Relatoría No. 3

 

COMISION SOBRE POLÍTICA  ECONÓMICA, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ALCA

 

Para el inicio de esta temática presentaron sus ponencias, Jairo Estrada, economista y Politólogo de la Universidad Nacional y Cervulo Bautista, dirigente de la CGTD; las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

 

La primera ponencia se refirió al Plan de Desarrollo planteado por el gobierno actual, que enuncia 4 componentes principales; el primero, la concepción gubernamental de Estado Comunitario; el segundo sobre el Estado Comunitario de orden capitalista, el tercero fundamenta la política de Seguridad Democrática y el cuarto componente habla de las políticas dirigidas a los Derechos Humanos.

 

El primer componente contiene 6 puntos característicos: el estado participativo, estado gerencial, construcción de equidad social, seguridad democrática, empleo y seguridad, transparencia y eficacia.

 

La base del segundo componente se ubica en la seguridad democrática que propone crecimiento económico, prosperidad social y gobernabilidad democrática. El Estado Comunitario es un régimen político, autoritario y fascista porque define la seguridad  en función de garantizar el orden público a través del estado de conmoción interior.  Este autoritarismo que nos muestra este gobierno va acompañado de un REFERENDO  creado para legitimar todo su aparato económico, político y social, incrementado de esta manera los costos de la guerra; con el apoyo de los EEUU, país que se ha proyectado como un régimen de acumulación de las riquezas sustraídas de los países subdesarrollados o mal llamados tercermundistas.

 

Por su parte, el F.M.I. exige garantizar el pago de la deuda a partir de un ajuste fiscal.  Además esto requiere incorporar al país en un Estado transnacionalizante con base en lo estructural y coyuntural; lo estructural plantea desregular y buscar el estado mínimo, es decir un estado reducido y sin responsabilidades sociales.

 

Con respecto a lo coyuntural el gobierno plantea equilibrar y estabilizar la macroeconomía en lo concerniente a la inflación y régimen cambiario; para lograr lo anterior se ha propuesto:

 

1.                 Un acuerdo extendido con el FMI.

2.                 La implementación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas).

3.                 La inclusión del Referendo.

4.                 Cumplimiento de todo el Plan de Desarrollo.

 

Todo el esfuerzo esta en el  “Ajuste Fiscal”, condición para garantizar el financiamiento de la guerra, el pago de la deuda externa y mantener la estabilidad macro-económica.

 

Lo cierto es que a pesar de todas estas medidas la deuda continua creciendo a costa de la miseria y el deterioro social de la población Colombiana, anotando que el pago de la deuda se lleva el 40% del P.I.B. y además que le proporciona 4 puntos del P.I.B. a las fuerzas militares del Estado.

 

Por esto es que las reformas apuntan hacia los ingresos representados en impuestos al patrimonio y reforma tributaria.

 

La concepción de los gastos va orientada a hacer una reforma al Estado por medio del Referendo dándole de esta manera facultades especiales; como el manejo de los activos públicos, cambio en la Ley 80 (que define políticas de contratación), Reforma Laboral y Pensional o reformas de segunda generación, Ley de responsabilidad fiscal que consiste en una política de estado de no gastar a futuro mas de lo que entra.  Incrementando así la desfinanciación del gasto social, afectando los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin soslayar los problemas existentes en el D.I.H. y los Derechos Civiles.

 

Posteriormente se dio exposición a la segunda ponencia central a cargo del compañero  Cervulo Bautista de la C.G.T.D.   

 

Parte del interrogante ¿qué pretende el estado Comunitario?

 

Descargar sus obligaciones en la comunidad.        

 

¿Qué es el Estado gerencial?

 

Dividir tecnocráticamente en problemas de gravedad política generando impunidad, el debilitamiento de la Justicia y agudización de la crisis social; lo que incluye la reforma educativa, reestructuración de más de 700 hospitales y 5000 km. de carretera.  Resaltando nuevamente que todo el Plan de Desarrollo va dirigido a subordinar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Civiles a la política de seguridad en donde la palabra “PAZ” desaparece del programa gubernamental.

 

Igualmente contamos con la participación de los profesores Alfonso Conde; fundador de la Federación de Profesores Universitarios y docente de la Universidad Nacional y Héctor León Moncayo, investigador social, ex–director de ILSA.

 

Los análisis presentados corresponden a las diversas variaciones de la economía colombiana a partir de la adopción de políticas que contrarían posibilidades de desarrollo y crecimiento económico; evidenciándose una desinversión en el país en todas las áreas de la industria; planteamiento que se fundamenta con las cifras y datos estadísticos aportados que nos permiten medir las fluctuaciones en las diversas ramas de servicio, la distribución y la concentración de la riqueza, los elementos generados del déficit fiscal, los ingresos y gastos del Estado y el nivel de injerencia y sometimiento de los dictámenes del fondo monetario internacional; imponiendo una serie de Reformas como la laboral, pensional y tributaria; negando de paso derechos y garantías de los trabajadores y pueblo en general; generando así mayores niveles de pobreza, miseria y desempleo como consecuencia de la política anti-social en sectores fundamentales como salud, vivienda, educación, etc.

 

ANÁLISIS EN LA PLENARIA DE DISCUSIÓN

 

En este mismo orden de ideas, las intervenciones de los asistentes se centraron en los siguientes aspectos:

 

1.      La implementación del modelo neoliberal, que tiene su mayor sustentación con la aprobación de la Reforma laboral Uribista que recorta garantías y derechos a partir del desmonte de las convenciones colectivas de trabajo.

2.      La capitalización de empresas públicas como expresión del desmonte de la función social del Estado y como paso definitivo para la entrega del patrimonio público al capital transnacional, tal como se pretende con las empresas municipales del Cali – EMCALI.

3.      El análisis del impacto de la política neoliberal en las diversas relaciones del país a partir de la privatización y liquidación de empresas, como es el caso de MINERCOL y el consiguiente saqueo de los recursos naturales y la amenaza que se cierne sobre TELECOM, ETB, ECOPETROL, el sector salud y la universidad pública; lo cual agudizaría la crisis social e incrementaría los niveles de desempleo.

4.      La caracterización política que permita  las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional, los empresarios y la multinacionales con la adopción de megaproyectos y el impulso del proyecto paramilitar orientado a controlar amplias zonas de desarrollo económico e industrial expulsando a la población que habita en dichas áreas, originando así el drama del desplazamiento forzado.

5.      La implementación de análisis que posibiliten una mayor profundización de los agentes generadores del desempleo y la socialización de los datos estadísticos que admitan medir el incremento desmesurado de dicho flagelo.

6.      La interpretación social de las verdaderas intenciones de los EE.UU con el  ALCA como instrumento que facilita el apropiamiento de las economías y el saqueo de los países latinoamericanos; creando una explotación de la fuerza del trabajo y la violación de la soberanía nacional con la entrega de los recursos naturales por parte de los Gobiernos lacayos.

7.      Los desafueros del Gobierno Nacional en cabeza de su Ministro del Interior al pretender establecer reformas al sistema judicial limitando su autonomía e independencia con la modificación de las funciones a la Fiscalía, la intención de acabar las Personerías y Contralorías y el recorte de los alcances de la Acción de Tutela; dejando abiertas las puertas a la impunidad total.

8.      La necesidad de campañas educativas que pretendan profundizar sobre el grado de afectación para el pueblo colombiano con la aprobación del referendo uribista que pretende desmontar la función social del Estado, la privatización de empresas estatales como fiel mandato del Fondo Monetario Internacional y el otorgamiento de poderes omnímodos al Presidente perpetuando el bipartidismo y reduciendo el espacio de actuación de proyectos alternativos.

9.      El análisis de la difícil y compleja situación del campo colombiano a partir de la adopción de políticas gubernamentales tendientes a generalizar la ruina y a incrementar la miseria con la importación víveres y bienes de consumo como directa amenaza de la seguridad alimentaria y del desconocimiento de las demandas de las organizaciones campesinas con la promulgación de una Reforma Agraria integral.

10. La implementación de Reformas al Sistema Educativo con el claro propósito de acelerar la privatización de la educación atentando contra el carácter público de la misma; ya que conceptos como cobertura, calidad y autonomía se encuentran vulnerados con la adopción de requisitos como la estratificación socio-económica del estudiante por fuera de sus realidades y posibilidades; la autofinanciación de las universidades públicas a partir de la Ley 30, el poco estímulo a la investigación y la falta de espacios locativos para el desarrollo de actividades educativas,; situación que se corresponde con la Universidad del Atlántico, lo cual llevó a los estudiantes a adelantar la ocupación de sus instalaciones como forma de protesta y exigencia a reivindicaciones.

11. El rechazo total al Plan Nacional de Desarrollo de Uribe Vélez; el cual está orientado a cercenar los derechos y garantías de los trabajadores y sectores populares; dicho plan privilegia la inversión militar, recorta el presupuesto para la inversión social y define la liquidación de empresas estatales.

 

PROPUESTAS PARA LA CONCRECIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

 

1.      Recoger las conclusiones emanadas del Congreso Nacional Agrario y asumir el mandato agrario como herramienta de trabajo del Movimiento Sindical y sectores sociales y populares.

2.      Establecer niveles de compromiso y coordinación entre las organizaciones sociales y populares con el impulso de los Comités de lucha contra el ALCA.

 

Participar en las acciones continentales en rechazo a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC); como la movilización proyectada para julio y septiembre en Cancún – México y en la peregrinación a Trujillo (Valle) para el próximo 10 de mayo.

 

Nota: Adjuntan información inicial de la propuesta.

 

3.      Conformar comisiones por sectores sociales las cuales proporcionarán mayores niveles de investigación y análisis frente al grado de vulnerabilidad y a la permanente violación de derechos humanos; estas comisiones serán un punto de apoyo y una referencia para el CPDH.

4.      Participar en la marcha universitaria contra la política de seguridad democrática convocada inicialmente para el 5 de junio de 2003.

5.      Adelantar la campaña nacional e internacional en solidaridad con los presos políticos, determinando para ello un Tribunal Especial de Denuncia.

6.      Pronunciamiento del X Foro Nacional de Derechos Humanos en los siguientes aspectos:

a)     Contra la intromisión de los EEUU en el sistema carcelario a través del Buró Federal de Prisioneros.

b)     El respeto a los derechos de la población carcelaria.

c)      Rechazo a la militarización de las plantas de ECOPETROL y la exigencia del levantamiento inmediato de las restricciones contra trabajadores de la USO a quienes se les impide el ingreso a las áreas de trabajo. Vincularse solidariamente a la justa lucha de los trabajadores Petroleros.

d)     La exigencia de la libertad inmediata del compañero Francisco Cortés, dirigente agrario, el cual fue detenido en Bolivia.

e)     La exigencia de plenas garantías para el ejercicio de la actividad sindical, rechazando los planes de exterminio contra dirigentes sindicales y la penalización y la criminalización de la protesta social.

f)        Solidaridad con los cinco prisioneros Cubanos quienes se encuentran detenidos en cárceles de los Estados Unidos como producto de un montaje del Gobierno de Bush.