Por la El Derecho a la Vida y la Recuperación Democrática en Colombia.

El cambio del gobierno de Betancur por el de Barco se dio en medio de un alto grado de violencia, que el nuevo presidente prometía disminuir dando mayor poder a las Fuerzas Militares y expidiendo nuevas normas represivas, como el llamado Estatuto de la Democracia, sin tocar los problemas sociales. Estas medidas contribuyeron a agravar la situación, los grupos paramilitares crecieron con el apoyo de las Fuerzas Militares y la financiación del narcotráfico, constituyéndose en grandes ejércitos de la muerte, dotados de modernos armamentos y entrenados por mercenarios israelíes e ingleses para cometer las grandes masacres, entre otras recordamos: la de Cimitarra - Santander el 14 de abril de 1.987, con 10 muertos; Honduras y la negra en Antioquia, marzo de 1.988 - 17 muertos, Coquitos en Antioquia - abril de 1.988 - 26 muertos; Segovia en Antioquia - noviembre de 1.988 - 42 muertos; Caño Viejo en Santander 19 de febrero de 1.988 - 12 muertos; Llama Caliente en Santander 29 de mayo de 1.988 - 12 muertos; El Carmen en Santander 20 de julio de 1.988 - 10 muertos; La Rochela en Santander 18 de enero de 1.989 - 12 muertos.

En este período el Comité Permanente afronta una campaña muy grave de exterminio, el VI Foro de Derechos Humanos da cuenta de 22 de sus mejores miembros asesinados, entre ellos su Vicepresidente Nacional Héctor Abad Gomez y 6 Presidentes de Comités departamentales, sin que los asesinos fueran aprehendidos y castigados.

El Comité Permanente gravemente afectado por la guerra sucia, exigió del gobierno medidas efectivas para desarticular los grupos paramilitares y castigar a los responsables de organizarlos, financiarlos, entrenarlos y darles apoyo logístico en la ejecución de los crímenes.

De manera paralela a la degradación del conflicto armado, el Presidente Barco llegaba al pacto político por la paz y la democracia con el M-19 que consignaba aspectos importantes para la reconciliación, como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de aprobar una nueva Constitución, propuesta que fue apoyada por el Comité Permanente en su aspiración de lograr la consagración Constitucional de los Derechos Humanos.