Declaración Final
X
FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
Tribuna Internacional contra la Impunidad
Bogota, 24 al 26 de Abril - 2003
1.363 Delegados
y delegadas de todo Colombia e invitad@s del mundo nos hemos reunido para examinar
la grave situación de los DDHH y denunciar, en todos los escenarios
y tribunas, las nuevas amenazas, el escalamiento del conflicto
interior y los atropellos a las libertades públicas que se
escudan detrás de la política de “seguridad democrática”.
El X Foro ha
recibido centenares de denuncias acerca de las situación de
violación sistemática
de los derechos humanos a lo largo y ancho de Colombia.
Las violaciones a los Derechos Humanos aparecen asociadas,
en muchos casos, a transgresiones claras a las garantías por
parte de funcionarios del Estado o a la omisión,
permisividad y/o complicidad de éstos frente a evidentes
agresiones a los ciudadanos.
Los datos aportados
muestran que la represión social y política está en
el centro de las violaciones de los derechos humanos contra
pobladores, hombres y mujeres, niños y niñas, de los barrios,
miembros de las juntas comunales, sindicalistas, maestras
y maestros, activistas agrarios, estudiantes, profesores universitarios
e investigadores, periodistas, sacerdotes y pastores, indígenas
y afrocolombianos, dirigentes y activistas de la oposición,
que hoy agrandan las listas de víctimas, directas o indirectas
de la antidemocracia.
A pesar de
las recomendaciones de la ONU, el gobierno colombiano incumple
sus compromisos internacionales en materia de DDHH. Esta situación
es ahora más grave. Sectores del Estado como la Fiscalía refuerzan
la persecución social en el caso de los sindicalistas del
sector petrolero, de campesinos, de defensores de los derechos
humanos y dirigentes populares. Decenas de procesos desempolvan
expedientes del pasado, reviven listados de ciudadanos, sometidos
a sindicaciones sin fundamento. El principio de sospecha que
inspira decretos dictados bajo el estado de conmoción interior,
varios de ellos objetados en parte por la Corte Constitucional,
pone en entredicho los derechos esenciales de las personas.
Como si este
ambiente policíaco no bastara, el gobierno ha presentado un
proyecto de Reforma Constitucional con vistas a darle piso
al estatuto antiterrorista. En contravía de las sentencias
de la Corte y de las reclamaciones del Alto Comisionado de
las NNUU para los DDHH, el gobierno se empeña en hacer aprobar
normas que afectan las libertades individuales, el habeas
corpus y la prohibición a las fuerzas militares de asumir
funciones de policía judicial. Se ha convertido en línea de
acción del poder ejecutivo proponer legislaciones que intentan
incorporar a los civiles en el conflicto interno de manera
obligatoria.
El X Foro de
los DDHH humanos condena todas las expresiones de terrorismo.
La lucha contra este fenómeno no puede ser el pretexto para
justificar la represión, la criminalización de la protesta
social ni la persecución a los opositores políticos. Se opone,
por lo tanto, a un estatuto que vulnere los derechos fundamentales
y las libertades públicas.
El X Foro nacional
de los DDHH hace un llamado al Congreso de la República para que se abstenga de considerar proyectos
regresivos y atentatorios contra las libertades.
El X Foro llama
a las partes del conflicto a respetar, efectivamente, las
normas del derecho humanitario y a garantizar que la población
civil no sea objeto de ataques indiscriminados.
El X Foro de
los DDHH se pronuncia en contra del Referendo que pretende
hacer otra contrarreforma electoral, eliminar las personerías
y contralorías, prorrogar los mandatos de funcionarios en
ejercicio, proporcionar respaldo popular al programa de ajuste
adicional del Fondo Monetario Internacional y de refuerzo
al proyecto autoritario en curso. Se une a quienes llaman
a abstenerse de votar en esa convocatoria. Insta al Consejo
Nacional Electoral a revocar su arbitraria definición que
valida hasta los votos nulos para imponer fraudulentamente
un resultado favorable al gobierno.
La política
de “seguridad democrática” ha sido expuesta al escrutinio
de las organizaciones y activistas de los Derechos Humanos.
La seguridad no puede entenderse como más represión, más aparatos
policivos, más normas coactivas. No puede traducirse exclusivamente
en la seguridad para la inversión privada de capital transnacional.
No se reduce al discurrir tranquilo solo de los más ricos,
mientras el conjunto de la Sociedad padece los rigores del
empobrecimiento masivo, los nuevos impuestos, la extensión
de la jornada de trabajo, los despidos y la inestabilidad
laboral, el desempleo, la carencia de crédito y de tierras
para la población agraria.
La seguridad
tiene que revelarse en la satisfacción de las necesidades
esenciales de las mayorías populares. La política de seguridad
nos condena a las privaciones, el desempleo, el hambre, la
desnutrición, en aras de que los recaudos fiscales aseguren
el pago cumplido del servicio de la deuda externa y el creciente
presupuesto de guerra y orden público.
La seguridad,
como la entiende el gobierno, cierra los caminos del diálogo
y del acuerdo entre colombianos para buscar y alcanzar la
paz. Pone en manos de gobiernos extranjeros prerrogativas
como el Plan Colombia y el intervencionismo militar cada vez
más directo de entrenadores, tropas y mercenarios financiados
desde el exterior en detrimento de la soberanía del Colombia
y de su pueblo.
Las opiniones
y denuncias expuestas indican que la aplicación de la “seguridad
democrática” se ha traducido en un incremento de las violaciones
de los derechos humanos por funcionarios del Estado, y en
una ampliación de la actuación impune del paramilitarismo
en nuevas regiones del país. Las zonas de rehabilitación y
consolidación se han convertido en áreas de expulsión de población,
represión a la lucha social, atropellos y malos tratos a la
población, persecución política, desapariciones, asesinatos
y masacres, conducta que se ha hecho extensiva a las comunas
populares de las principales ciudades.
El gobierno
exhibe su negociación con los paramilitares como una expresión
del diálogo. Es una burla, cuando se conocen los vínculos
estrechos de autoridades y asesores con algunos de estos grupos.
El arreglo eventual del gobierno con los paramilitares no
puede pasar por alto las masacres, asesinatos selectivos,
crímenes de lesa humanidad constitutivos de terrorismo ni
su vinculación confesa con el narcotráfico. La evidencia muestra
que, lejos de disminuir sus acciones criminales por efecto
de la negociación, los paramilitares actúan ahora con más
impunidad que antes; acorralan a los ciudadanos en universidades,
empresas y poblaciones; continúan promoviendo el desplazamiento
forzado en regiones agrarias y medios urbanos; establecen,
con la complicidad de autoridades municipales, departamentales
y nacionales, listados de personas; patrullan conjuntamente
con la fuerza pública en las zonas de rehabilitación; ocupan
regiones enteras sin ser perturbados, en absoluto, por los
representantes del Estado. El mismo informe del Departamento
de Estado de los EEUU denuncia los vínculos de estructuras
de la fuerza pública con los paramilitares.
Pero, además,
los paramilitares se han convertido en un factor nefasto en
las relaciones internacionales. Los países vecinos se resienten
de su presencia. En el caso de Venezuela, han sido señalados
como un factor que intenta fomentar la desestabilización del
gobierno democrático de el hermano país.
Es necesario
reforzar la campaña nacional e internacional contra la impunidad.
Deben cesar los procedimientos expeditivos de indulto con
base en el Decreto 128 de 2003. deben reforzarse todas las
medidas para superar la ausencia de justicia. Debe establecerse
un mecanismo eficaz para el desmonte del paramilitarismo,
comenzando por sus soportes en las estructuras del Estado,
con sanciones severas a sus impulsores y financiadores.
Las redes de
informantes y cooperantes amplían la desconfianza, las intrigas,
el señalamiento de personas inocentes y suplantan a las autoridades
por aparatos ajenos al orden legal. Los soldados campesinos,
programa bandera del gobierno, se ha convertido en el servicio
militar legal del paramilitarismo.
El X Foro de
los DDHH hace un llamado a la Sociedad colombiana para reclamar
una política de paz del Estado como lo ordena la Constitución.
En lugar del gigantismo militar que promueve el gobierno;
en lugar del intervencionismo militar extranjero; en lugar
del escalamiento y degradación de la violencia interior, lo
que Colombia reclama es la búsqueda de una solución política,
que asegure la solución de los desequilibrios sociales, ponga
fin a las injusticias, los privilegios y el usufructo del
poder por una fracción minoritaria de la sociedad; cree las
condiciones para una democracia en donde puedan convivir con
tolerancia todos los colombianos.
La solución política, por vía de diálogo y negociación, no
tiene sustitutos. La vía no es la guerra, y mucho menos la
guerra imperialista que ahora se impone en el mundo tras la
demencial agresión a Irak. La solución política es la vía
de los pueblos, es el proyecto de los pueblos y es la única
garantía de paz y estabilidad en América Latina.
Una forma de
avanzar a la paz son los acuerdos humanitarios. El gobierno
no puede mantener oídos sordos y negarse a aceptar la voz
de familiares, organismos nacionales e internacionales y destacadas
personalidades a favor del canje humanitario. El acuerdo humanitario
debe ser ahora, sin más dilaciones.
El X Foro de
los DDHH hace un reconocimiento a los países amigos que han
apoyado los procesos de búsqueda de la paz así como al delegado
personal del secretario general de la ONU y los insta a persistir
en su solidaridad, en escucha también de las opiniones y criterios
que vienen del campo popular y democrático.
Convoca a desarrollar
la Campaña Internacional OTRA COLOMBIA ES POSIBLE, en un marco
de unidad y convergencia, por la Solución Política para la
Paz con Justicia Social, los Derechos Humanos y la No Intervención
Militar de los Estados Unidos.
Invita a la
Conmemoración multitudinaria del Primero de Mayo. Y a fortalecer
los procesos del Foro Social Mundial y el IV Plenario de la
Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, a celebrarse los
días 9, 10 y 11 de octubre en Bogotá.
Finalmente,
el X Foro llama a la unidad y coordinación de lo político
– social –reivindicativo, en cada departamento, en una mesa
que permita materializar la acción conjunta de todos los sectores
afectados por la violación y desconocimiento de los derechos
fundamentales, e impulsar los Acuerdos Humanitarios y la búsqueda
de la Solución Política.
Bogotá, abril
26 de 2003
