Relatoria Comisión 4

Problemática regional y sectorial.

Informes de Foros Preparatorios y testimonios

En la comisión se leyeron y escucharon 75 ponencias en las que se presentó la aguda situación de derechos humanos, en ellas se expuso una muestra de esta problemática a lo largo y ancho de la geografía nacional y en los diversos sectores sociales.

Estas ponencias dejaron oír las denuncias del movimiento sindical, indígena, campesino, desplazados, mujeres, familiares de presos políticos, comunales, estudiantes y jóvenes, vendedores ambulantes, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, transportadores, negritudes, etc.

Tras escuchar las denuncias esta comisión concluye lo siguiente:

1. El país asiste por cuenta de las políticas sociales y económicas adoptadas por los gobernantes a un preocupante deterioro de la calidad de vida de los colombian@s reflejada especialmente en crisis alimentaria, de acceso a la salud y educación pública y un creciente desempleo, aumento descarado de impuestos y tarifas de los servicios públicos y, en contratos, una pérdida del valor real de los salarios.

2. Se ha perdido la concepción de salud y educación pública, en cambio el Estado estimula la privatización de los mismos. En el caso de la salud se presentaron las denuncias del cierre de hospitales y la precarización del servicio en las que aún permanecen abiertas para llevarlas al cierre por “falta de competitividad”. En la educación se asiste a un proceso del pérdida de la calidad, aumento de la jornada laboral y una entrega de la infraestructura educativa al sector privado. El estado pretende desentenderse absolutamente de su responsabilidad para atender adecuadamente la educación pública, especialmente en lo que concierne a los sectores mas necesitados de la sociedad.

3. En general se advierte un proceso de privatización y de deslaboralización que se traduce en desempleo, tal proceso es la consecuencia del compromiso gubernamental de cumplir las imposiciones del Plan de Ajuste del FMI y la complacencia de nuestros gobernantes para entregar el país a los intereses de las transnacionales.

4. Hay un aumento de la problemática de comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes resisten una feroz campaña que busca romper con su identidad cultural tras el interés de despojarlos de sus tierras, desplazándolos.

5. Registra un agravamiento del fenómeno del desplazamiento especialmente después de adoptar las medidas de “seguridad democrática” y “orden público” del Presidente Uribe; las Zonas de Rehabilitación, la Red de Informantes, Soldados Campesinos, etc. Este agravamiento se traduce en la práctica en desmonte de la Ley 387 del 1997 y los decretos que propenden por los derechos humanos de los refugiados Internos, se denunció en la comisión la política de retorno forzado que se impone en el presente gobierno sin mirar las garantías de seguridad, sostenibilidad, ni concertación a las comunidades afectadas.

6. Mujeres, continúa la discriminación y marginación. Se reconoce que las mujeres son el sector más afectado por la violencia, colocándose como víctimas y por ende al frente de la reconstrucción del proyecto de vida.

Se llama a contribuir con la organización de las mujeres, reconociendo el trascendente papel que ellas juegan en la construcción de una sociedad democrática y con justicia social.

7. De la situación de represión generalizada no han escapado ni colegios, ni universidades, hasta donde ha llegado la estigmatización que se traduce en hostigamiento, persecución, amenazas, detenciones y allanamientos arbitrarios hasta la desaparición, el desplazamiento y asesinato de líderes y activistas.

8. Los vendedores ambulantes ha manifestado que su condición es consecuencia: en unos casos del desplazamiento, en otros, de los despidos masivos y la falta de oportunidades. El Estado no cumple con su obligación constitucional de garantizar el derecho al empleo a los ciudadanos y cuando estos buscan sobrevivir recurriendo a la informalidad entonces reciben un trato de delincuentes; las administraciones locales han desatado una persecución brutal a su labor desconociendo y violando los derechos humanos al trabajo y las libertades en cumplimiento de campañas neoliberales de “ciudades amables” sin vendedores ambulantes en las calles.

9. De manera preocupante se advierte el aumento de la prostitución en especial la infantil a consecuencia del deterioro de la calidad de vida y efecto de la guerra y el desplazamiento.

10. Los campesinos denuncian la persecución desatada contra este sector, orientada en lo fundamental a hacer del país un país sin soberanía alimentaria y convertirnos en clientes de las transnacionales de los alimentos.

11. En el marco político, se evidencia que hoy el paramilitarismo es un fenómeno nacional que hace presencia en el campo y la ciudad, e igualmente se reconoce que paramilitarismo y Fuerzas Armadas son parte de un único proyecto de Estado orientado a dividir toda forma de organización y oposición popular.

12. La pretensión del Estado a través del proyecto paramilitar, que hoy pretenden legalizarse, y las fuerzas militares es el desmovilizar y desarticular la lucha social y cuando no lo logran tratan de incorporar y de poner a su servicio las organizaciones sociales, este plan lo implementa a través de la guerra sucia que incluye amenazas, desplazamiento, robo y apropiación de bienes, desaparición y asesinatos. La entrega de bienes a la población afecta el proyecto paramilitar. Si esta táctica no logra los objetivos, viene la criminalización y judicialización para lo cual se sirven de testigos secretos, informantes que se encargan de burdos montajes que terminan privando de la libertad a dirigentes y activistas sociales. Se advierte de preocupante manera la extensión del conflicto armado que hoy se vive indistintamente en campos y ciudades.

13. Los familiares de Presos Políticos nos dejaron conocer la aplicación del nuevo sistema carcelario diseñado y dirigido por el buró de cárceles de los Estados Unidos. Este sistema se basa en la negación de los más mínimos derechos de los internos expresando así aislamiento y degradación humana, aumento de penas y negación de beneficios.

Los familiares de los detenidos son sometidos a humillantes jornadas a la hora de la visita.

14. Queda bastante claro en todo este panorama, la inexistencia de administración de justicia en Colombia, al contrario se evidencia que instituciones como la Fiscalía General de la Nación trabajan en asocio con las fuerzas militares para perseguir y judicializar a la oposición, lo mismo que al Movimiento Social y Popular.

De igual manera el X Foro expresa su preocupación por el tímido, ineficiente y lento papel jugado por los órganos de control, quienes no profundizan con las investigaciones sobre estos hechos y de esta manera contribuye a extender el terrible manto de la impunidad que cubre el país.

Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad no hay justicia, en este sentido se solicita la implementación de un tribunal independiente del Estado que permita castigar o sancionar a los responsables de estos, esta experiencia debe recoger la vivencia de otros países y contribuir de manera solidaria a superar la tragedia del pueblo colombiano, esclareciendo la verdad y haciendo justicia.

15. Los delegados cuestionaron el papel jugado por los medios masivos de desinformación los que ocultan la voz adolorida de la población y están del lado del proyecto de guerra, privatización y enriquecimiento de unos pocos; en tal sentido se llama a fortalecer los medios alternativos de comunicación en todos los niveles y ámbitos.

16. Toda esta situación es solo la expresión de una estrategia del Gobierno de los EE.UU. y sectores dominantes que aplican el exterminio, la represión y el hambre como política para el pueblo colombiano. Se reconoce que la situación colombiana es particularmente grave, pero no exclusiva, ella es parte de una estrategia global del capital financiero internacional para los pueblos del mundo, hoy disfrazada bajo denominación de lucha contra el terrorismo y seguridad democrática.

17. La comisión hizo llamamiento al establecimiento de acuerdo humanitario que abogue por la humanización del conflicto y desvincule a civiles de éste, igualmente se reclama la solución negociada al conflicto social y armado con la participación de sectores populares con capacidad de incidir en la toma de decisiones, que traiga implícito la solución a los graves problemas sociales, económicos y políticos del pueblo colombiano. Esta solución implica también fin a la impunidad, castigo a los responsables de los crímenes y violaciones a los derechos humanos.

18. El pueblo Colombiano tiene la esperanza en que la oficina del Alto Comisionada de la ONU para los derechos Humanos, la Comisión Interamerica para los derechos humanos, el Cuerpo diplomático con presencia en Colombia, la Unión Europea y, en general la Comunidad Internacional hagan un seguimiento cercano y sistemático a la política de “seguridad democrática”, con criterio independiente, y observen las implicaciones que esta tiene sobre las libertades públicas y los derechos humanos. El mundo debe levantar su voz contra el genocidio silencioso y la arbitrariedad encubierta que recorren los rincones del país.

19. Esta relatoría, llama la atención sobre la dispersión de las intervenciones, que si bien ella expresa la diversidad del país que somos, también deja ver la debilidad para enfrentar el proyecto globalizador; en este sentido llamamos a trascender el discurso de la unidad, llevando a la práctica esfuerzos de coordinación y unidad para la acción, consolidando mesas y espacios de trabajo para la coordinación regional y/o sectorial contra la política globalizada y particularmente contra el proyecto uribista.

Se han realizado eventos importantes pero que son insuficientes si no hay una labor de base, que vaya a la gente en las regiones para sensibilizarla, formarla en la idea de los derechos humanos y la paz, relanzar sus formas organizativas y contribuir a que sea protagonista de un proceso masivo por los cambios en el país.

20. Especial interés se muestra para que estas iniciativas unitarias deban contribuir a fortalecer la educación y movilización popular alrededor de todos estos temas. Es necesario impulsar un verdadero movimiento nacional y masivo por los derechos humanos, con capacidad de convocatoria y movilización en las calles y plazas.

21. Convocamos a los asistentes a este X Foro para que se vinculen a convocatorias como:

a. El paro nacional de los trabajadores de la salud, el 28.29 y 30 de abril.

b. Participar en unitarias y combativas movilizaciones el 1° de Mayo.

c. Participar en el Foro Social Temático, abogando por la democratización de este importante espacio, que debe tener una dirección mas colectiva y vinculante del movimiento social en general / Cartagena del 16 al 20 de junio.

d. Vincularnos a la preparación y realización de la IV plenaria de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz a realizarse en Bogotá, octubre 9, 10 y 11. Las Seccionales del Comité Permanente deben contribuir decisivamente en la organización de los encuentros regionales preparatorios.