Elegido
nuevamente VOLMAR PEREZ, como Defensor Nacional del Pueblo en medio de un
debate en la Cámara de Representantes, que se prolongó por cerca de 3 horas.
Para algunos de los Representantes ese nombramiento es parte de uno de los
acuerdos entre el Gobierno de ALVARO URIBE y el Partido Conservador por el
apoyo de esta colectividad a la Reelección del actual mandatario.
Más
allá del procedimiento amarrado, que se dice en corrillos político, de cómo
fue el nombramiento del Defensor, profundas preguntas y cuestionamientos han
surgido respecto al papel de la Defensoría del Pueblo, instancia creada con la Constitución de 1.991,
que ahora, en momentos en que la crisis de Derechos Humanos persiste, en que
los mecanismos de violación de derechos humanos se ha cualificado y en el
que el conflicto armado se sostiene se ha ido desdibujando. Todo indica que
en nada se tuvo en cuenta las solicitudes de las organizaciones de derechos
humanos en la elección y de organismos internacionales
Desde
la salida del Dr. EDUARDO CIFUENTES , los cambios han sido evidentes, los
silencios prolongados frente a los efectos de la política de “Seguridad Democrática”.
La mudez, las acciones equívocas
de la institución han ido mostrando la debilidad de un ente que por su razón
de ser debería oficiar como Defensor
de los Derechos de los Ciudadanos. Hoy la identidad propia de un ente estatal
de control, de promoción parece convertirse en caja de resonancia de políticas
de descentralización que en nada favorecen la defensa de los ciudadanos.
Poco a poco, bajo al excusa de la descentralización y de la participación,
su interacción ha ido siendo delegada a los regional, sin que este hecho en
realidad posibilite la participación y la confianza de la ciudadanía, pues
para nadie es un secreto, las presiones, las intimidaciones y el control parainstitucional
que se vive en determinadas regiones del país. Algunos de ellos, en estas
condiciones, ofician cumpliendo su deber con cierto heroísmo. Otros se convierten
en testigos mudos. Algunos porque no decirlo,
en cómplices por el temor que corren en su aislamiento, al ser testigos
de lo que acontece con los abusos, y las violaciones de los derechos humanos.
Y otros, en la resonancia del lenguaje militar, exigen a la población civil
sacar de los territorios a los “actores armados”, como si la presencia armada
fuera responsabilidad de la sociedad, y cuando la misma Defensoría del Pueblo
se niega o dilata su presencia institucional cuando es requerida por la población.
Ese
talante de autoridad, y de vocero de los Derechos de la Población, poco a poco se ha ido perdiendo. Cuando
las denuncias, las constancias, los
oficios instaurados a nivel central – nacional- se delegan a lo local como
si allí, en medio de las presiones fuera posible aportar a una investigación imparcial. Desde la
Defensoría del Pueblo, en ausencia del Doctor CIFUENTES, el circuito de los rituales de recepción
de quejas se traslada a los escenarios de mayor debilidad, logrando, sin que ese sea su propósito,
eso creemos, fortalecer los mecanismo de impunidad, y la vulnerabilidad de
las personas a quiénes se les debe preservar la vida, la integridad personal.
Hoy
como nunca antes, las denuncias van de un lado para otro, como las alertas
tempranas, diluyendo en cadena de papeles, las responsabilidades institucionales,
al final nadie responde porque todo está descentralizado como el poder en
apariencia difuminado pero concentrado en decisiones eminentemente militares.
Ahora,
cumpliendo la formalidad del control, la oficina de queja comparten las Constancias,
las denuncias a las instancias
que son responsables de las violaciones de derechos humanos. Los abusos de
autoridad, realizados por agentes policiales, por ejemplo, son llevados a
la misma instancia de control interno de la policía, dónde las víctimas son
llamadas a ratificar la denuncia de los abusos.
Algo
grave, muy grave está sucediendo en la Defensoría, serias dudas sobre su independencia,
sobre su papel como ente de protección de los derechos de los ciudadanos está
sucediendo. La continuidad de esta misma percepción perdurará, pues cambios
sustanciales no se avisaron.
Como
son de extrañas, y de añoradas las auténticas Defensorías Comunitarias, ahora
diluidas en grandes porciones territoriales, donde escasamente alcanzan a conocer de oídas y por terceros
la situación de las poblaciones en el conflicto. Como se extrañan ahora las Resoluciones Defensoriales y
los Amicus Curie que dejaron Constancia de lo que pasó con muchas comunidades,
que apelaron, que recomendaron al conjunto del gobierno a obrar de acuerdo
con el Derecho Internacional e Interno.
Cómo se extraña su papel
veedor y defensor de la población ... triste papel cuando la sociedad civil
fortaleció a la Defensoría, gracias a lo cual logró el sostenimiento de la
comunidad internacional, ahora la Defensoría abandona su papel fundamental
y empieza a sintonizar con los ritmos descentralizadores de la Política de
Derechos Humanos del Presidente URIBE, mecanismo de disolución de las responsabilidades
del Estado. central.
De
nada valieron las solicitudes de organismos nacionales e internacionales de
Derechos Humanos al Gobierno Nacional de proponer a la Cámara de Representantes
ternas de candidatos a la Defensoría del Pueblo, con calidades que posibiliten
una actuación coherente con la Constitución del 91, y no , como muchos lo
expresan, elecciones al garante
de intereses políticos coyunturales personalistas y coherentes con las políticas
gubernamentales. Lo que se espera parece ser, la tendencia al desdibujamiento,
lamentable, lastimoso para la sociedad colombiana, ojalá la perspectiva fuera
otra, como expresión ética de la sociedad, el que la Defensoría estuviera
al lado de las víctimas y de los derechos de los ciudadanos frente a las violaciones
de derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, los recursos naturales
saqueados por empresas privadas, el desalojo de las tierras de los afrodescendientes
e indígenas por los paramilitares, y ante la institucionalización del paramilitarismo.
Algunas,
apartes de la percepciones del diario El Tiempo y de la Columnista MARIA JIMENA
DUZAN, en este mismo periódico ilustran las preocupaciones, días antes de
la elección del Defensor Nacional del Pueblo.
VER
ADJUNTO APARTES
EDITORIAL
Cuando
el monje hace al hábito
El
Tiempo, agosto 16 de 2004
(...)
Se trata de un organismo que no tiene mandato para obligar. Sin potestades
para sancionar, solo puede -como dicen sus informes- exhortar, recomendar,
insistir. Sin embargo, en un país desangrado por el conflicto armado y presa
de una de las crisis humanitarias más dramáticas del mundo, es decisivo su
papel como conciencia moral del Estado, crítica e independiente, en materia
de respeto y promoción de los derechos humanos. Clave para que la institución
pueda cumplir con eficacia esa misión es la persona misma del Defensor del
Pueblo. En mucha mayor medida que en el caso de otros funcionarios, a los
que la ley sí les da herramientas para hacer cumplir sus disposiciones, lo
que haga o deje de hacer la Defensoría depende de la voluntad, la autoridad
moral e intelectual y la independencia que tenga el Defensor.
Por
algo, en un comunicado de hace pocos días, la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que mira
con gran interés el proceso de elección del nuevo Defensor, diciendo que
su independencia e imparcialidad son indispensables. Por su parte, numerosas
ONG dirigieron al Presidente una carta en la que le proponen criterios
y le solicitan hacer públicos los suyos para seleccionar los candidatos de
la terna, a lo que este respondió que tendría en cuenta sus sugerencias.
(...)
Preocupa, además de que la Defensoría se convierta en cuota del Partido Conservador,
el bajo perfil de los candidatos a dirigirla. La labor del primero, el actual Defensor, Vólmar
Pérez, que reemplazó a Eduardo Cifuentes en septiembre pasado, contrasta
con los tiempos de su antecesor, cuando la Defensoría recordaba sistemáticamente
al Gobierno sus obligaciones en materia de prevención, protección y garantías
de derechos humanos. Pérez ha sido más discreto y raramente se ha escuchado
su voz frente a casos como los abusos que se presentaron con las redadas masivas,
las sistemáticas violaciones del cese de hostilidades de los paramilitares,
etc.
(...)
Porque al poco o mucho respeto que inspire la cabeza visible de la Defensoría
deben añadirse,
entre otros, su escaso presupuesto (cerca de 44mil millones de pesos este
año), una planta de menos de 500 funcionarios, congelada hace años, y el hecho
de que casi la mitad de su actividad depende de la cooperación internacional.
La
Defensoría -y el país- tiene planteado, además, otro reto: con la entrada
en vigor del sistema acusatorio, el papel de la defensoría pública (los abogados
que defienden a los acusados sin recursos económicos) será clave. Hoy, cerca
de 1.000 abogados contratados por la entidad, con un promedio de 80 o 90 casos
cada uno, no dan abasto y consumen cerca de la mitad del presupuesto de la
institución. Con el refuerzo técnico que tendrá la Fiscalía en el sistema
acusatorio (en el cual su única función será demostrar la culpabilidad), solo
una defensa pública fortalecida y con presupuesto puede garantizar este derecho
fundamental.
CRUCIAL
ELECCIÓN
¿El
Defensor de qué?
MARÍA JIMENA
DUZÁN
El Tiempo, 16
de agosto de 2004
(...) Es probable que la reelección
de Vólmar Pérez como defensor del pueblo mañana en la Cámara pase sin pena
ni gloria y que a nadie le parezca improcedente que se vaya a elegir a un
defensor del pueblo que se ha caracterizado -así lo dice la revista Semana-
"por manejar hábilmente los hilos del poder nombrando en la Defensoría a fichas
de representantes clave en la Cámara, además de ser particularmente complaciente
con el Gobierno".
(...)
A sabiendas de esta urgencia, no se entiende cómo el presidente Uribe,
en lugar de haber nombrado rápidamente una nueva terna, luego de la renuncia
de Cifuentes, optó por dejar encargado a Vólmar Pérez. De extracción conservadora
y con una importante trayectoria en la Defensoría, Pérez, sin embargo, no
registraba ni el talante ni el perfil público para asumir un cargo cuya importancia -por no tener dientes-reside
en el poder moral que representa a quien lo ocupa, así como en la independencia
que guarde frente al Ejecutivo en materia de la defensa de los derechos humanos
de los colombianos.
(...)
Uribe ha tenido a un defensor del pueblo en una situación de continua fragilidad,
ya que no ha dejado de estar en campaña, primero en busca de su elección y
ahora en procura de su reelección. Y a pesar de que él insiste en que su
gestión es impecable y transparente, que no ha entregado ni un puesto ni los
va a entregar, otra es la realidad con la que se le advierte en la Cámara
de Representantes, donde se le reconoce más como el "Defensor del puesto"
que como "el defensor del pueblo". También es vox pópuli el hecho de que
un hermano suyo trabaja como asesor de Rocío Arias, representante reconocida por ser cercana a las autodefensas. Al
menos, como para mantener la formalidad, Arias debería declararse impedida
en la reelección de mañana. ¿No cree usted, doctor Pérez?
(...)
Lo cierto es que hoy, mientras la Fiscalía ya tiene el dinero y la ley marco,
la Defensoría sigue siendo la cenicienta: no tiene el billete ni ley que
le permita enfrentar a una Fiscalía bien apertrechada a tan solo seis meses
de que entre en vigencia el sistema acusatorio. ¿Qué va a suceder, entonces,
con la defensa de los derechos de los colombianos que no tienen cómo pagar
un abogado costoso?
En
materia de derechos humanos, Pérez nunca se ha atrevido a decir nada que pueda
irritar al presidente Uribe. Ha sido un defensor del pueblo con un perfil
sospechosamente bajo, que poco se ha destacado como faro a la hora de defender
los derechos humanos
frente a los embates de la política de seguridad democrática.
Al presidente Uribe lo que le convendría sería un defensor del pueblo independiente,
con altura y talante necesarios para llevar a cabo no solo la defensa de los derechos humanos de
los colombianos, sino para impulsar la buena marcha del sistema acusatorio.
Optar por uno de bolsillo, que no polemice con él en temas de derechos humanos,
que no se interponga en su pelea con las ONG y que, además, complazca a ciertos
conservadores de la Cámara que
han dicho claramente que, si no les dan la Defensoría, no votan la reelección,
no es lo más procedente. Aunque gane Pérez, perdemos todos.