
departamentos de Meta y Bolívar, se atribuyen a las guerrillas. En los restantes 11 departamentos la participación
guerrillera en este tipo e crímenes están entre menos del 1% y el 13%.
Ver Gráfico 36
De los 5.040 homicidios selectivos
cometidos durante el año 2.002, fueron atribuidos a las guerrillas 465 (9.22%),
de los cuales el 84% se imputan a las FARC-EP, al ELN el 12%, y al ERP y al
EPL, el 2% a cada uno.
Ver Gráfico 37
El mayor número de homicidios
selectivo atribuido a las FARC-EP fue cometido en los departamentos de Huila
y Antioquia, donde dieron muerte a 74 y 67 personas en condiciones de civil.
En Cundinamarca mataron a 37 civiles y en Tolima a 34. Le sigue en magnitud
de infracción grave al derecho internacional humanitario, el departamento
de Caquetá, con 27 víctimas civiles. En los restantes 21 departamentos esta
fuerza guerrillera cometió entre uno y 15 homicidios selectivos.
Ver Gráficos 38 y 39
Por su parte al ELN se le atribuyeron
24 homicidios selectivos en el departamento de Antioquia, 8 en Norte de Santander
y 6 en Arauca. En los 8 restantes departamentos dieron muerte de entre uno
y tres civiles. El EPL cometió 7 homicidios en civiles, en el departamento
de Risaralda. El ERP a su vez actuó de esta forma en los departamentos de
Bolívar y Sucre.
Ver Gráfico 40
La proporción en cada 100 homicidios
selectivos de responsabilidad de las guerrillas, fue del 60,7 en el departamento
de Cundinamarca, que visto junto a masacres, pone de presente que en esta
región es la insurgencia armada la que viene desplegando acciones contra la
población civil, de forma que deslegitima su naturaleza política. Significativamente
se les atribuye responsabilidad en los departamentos de Caquetá, Sucre, Nariño,
Chocó, Guaviare, Huila, Meta y Casanare, dado que en cada uno de estos presuntamente
fueron responsables de entre 20 y 34 homicidios.
Junto a Cundinamarca están los
departamentos de Huila y Caquetá, como los lugares donde la guerrilla viene
incrementando su accionar contra las reglas humanitarias de la guerra, configurando
así, con los demás departamentos en menor intensidad, situaciones de crisis
humanitaria, resultado de la degradación del accionar bélico.
Ver Gráfico 41
Resultado de enfrentamientos
entre fuerzas estatales e insurgentes, resultan afectadas civiles ajenos a
la dinámica bélica. Tal es la situación presentada en el municipio de Bojayá,
Chocó, donde en mayo del año 2.002, se dieron combates entre las FARC-EP y
grupos paramilitares, que dejaron en medio del fuego cruzado a la población,
la cual buscando protección se refugió en la iglesia de la localidad, que
al ser destruida dejó el aciago resultado de 118 pobladores muertos. En diversas
situaciones, en la Guajira murieron 73 personas en medio del conflicto. En
21 departamentos más, la confrontación armada cobró vidas de civiles, quienes
son personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
Ver Gráfico 42
Al igual que en otros registros
de violaciones de derechos humanos, son las personas que viven del agro las
más afectadas, en este caso de 346 civiles
muertos, el 56% pertenecían
a este sector. Del 25% no se tiene información, 6% eran trabajadores del sector
industrial y manufacturero, el 10% estudiantes y el 1% indígenas.
Ver Gráfico 43
En esta gráfica se observa a
Arauca con los mayores índices en cuanto víctimas de masacres, homicidios
selectivos y desapariciones forzadas.
Registra tasas por 100 mil habitantes de 29,61 asesinados en masacres,
84,16 de homicidios selectivos y de 20,65 en desapariciones forzadas. Es de
lejos el departamento que con mayor rigor sufrió de las acciones tendientes
a su control social y político. Le siguió en gravedad de deterioro de los
derechos humanos, el departamento de Norte de Santander, que viene de una
situación aguda desde el año anterior. Este año despunto en estas estadísticas
el departamento de Caquetá, en buena medida como causa de graves infracciones
al derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas guerrilleras.
Del conjunto de violaciones
es de notar que los homicidios selectivos tendieron ha prevalecer con más
fuerzas en departamentos como Huila, Cauca, Risaralda, Santander, Tolima y
Caquetá.
En los municipios declarados
“zonas de rehabilitación y consolidación”, aplicando el Estado de Conmoción
Interior, se registraron los siguientes datos de violaciones de derechos humanos.
Ver Gráfico 44
Masacres hubo en 5 municipios,
de los 21 bajo control militar. En Arauca se presentó una masacre que dejó
20 personas muertas, en el mes de junio. En San Juan Nepomuceno hubo dos masacres,
una en junio con saldo de 3 personas muertas, y otra en septiembre donde 15
personas perdieron la vida. En ambos casos, estas masacres fueron atribuidas
a las FARC-EP. En Saravena hubo 3 masacres, dos de las cuales fueron atribuidas
a paramilitares y una a guerrilleros. En Ovejas se cometió una masacre con
5 víctimas, atribuida a paramilitares. Y en Carmen de Bolívar en marzo y agosto
se cometieron masacres, la primera con 3 víctimas y la segunda con 4 muertos.
Ver Gráfico 45
Homicidios selectivos se cometieron
en 11 de los municipios declarados de “rehabilitación y consolidación”. La
mayor cantidad de estos crímenes se cometieron en Arauca y Arauquita. En los
9 municipios restantes, las cifras de estos crímenes están entre una o dos
víctimas. En el municipio de Arauca se cometieron 136 homicidios selectivos,
con mayor número de víctimas desde el mes de mayo.
Ver Gráfico 46
En cuanto a desapariciones forzadas,
se cometieron en 4 municipios bajo control militar, siendo en el municipio
de Arauca donde en el mes de
junio desparecieron a 28 personas.
Ver Gráfico
47
En el año
2.001 los trabajadores del campo fueron los mayores afectados por masacres,
homicidios selectivos y desapariciones forzadas. Respecto del año anterior
se incrementó en 382 víctimas, llegando así a la cantidad de 2.725 personas
del campo asesinadas o desaparecidas.
Trabajadores
del sector secundario de la economía fueron afectados en cantidad de 1.107
víctimas de estos tres tipos de violación de derechos humanos. Entre los trabajadores
del sector servicio, los afectados fueron 406 personas. 301 víctimas eran
empresarios. 80 dirigentes sociales o políticos. Y de otros sectores sociales,
469 personas fueron víctimas de estos crímenes.
Especial
atención merece la situación de los dirigentes sindicales. El equipo Nizkor
de derechos humanos, con base en datos suministrados por las centrales obreras,
había contabilizado entre enero y noviembre de 2.001, 148 dirigentes sindicales
asesinados.
Ver
Gráfico 48
Fueron víctimas en masacres, de homicidios
selectivos, desapariciones forzadas y de ataques a población civil, 866 mujeres,
durante el año 2.002, que representan el 10,42 del total de estos registros.
Estos datos se discriminan en 218 mujeres muertas en masacres, que son el
9,94% del total de víctimas en este tipo de crimen; el 8,63% de los homicidios
selectivos, 435 casos, fueron mujeres; 103 mujeres, el 14,03%, de las desapariciones
forzadas tuvieron como objeto a mujeres y la mayor proporción fue de mujeres
muertas en ataques a población civil, que alcanzó la cifra de 110, que representan
31,79% de las personas civiles fallecidas en medio de la confrontación armada.
En todos los casos examinados la cuota fatídica
de mujeres ha aumentado. En masacres creció 1,26%, en homicidios selectivos
aumento 0,62%, en desapariciones forzadas prácticamente la cifra se duplico,
puesto que aumentó 6,55%.
Ver Gráfico 49
Caquetá registra la mayor tasa por 100 mil
mujeres fallecidas en masacres. Allí 18 mujeres murieron en estas circunstancias,
representando una tasa de 8,67. Le siguió en este drama las mujeres del departamento
de Arauca, donde 9 de ellas fueron asesinadas en masacres, representando una
tasa de 7,4 por cada 100 mil mujeres. Norte de Santander, Guaviare y Antioquia
le siguen en magnitud de mujeres víctimas de masacres.
Ver Gráfico 50
De 79 mujeres, 36.4%, no se
tiene información acerca de su vínculo social. Mujeres del campo fueron asesinadas
en estas circunstancias 74, que representan el 34,1%. Del sector de servicios
fueron víctimas 33 mujeres, esto es 15,2%. 27 mujeres fueron registradas como
de otros sectores sociales, representando 12,4% de la composición social de
víctimas de masacres.
Ver Gráfico
51
A grupos paramilitares se atribuye
la muerte de 116 mujeres en masacres, representando el 54% del total de mujeres
sacrificadas en estas circunstancias. Por diversas evidencias a la Fuerza
Pública se le responsabiliza del fallecimiento de 9 mujeres (4%). Grupos armados
no identificados fueron responsables de la muerte 51 mujeres, que representan
el 23% de estos casos. Las fuerzas guerrilleras fueron implicadas como responsables
de la muerte de 42 mujeres, aportando a estas luctuosas cifras el 19% de presunta
responsabilidad.
Ver
Gráfico 52
En
28 departamentos ocurrieron los casos de 435 mujeres víctimas de homicidios
selectivos, que relacionados con la población femenina de éstos, en proporción
por cada 100 mil, deja como resultado la tasa más alta en Arauca, 18,8, que
significa que 23 mujeres fueron asesinadas en condiciones que comprometen
la responsabilidad del Estado, a tiempo que cimienta el control social y político sobre la
población, a través del terror de la muerte amparada en la impunidad.
Norte
de Santander le sigue a Arauca, en cuanto a la magnitud regional de homicidios
selectivos contra mujeres. Allí 68
mujeres, que representan una tasa de
9,8 por cada 100 mujeres del departamento, fallecieron víctimas de
este tipo de crimen. Con 17 víctimas mujeres está el departamento de Caquetá,
representando la tercera tasa, con 8,2 por cada 100 mujeres. Le sigue el Huila,
donde 35 mujeres fueron objeto de este crimen, lo que significó en esta región
una tasa de 7,5.
El número de mujeres víctimas de homicidios
selectivos en los demás departamentos, fue: Antioquia 106, Atlántico 6, Bogotá
4, Bolívar 3, Boyacá 2, Caldas 7, Cauca 21, Choco 3, Cesar 11, Córdoba 9, Cundinamarca 8, Guaviare 2,
La Guajira 1, Magdalena 19,
Meta 2, Nariño 4, Quindío 1,
Risaralda 17, Santander 24, Sucre 1,
Tolima 19,
Valle Del Cauca 20, Y Putumayo
2.
Ver Gráfico 54
La mayor responsabilidad de homicidios selectivos
(43%) fue atribuida a paramilitares, dado que en 187 casos la información
disponible así lo indica. En 163 casos (37,5%) no se pudo establecer la identidad
de los presuntos responsables. A la fuerza Pública se le imputa la autoría
en 10 casos (2,3%) y las fuerzas guerrilleras, se les atribuye el homicidio
fuera de combate de 75 mujeres (el 17.2%.)
Ver Gráfico 55
Doce mujeres fueron objeto de desaparición
forzada en el departamento de Arauca, lo que configura una tasa de 9,8 por
cada 100 mil mujeres de esta región. Aunque más mujeres fueron padecen de
este crimen en Norte de Santander, al haber sido desaparecidas 18, la tasa
respecto de la población femenina es de 2,6. Le sigue en gravedad frente a
este crimen de lesa humanidad, el departamento de Nariño, donde son víctimas
16 mujeres.
Ver
Gráfico 56
En
las 103 desaparecidas, 45,6% (47 mujeres) están vinculadas a labores del campo.
De 30 de ellas no se tiene información sobre su condición social. El sector
de servicios 11 mujeres fueron objeto de desaparición forzada. Doce pertenecen
a otros sectores. Y tres son el sector secundario de la economía.
Ver Gráfico 57
A grupos paramilitares se atribuye la responsabilidad
por la desaparición de 63 mujeres (61%). A grupos armados no identificados
se imputan 38 mujeres desaparecidas. Y al Ejército se le atribuyen 2 casos.
El caso más destacado es la población civil
afectada por los combates entre las FARC-EP y paramilitares en el municipio
de Bojayá, Chocó, donde perecieron 56 mujeres (48% del total de víctimas),
que representan una proporción de 28
mujeres victimadas por cada 100 mil mujeres
del departamento. En el departamento de Caquetá 8 mujeres fueron muertas en
estas circunstancias, mientras que en Guaviare dos. En los restantes 10 departamentos
donde hubo mujeres víctimas de ataques indiscriminados, se registraron los
siguientes número de casos: Antioquia
18, Arauca 2, Bogotá 9, Bolívar 1, Boyacá 1, Caldas 3, Córdoba 4, Cundinamarca
1, Magdalena 1, Norte del Santander 2, Risaralda 1, y en Tolima un caso.
Gráfico 58
Ver
Gráfico 59
La mayoría de las mujeres que perdieron la vida en ataques indiscriminados contra la población civil estaban vinculadas a labores en el campo. En efecto, eran del campo el 65%, esto es 73 mujeres. Del total de víctimas 11 eran estudiantes, 3 trabajan en su hogar, una era trabajadora en la industria, otra empresaria y otra profesional. De 20 casos no se obtuvo información.
Ver
Gráfico 60
El total de víctimas de masacres, homicidios
selectivos y desapariciones forzadas es de 7.961 personas. La principal responsabilidad
de estos crímenes se atribuye a paramilitares, en el 49,23%, significando
que 3.919 personas fueron objeto de su accionar militar. A la fuerza Pública
se le acuso de 162 de estos casos, figurando así con 2,03% de estas estadísticas.
A las fuerzas guerrilleras se le atribuyeron el 9,51 de casos, lo que
implicó que por sus operaciones fuera de combate murieron 757 personas.
3.123 personas, el 39,23%, fueron víctimas
de grupos armados no identificados. Esto corrobora que la impunidad es un
dispositivo del régimen político, mediante el cual encubre las operaciones
ilegales de agentes estatales, que generalmente obedecen al despliegue de
estrategias contrainsurgentes, que sin necesidad de coordinación directa en
el aparato estatal, opera con los variados caminos que deja abierta la manera
de operar el sistema de justicia en el país, los planes militares que se focalizan
sobre las guerrillas, los medios de comunicación que sobredimensionan los
efectos de las acciones guerrilleras y minimizan la magnitud de los crímenes
de paramilitares y la estrategia oficial de plantear que el problema de los
derechos humanos es de todos, asunto este en que algunos sectores de la intelectualidad
empiezan a pisar el terreno del relativismo que oculta la gravedad de la crisis
de derechos humanos en Colombia.
De otra parte, fueron de plena responsabilidad
estatal las detenciones arbitrarias de 766 personas, la mayoría de ellos,
bajo el amparo de las medidas represivas decretadas por el gobierno con la
promulgación del Estado de Conmoción interior en septiembre de 2002, en lo
que constituye una evidencia de que el régimen se esfuerza por hacer transito
hacia la legalización de sus ejecutorias extralegales.
La movilización por la conquista de derechos humanos para todas y todos, se despliega en Colombia a través de la reivindicación de las libertades políticas, los derechos socio – económicos y de una nueva fase del proceso de construcción de una solución negociada al conflicto político, social y armado que vive el país.
Los resultados de este crítico balance de
los derechos humanos en el año 2.002, permiten observar la continuidad en
el tiempo, ampliación de la magnitud, extensión territorial y crecimiento
de violaciones de derechos humanos. Todos estos factores permiten aseverar
que la negación de derechos a la población es parte integral del régimen político
y del Estado, en tanto la situación de violaciones de derechos humanos se
constituye en el modo preferente de mantener las relaciones entre gobernantes
y gobernados y, correlativamente, la forma de conservar las relaciones de
poder predominantes en la sociedad.
La continuidad de las masacres, homicidios
selectivos y desapariciones forzadas, se expresa en el incremento anual de
víctimas, la permanencia de estas violaciones en los departamentos, la constancia
en afectar a los mismos sectores sociales, y su comportamiento coyuntural
relacionado con momentos de auge de las luchas sociales o de momentos críticos
en las negociaciones con la insurgencia armada.
La magnitud de las violaciones de derechos
humanos se observa en la relación entre victimas y población de cada departamento.
Este dato nos permite observar que los crímenes contra expresiones políticas
y sociales disidentes del régimen tienen un ritmo superior a la tasa de crecimiento
de la población, haciendo previsible la tendencia al agravamiento de la situación
de los derechos humanos.
Nuevos departamentos aparecen con estadísticas
incrementadas de violaciones a derechos humanos, expresándose así que operaciones
encubiertas de Estado exitosas por sus resultados en el disciplinamiento social,
se replican en aquellos lugares donde otras formas de control social se desdibujan,
bien sea por la reacción de la población a la precaria atención del Estado
en materia de derechos fundamentales, o por la presencia de fuerzas políticas
que disputan la legitimidad de los gobernantes.
Y la ampliación de derechos conculcados,
es otro indicio del carácter estatal de las violaciones de derecho humanos.
En este informe se destaca en este sentido el incremento de detenciones arbitrarias,
particularmente desde que el gobierno decretó el Estado de Conmoción Interior,
a tiempo que ponía en marcha el eje dela totalidad de su política de gobierno:
la estrategia de seguridad democrática.
El asunto de la seguridad, con el adjetivo
de democrática, es la manifestación de la visión sobre el orden público y
los derechos humanos prevaleciente en el establecimiento. Se trata de abocar
el problema de la negación de derechos por la vía de la legalización de esa negación, de manera que lo que antes se
consideraba una violación sea visto ahora como la aplicación de la ley. Así
también lo observa Amnistía Internacional cuando sostiene que "muchas de las
medidas adoptadas en pos de garantizar mayor seguridad, no son dirigidas en
contra de los grupos armados ilegales sino de la mayoría de los colombianos,
cuyos derechos se ven recortados y cuya seguridad ante el abuso de poder y
la arbitrariedad es socavada. Si seguridad significa la protección de pocos
a costa de la inseguridad y desprotección de los derechos de los demás, no
sería sino una mera ilusión."
[14]
Esta estrategia de seguridad interna del
Estado contiene en su aspecto ideológico la persistencia en tres tesis, que
a fuerza de repetir aspira a que se conviertan en verdad: 1. que la situación
social y económica del país obedece a la acción de las fuerzas insurgentes
armadas, 2. que los derechos humanos son de responsabilidad de todos, y entre
ellos como un ciudadano más estaría el Estado, y 3. que Colombia vive una
situación de violencia generalizada, cuyos orígenes son múltiples, cuyas soluciones
están en terapias culturales para que todas las personas interioricen las
normas y con la eliminación total de la nueva fuente de todos los males: el
terrorismo.
En este punto se enlaza la perspectiva de
la movilización por los derechos humanos en Colombia. Si para el régimen el
núcleo de su quehacer es la estrategia de seguridad, para los gobernados la
perspectiva es la lucha por los derechos sociales, económicos, culturales,
civiles y políticos, junto con la persistencia en la búsqueda de una solución
negociada al conflicto interno.
Los derechos sociales, económicos y culturales
se ponen al orden del día, porque allí radica en buena medida la razón de
ser de la persistencia en las violaciones de derechos humanos, en tanto es
con represión que se pretende contener la resistencia de los trabajadores
al modelo económico de expoliación de la riqueza nacional, impuesto por agencias
financieras transnacionales.
Los derechos civiles y políticos vuelven
a ser bandera de las fuerzas democráticas del país, en tanto el régimen persista
en su estrategia de institucionalización de la arbitrariedad como sustento
de su poder.
Y la lucha por la solución negociada al
conflicto político, social y armado que vive el país, se constituye en un eje articulador de
la acción popular, en la medida en que logre condensar una perspectiva de
tramitación de las contradicciones económicas, sociales y políticas que deterioran
la dignidad humana de todos y todas en Colombia. En esta senda se impone la
movilización por un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros
y la preservación del carácter político de la confrontación armada, a través
del acatamiento del derecho internacional humanitario.
[1]
En este documento se acota que “Colombia ha ratificado la mayoría
de los principales intrumentos internacionales de derechos humanos, tales
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre
los Derechos del Niño; y es signatario del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Tambien es Parte en la mayoría de los tratados de derechos humanos del sistema
interamericano, como la Convención americana sobre derechos humanos, la
Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, y es signatario de la Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas”.
[2] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 20 de marzo de 2001.E/CN.4/2001/15 Página 10. Párrafo 24.
[3] Colombia ratificó en agosto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la salvedad sobre los crímenes de guerra.
[4] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2003/13. 24 de febrero de 2003. Párrafo 41
[5] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos. SERIE DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL Nº 7. NACIONES UNIDAS. Nueva York y Ginebra, 2001. Página 10.
[6] Ibidem, páginas 45 y 46.
[7] DNP. Informe sobre masacres durante 1.999.
[8]
Todos estos instrumentos han sido ratificados por el Estado colombiano.
[9] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos. E/CN.4/2001/15 humanos en Colombia. 20 de marzo de 2001. Página 10. Párrafo. Párrafo 25.
[10] Decreto 2002 de 9 Septiembre de 2002
[11] Observaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el estado de excepción. Bogotá, 1 de octubre de 2002. En : http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/onucol1.html
[12] http://www.terra.com/actualidad/articulo/html/act122778.htm
[13]
ONU. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS. Anteproyecto de
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.. 17 de agosto de 1998. E/CN.4/Sub.2/1998/WG.1/CRP.2/Rev.2
.
[14]
Javier Zúñiga,
Director de Estrategia de Amnistía Internacional. http://www.edai.org/temporal/colombia/colombiabis.htm