El
X Foro Nacional por
los Derechos Humanos
EXIGE
EN FORMA INMEDIATA UN ACUERDO HUMANITARIO POR LA VIDA Y CONVOCA
A COMISIÓN DE IMPULSO PARA LOGRARLO
Con la asistencia de 1363 delegados y
delegadas de todo Colombia e invitad@s del mundo, el X Foro
Nacional por los Derechos Humanos, reunido en Bogota del 24
al 26 de mayo, examinó la realidad actual del conflicto
interno con el propósito de aportar soluciones constructivas.
Son
numerosas y variadas las tragedias que ha soportado el pueblo
colombiano a lo largo de la existencia del conflicto: miles
de víctimas inocentes han caído a lo largo del territorio
nacional, muchas de ellas niños, mujeres y ancianos, destrucción
de pequeños poblados, desplazamientos masivos, cientos de
asesinatos de líderes populares, exilio para millares de compatriotas,
etc. Pero quizás en los últimos años, el punto
dramático de la confrontación se ha expresado en la situación
de las personas detenidas, retenidas y secuestradas con ocasión
del conflicto político y social armado, que sufre Colombia.
La
ley no puede impedir al Estado proteger la vida y la libertad
de sus ciudadanos; por el contrario, las leyes deben favorecer
a la sociedad, proteger los derechos humanos, con mayor razón
en un Estado Social de Derecho. Por eso, las leyes se interpretan
de acuerdo al contexto histórico, social y político. Si se interpretan, en nuestro caso, desconociendo
la existencia y la dimensión del conflicto, desde luego que
no será posible un intercambio humanitario.
La supresión del estatus político a la
insurgencia no puede servir de excusa al gobierno para negar
la magnitud del conflicto interno armado.
El conflicto existe y es reconocido no sólo internacionalmente
sino en la propia legislación nacional, tal como lo expresan
la Ley 418 de 1997 (Ley para la búsqueda de la convivencia)
y la Ley 600 de 2000 (Código Penal) en sus artículos 135 a
164 (delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH),
además de los considerando jurídicos que sustentaron el Acuerdo
Humanitario suscrito, entre el gobierno de Andrés Pastrana
y las FARC, en San Vicente del Caguán el 2 de junio de 2001.
Así las cosas, el sufrimiento aislado
de los familiares con seres queridos en cautiverio, paulatinamente
se ha convertido en el dolor y la angustia de millones de
colombianos, que se resisten a prolongar esta expresión de
crueldad que nos origina el conflicto.
Hoy el clamor por el intercambio humanitario,
se expresa en las voces de expresidentes, la Iglesia, partidos
políticos, sindicatos, academia, ONG de derechos humanos e
iniciativas de paz, que sin vacilar han acompañado en esta
etapa a las afligidas familias de las víctimas.
Por ello, EL X FORO NACIONAL POR LOS
DERECHOS HUMANOS insiste en la urgencia de la suscripción
de uno o de varios Acuerdos Humanitarios por la Vida, que
tengan propósito excluir a los civiles de las estrategias
de guerra anteponiendo la vida, la dignidad y la libertad
de las personas sobre cualquier consideración del orden militar.
Igualmente, EL X FORO exige a las “partes”
desvincular de los propósitos humanitarios del intercambio,
cualquier discusión sobre el estatus político o militar; excluir
los epítetos descalificatorios que describen al adversario;
imponer condiciones para futuras negociaciones políticas de
fondo; o establecer la obligatoriedad de comportamientos futuros.
En consecuencia EL X FORO, urge al gobierno
nacional y a la insurgencia a que en forma inmediata, y sin
más dilaciones, procedan a designar sus representantes oficiales,
para que discutan y acuerden los términos del intercambio
humanitario que Colombia entera reclama.
CONTENIDO E IMPULSO DE LOS ACUERDOS HUMANITARIO
POR LA VIDA
El X FORO presenta hoy la propuesta de
uno o varios Acuerdos Humanitarios por la Vida, en tanto quiere
referir la urgencia de que las partes concerten la paulatina
superación de la crisis humanitaria derivada del conflicto
interno armado y que ha provocado la larga privación de la
libertad de miembros de la fuerza pública y de un grupo de
autoridades y personalidades de la vida nacional, al igual
que cientos de civiles víctimizados directamente por las operaciones
de guerra, los detenidos desaparecidos y los prisioneros políticos
confinados en los establecimientos carcelarios del país y
a quienes el gobierno conculca sus más fundamentales derechos,
adjudicándoles además el calificativo de “terroristas”.
El
o los Acuerdo Humanitarios por la Vida, deben expresar contenidos
de iniciativas humanitarias dirigidos a:
1.
Disminuir la
intensidad del conflicto.
2.
Propiciar el
respeto a la población civil durante las operaciones de guerra.
3.
Proteger a
la población civil, acordando espacios formas de protección
especial (zonas protegidas, zonas desmilitarizadas, albergues
de refugiados, respeto a comunidades de paz o declaradas en
resistencia).
4.
Respetar incondicionalmente
las misiones médicas y de asistencia humanitaria, los defensores
de derechos humanos (incluyendo los institucionales: Personerías,
Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas), los establecimientos
escolares, sus estudiantes y docentes, así como los bienes
culturales de la Nación.
5.
Entregar periódicamente,
en todas las regiones del país pruebas de supervivencia de todas las personas privadas de la libertad
con ocasión del conflicto, así como las condiciones de cautiverio.
6.
Abstenerse de realizar actos que conduzcan
al agravamiento del conflicto.
En ese sentido, la insurgencia debe abstenerse de secuestrar
y de tomar nuevos rehenes y el gobierno debe abstenerse de
emprender acciones militares de rescate debido al riesgo que
ello implica para la vida de los rehenes.
7.
Liberar a las
personas en cautiverio con ocasión del conflicto.
8.
Dignificar las condiciones de vida de
los opositores políticos encarcelados, reconociendo su condición
de rebeldes y respetando el núcleo inderogable de sus derechos
humanos.
9.
Preservar el
medio ambiente en el que se desarrolla la guerra, y particularmente,
la biodiversidad propia de ecosistemas escasos en el mundo
como son los páramos, el bosque andino y la selva tropical
húmeda.
10.
Propiciar la paulatina desmilitarización
de la vida nacional.
11.
Posibilitar la realización efectiva
de los derechos humanos entre ellos los derechos económicos,
culturales y sociales de la población colombiana.
12.
Rechazar la presencia de tropas extranjeras
en territorio colombiano, y en tanto su abusiva permanencia
se prolongue, sin excepción alguna sus miembros deben someterse
al D.I.H. y a respetar los D.H.
13.
Contribuir a la reanudación de negociaciones
de paz.
MECANISMOS DE IMPULSO
DEL O DE LOS ACUERDO HUMANITARIOS POR
LA VIDA
EL X FORO constata que las múltiples
propuestas humanitarias, exigen también diversas formas de
impulso. Por tanto, la implementación de cualquier
Acuerdo Humanitario por la Vida exige la plena movilización
de las víctimas, de los movimientos sociales y de paz y de
Derechos Humanos, que aseguren su cumplimiento.
De allí que los compromisos de dicha movilización son:
1.
Exigencia a
las “partes” (movimientos insurgentes y Estado) de pronunciamientos públicos referidos al comportamiento humanitario
en el transcurso de sus acciones.
2.
Conformación de comisiones de aproximación
y exploración de los acuerdos.
3.
Conformación de comisiones de verificación
(supervivencia de las personas privadas de la libertad con
ocasión del conflicto, limitación y uso proporcional de las
armas de guerra, entre otras).
4.
Solicitud y
convencimiento de la importancia de la facilitación internacional
(C.I.C.R., Naciones Unidas, países amigos de diálogo).
5.
Mediación de
personalidades y organizaciones nacionales.
6.
Gestos de buena
voluntad del gobierno y manifestaciones unilaterales de la
insurgencia.
7.
Impulso a la
suscripción de acuerdos humanitarios especiales y regionales
(por ejemplo, la urgencia de un Acuerdo Humanitario Ambiental
en la región de Sumapaz, para proteger el ecosistema de páramo,
restringiendo las operaciones del Batallón de Alta Montaña
del Ejército Nacional y de los frentes guerrilleros).
Tales impulsos en su divulgación e implementación
inmediata, constituyen un compromiso de honor para los asistentes
al FORO.
COMISIÓN
DE IMPULSO AL O LOS ACUERDOS HUMANITARIOS POR LA VIDA
EL X FORO NACIONAL insta a la conformación
de manera urgente de la Comisión de Impulso al o los Acuerdos
Humanitarios por la Vida, cuya conformación expresará
sin restricción alguna la representación decidida de las organizaciones
sociales y de derechos humanos, de las organizaciones sociales
y políticas, de la academia y de la intelectualidad, de las
organizaciones estudiantiles, de los familiares de las víctimas
del conflicto, las iniciativas de paz y en general por todos
aquellos que en defensa de los derechos humanos quieran y
decidan actuar.
La Comisión de Impulso debe abordar con
prioridad, entre otras las siguientes iniciativas:
1.
Facilitar el
acercamiento inmediato de las partes, exigiendo la designación
de sus voceros para el o los Acuerdos Humanitarios por la
Vida.
2.
Proponer una
tregua general, en todo el territorio nacional, por un tiempo
definido de tres (3) meses, inicialmente, para adelantar contactos
con las organizaciones guerrilleras sobre dos tópicos a saber:
a) El Intercambio humanitario; b) La exploración de los aspectos
conducentes a un acuerdo de paz. Se trataría de conversar
sin condiciones previas y sin operaciones militares que impidan
la búsqueda de acuerdos.
3.
Interlocución en todos los sectores nacionales
e internacionales vinculados con el tema (expresidentes, iglesia,
gobiernos extranjeros, etc.)
4.
Adelantar acciones
que permitan obtener al intercambio de personas privadas de
la libertad con ocasión al conflicto y asegurar la protección
de la población civil.
SOLUCIÓN
POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO
EL X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS propone
una paz real, paz como bien público construido socialmente,
paz desde ya y no después de una guerra prolongada de destrucción
masiva.
EL X FORO mantiene su irrevocable adhesión a la paz
como salida política del conflicto armado, y considera que
la solución a este conflicto debe ser política y negociada
y sentar las bases para una paz con justicia social.
Para el logro de este objetivo, el Estado debe ser
el aportante esencial, lo que sumado a la cooperación internacional
en el orden político, diplomático y económico y con el pleno
ejercicio de la autodeterminación nacional, garantiza la eficacia
de este propósito nacional.
LA DEMOCRACIA ES LA ALTERNATIVA A LA GUERRA,
SU RESTRICCIÓN ESTIMULA EL CONFLICTO
El gobierno del Presidente Uribe echó mano del viejo
expediente de la “guerra integral”, que aunque con nuevos
elementos, es la misma política fracasada de los últimos años,
consistente en creer que a la guerrilla se le puede llevar derrotada
a la mesa de negociaciones para firmar la rendición, lo cual
como se ha visto, no solo es una falsa pretensión, sino que
solo ha servido para agudizar el conflicto y la confrontación.
Estatutos antiterroristas, zonas de consolidación y
rehabilitación, criminalización de la protesta social, asesinato
sistemático de luchadores sociales y anuncios verbales (de
tierra arrasada), lejos de constituir una política de seguridad
democrática, expresan el carácter guerrerista, intolerante,
enemigo de paz y reaccionario del gobierno.
Colombia necesita democracia y la solución política
del conflicto interno, es la puerta para alcanzarla.
EL X FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS en contravía
al interés de los gobernantes y de la mayoría de los medios
de comunicación a su servicio, le apuesta sin vacilación alguna
a la solución política del conflicto.
La guerra y sus fatales resultados no es la solución
deseable a los problemas que aquejen a la patria, así la mayoría
de los medios de comunicación y el gobierno de Uribe pretendan
hacérnoslo creer.
La guerra por el contrario, ahondará el atraso económico,
la desigualdad social y aumentará el número de víctimas, particularmente
entre las inmensas masas desposeídas y sin protección estatal
alguna. Nuestra
experiencia de casi 50 años ininterrumpidos del conflicto,
así lo han demostrado una y otra vez.
El conflicto colombiano es sui generis y su génesis
está en razones políticas, sociales, económicas e históricas,
que deben erradicarse en la búsqueda de los acuerdos de fondo
para construir una nueva Colombia.
Estamos, pues, ante un conflicto político, social y
armado que deviene del vacío democrático y de las profundas
desigualdades sociales.
Sobre todo de la práctica de la clase dominante bipartidista
de gobernar mediante el ejercicio de la violencia y de la
exclusión política y social.
El conflicto colombiano está en mora de resolverse
por la vía de la solución política negociada, aunque encuentra
el principal obstáculo en la renuencia del establecimiento
a discutir los problemas fundamentales.
La clase dominante colombiana demuestra en exceso su
mezquindad.
Visto así el asunto, los procesos de solución política
del conflicto colombiano están en estrecha relación con los
cambio s políticos, sociales y económicos en el país. Es decir, de una apertura democrática,
política y social que marque un nuevo orden nacional e institucional.
Se trata de construir una nueva Colombia, sobre bases
políticas y sociales avanzadas, de relación estrecha y democrática
entre el estado y sus ciudadanos, con pluralismo, tolerancia
y participación efectiva en los asuntos del Estado.
EL
VALOR Y EL SIGNIFICADO DE LOS ANTERIORES PROCESOS DE PAZ
Son múltiples las enseñanzas y experiencias acumuladas
por el pueblo colombiano a través de los anteriores procesos
de paz. Su importancia
y el significado de los mismos, no podrán ser borrados de
la memoria colectiva tal como afanosamente lo pretenden en
particular los círculos del poder, “satanizándolos” para mantener
intacta su terca postura de no ceder un ápice de su poder
político y económico.
Las conversaciones de paz adelantadas por la insurgencia
y el gobierno de Pastrana, permite destacar entre otros los
siguientes logros:
Los 10 puntos de la Agenda Común para el cambio, convenida
en la Machaca. Agenda
común que sin lugar a dudas constituye el logro mas importante
de las conversaciones, porque ahí están contenidos los temas
políticos, sociales y económicos de cuya solución concreta
podría sobrevenir la paz con democracia y justicia social.
La Agenda Común, es la carta importante de navegación
hacia la solución política negociada del conflicto interno.
La realización de las audiencias públicas, multitudinario
escenario de la participación ciudadana en los diálogos de
paz.
El intercambio humanitario de prisioneros de guerra
enfermos, que trajo como resultado la decisión unilateral
de las FARC-EP de dejar en libertad a 350 soldados y policías
retenidos.
El acuerdo de Los Pozos, suscrito por el Presidente
Pastrana y el Comandante Marulanda en febrero de 2001 que
relanzó el proceso de paz en un momento de dificultades.
El informe de las Comisiones de Notables, bien recibido
por las partes y por amplios sectores del país, donde se establecían
recomendaciones concretas para disminuir la intensidad del
conflicto y acabar el fenómeno del paramilitarismo entre otros
aspectos.
El acuerdo de San Francisco de la Sombra, que introdujo
importantes elementos humanitarios para dinamizar el proceso
de paz en su conjunto, entre ellos, claros compromisos de
las FARC-EP con el D.I.H., entre ellos el de suspender las
llamadas pescas milagrosas.
El cronograma aprobado el 20 de enero de 2002 y la
decisión del acompañamiento internacional de las Naciones
Unidas y del grupo de países amigos y facilitadores, adoptadas
posteriormente.
Los anteriores aspectos, por si solos, validan el valor
y la importancia histórica de las negociaciones adelantadas
durante el gobierno Pastrana, y a su vez de puente para los
futuros diálogos y negociaciones que deben producirse en el
país.
Por lo tanto, no pasa inadvertido para EL X FORO NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS, el retroceso que para la solución política
del conflicto armado significó la ruptura unilateral por parte
del gobierno de Pastrana de los diálogos y negociaciones de
paz adelantadas en el Caguán.
ASPECTOS Y PARTICULARIDADES DEL ACUERDO
PARA LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA
En su negativa para concertar la paz, entre otros argumentos,
le gobierno y los círculos dominantes que lo rodean, han difundido
la especie de que “el estado no se va a entregar a retazos
a la subversión”, y que tampoco resulta admisible hacer una
“revolución concertada” con la “insurgencia totalitaria”.
Nada más engañoso.
Tales argumentos son apenas una forma de soslayar la
necesidad de los cambios democráticos y de establecer un sesgo
peyorativo a la negociación de los temas de fondo y propios
para un acuerdo de paz en la coyuntura histórica actual.
Lo cierto es que la plataforma de la insurgencia es
un catálogo de reivindicaciones democráticas, de contenido
económico y social a favor de la inmensa mayoría.
Ni dictadura del proletariado, ni socialismo representa
por ejemplo, la agenda común de los 10 puntos, suscrita entre
el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP, ni
las peticiones del ELN presentadas al Gobierno Nacional y
a la sociedad colombiana con miras a iniciar diálogos.
De otro lado, EL X FORO resalta la importancia de la
participación de la sociedad civil en la búsqueda y definición
del acuerdo político que ponga fin al conflicto armado. En efecto, la búsqueda de la paz es un
compromiso de todos y para todos.
Por lo tanto construir la integridad de la paz supone
acreditar el pensamiento, dotar de eficacia a la participación
y construir genuinos pactos de convivencia.
La paz no puede ser una publicidad electoral y menos
aún la voluntariedad del gobierno de turno. La paz debe ser considerada política de
Estado y como tal debe tener continuidad y proyección como
estrategia histórica del desarrollo de la sociedad.
La movilización social, los diálogos regionales y municipales,
los pactos de convivencia locales contemplando asuntos como
las políticas productivas, la problemática de tierras, el
empleo racional de recursos materiales, asuntos de vivienda,
educación, justicia, empleo, servicios públicos y seguridad
social, etc., son estímulos para alcanzar la paz concertada
que todos anhelamos.
En conclusiones, para lograr la solución política al
conflicto interno, resultan indispensables las reformas políticas
y económicas avanzadas, un mayor equilibrio social y una amplia
movilización de todos los sectores del pueblo colombiano.
La solución política al conflicto debe dar origen a
un Estado autónomo, democrático, con soberanía y libre de
ataduras a los organismos internacionales financieros y a
la égida de los Estados Unidos.
La solución política al conflicto es el inicio de un
nuevo modelo democrático de las relaciones entre el Estado
colombiano y sus ciudadanos, y es el principio de la construcción
de una nueva sociedad en paz y en progreso.
Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Colombia
X Foro Nacional por los Derechos Humanos,
las Libertades Democráticas y la Solución
Política del Conflicto
Tribuna Internacional Contra la Impunidad
Bogotá, 26 de abril de 2003.
