Pronunciamiento
TRIBUNA INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Bogotá,
24 al 26 de abril de 2003
1. Preámbulo
Agradecemos
a las y los organizadores de la Tribuna Internacional y al
Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos su
invitación a participar de esta Tribuna Internacional Contra
la Impunidad realizada en el marco del X Foro Nacional
por los Derechos Humanos, las libertades democráticas y la
solución política del conflicto.
Hemos
escuchado testimonios de casi todas las regiones del país
y de la mayoría de los sectores sociales afectados (obrero,
sindical, magisterio, agrario, indígena, petrolero, defensores
y organizaciones de Derechos Humanos, mujeres, salud, comunal,
vendedores ambulantes, estudiantil, desplazados, presos políticos,
familiares de desaparecidos, funcionarios públicos, afrocolombianos,
intelectuales y periodistas) sobre permanentes violaciones
a los derechos civiles y políticos además de denuncias sobre
ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas,
detenciones ilegales, injerencia en la vida privada, allanamientos
de domicilios, y vulneración de las garantías judiciales y
al debido proceso.
Entendemos
esta Tribuna Internacional Contra la Impunidad como un esfuerzo
del movimiento de derechos humanos Colombiano de vincular
a la comunidad
nacional e internacional en la búsqueda de la justicia y restauración
integral frente las múltiples violaciones de los derechos
humanos que se caracterizan por su absoluta impunidad.
En
nuestro papel de observadores internacionales nos hemos ceñido
a los Principios ético-jurídicos básicos desarrollados en
los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario.
2. Situación percibida a
través de los testimonios escuchados:
En
el actual gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, no sólo
se ha continuado con la grave situación de violación de Derechos
Humanos sino que se han agravado, involucrando tanto los derechos
civiles y políticos como los económicos sociales y culturales
y se ha persistido en una actitud de incumplimiento en el
acatamiento de múltiples resoluciones y recomendaciones de
organismos nacionales e internacionales.
Como
las principales causas de esta situación se resaltaron:
La
frágil o inexistente institucionalidad democrática que hace
aparecer la democracia colombiana como una democracia fuertemente
restringida.
Colombia
cuenta con una Constitución que lamentablemente no tiene una
aplicación en la institucionalidad política del país. Esta
no aplicación explica la existencia de una casi total impunidad
en relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
La
Política del actual gobierno de:
·
La seguridad democrática que ha tenido grandes
impactos negativos en
el respeto, promoción, difusión de los Derechos Humanos.
Desde nuestro punto de vista no por favorecer la eguridad
se deben vulnerar los Derechos Humanos.
·
Las zonas de rehabilitación. En los testimonios
provenientes de las zonas de Arauca, Sucre y Meta se constató
que en éstas se han acentuado
las violaciones a los Derechos Humanos.
·
La Red de informantes y los soldados campesinos
generan un proceso de desconfianza y descomposición social
que rompe todo tejido social al vincular a los civiles en
el conflicto, estos mecanismos incentivados con el pago de
fondos públicos se convierten a todas luces en actos aberrantes
desde una perspectiva de respeto a los Derechos Humanos.
Todos
los testimonios se convirtieron en un gran clamor por la paz,
por la salida negociada al conflicto armado, por una oposición
a la guerra, habida cuenta que son los pueblos, la sociedad
civil los que sufren las consecuencias del conflicto armado.
Se
identificaron algunas pistas para destrabar el proceso de
paz colombiano:
·
Favorecer una mayor y real participación
ciudadana.
·
Suspender los mecanismos que generan miedo
y el terror.
·
Ofrecer desde los medios de comunicación
una información veraz.
·
Crear las condiciones para la existencia
de un amplio juego democrático en el que tengan cabida partidos
políticos de oposición en igualdad de condiciones.
El
papel de la función judicial en este proceso es fundamental,
pues en un sistema democrático, le compete a esta función,
velar por la eficacia y la protección de los Derechos de los
ciudadanos y garantizar el ejercicio eficaz de la justicia.
Se
constató con preocupación que a través de actos administrativos
de aplicación inmediata se están concediendo beneficios jurídicos
asimilables al indulto o amnistías, a
paramilitares que dejen las armas. Este tema debe ser
resuelto por los órganos constitucionales pertinentes respetando
los convenios internacionales en materia contra la impunidad.
Una
idea muy fuerte en los testimonios fue la identificación del
paramilitarismo como principal agente responsable de los crímenes
cometidos. Este actor aparece claramente vinculado con el
ejército y la policía en una connivencia sistemática y no
accidental y esporádica entre paramilitares y las fuerzas
de seguridad del Estado.
Se
ha cuestionado a fondo una salida militar al conflicto social
y armado en Colombia y han surgido muchas propuestas que abogan
por el respeto de las partes enfrentadas a la población civil.
Hemos
percibido que la política del actual gobierno del presidente
Uribe genera una situación de inestabilidad en la región suramericana.
En el actual contexto global de desarrollo de una mentalidad
marcada por la doctrina de la guerra preventiva este tipo
de situaciones no solo afecta a Colombia sino a los demás
países en la región. Se continua denunciando que la
implementación del Plan Colombia es un plan para la
guerra y no para la paz.
La
población apoya el acuerdo humanitario, como un aspecto que
abriría puertas en dirección a una salida negociada al conflicto.
La
casi totalidad de los crímenes que se presentaron en este
Foro, están en la impunidad absoluta, muchos de ellos no han
sido puestos en conocimiento del Ministerio publico por su
desconfianza frente al sistema y por el temor a represalias
y lo que se denuncia no tienen ninguna respuesta efectiva.
Se
señaló que la influencia de los medios de comunicación, en
muchas ocasiones tergiversan y manipulan las noticias
relacionadas con el conflicto armado lo cual afecta
profundamente la opinión pública y la condiciona poniéndola
en favor de posiciones belicistas.
Igualmente
se señaló cómo muchos estados del
mal llamado Primer Mundo, desarrollan
políticas de endurecimiento frente a los migrantes
y están haciendo mucho más difíciles la situación
de los exiliados y refugiados políticos. Se denunció el desarrollo
de una campaña por parte del actual gobierno de presentar
a los exiliados como testaferros de la insurgencia y la invitación
a crear una red de informantes en el exterior. Se ratificó
que el refugio
como instrumento del Derecho internacional publico, no puede
ser criminalizado.
3. Llamados
Llamamos
al Estado de Colombia:
A
reforzar todas las iniciativas que apunten a la solución política
del conflicto armado.
A
fortalecer las instituciones democráticas para dar respuesta
a los reclamos presentados en esta Tribuna Internacional.
A
que revise profundamente el sistema judicial, para superar
la impunidad generalizada de las violaciones de los Derechos
Humanos habida cuenta que la más alta responsabilidad de un
Estado democrático es velar por la protección y el ejercicio
de los derechos ciudadanos que buscan la realización de la
justicia.
A
adoptar los mecanismos que desarticulen las relaciones entre
organismos de seguridad del estado y fuerzas paramilitares.
A
que rectifique en aras de la vida y de la paz, los efectos
de su política de seguridad democrática, zonas de rehabilitación
y el impulso de redes de informantes y soldados campesinos.
Como
Tribuna Internacional subrayamos que la actual constitución
de Colombia fue dictada luego de un proceso de concertación
política y con características de Constituyente, que apuntaba
a reconciliar el país, en tal sentido instamos al Congreso
a que promueva una legislación que desarrolle las aspiraciones
de paz de los colombianos en lugar de promover una legislación
que favorezca el escalamiento de la guerra.
Las
partes en el conflicto, deben generar medidas de confianza
que vayan creando un ambiente favorable en la solución política
del mismo. Les exhortamos a implementar el intercambio
humanitario como paso previo e importante sobre el cual se
asiente el proceso de paz.
Llamamos
a la comunidad internacional. A que refuerce significativamente
su presencia apoyando la paz y
las comunidades victimizadas.
A
los organismos internacionales y regionales como el Parlamento
Andino y Parlatino les instamos a que reconozcan la crisis
humanitaria que vive Colombia como un problema que afecta
a toda la comunidad internacional y en consecuencia actúen
orientados por su obligación ética y jurídica de preservar
la paz.
A la ONU le exhortamos a que exija al Estado
Colombiano el cumplimiento de las diversas recomendaciones
del sistema de Naciones unidas.
Al cooperar con Colombia con la presencia de una oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos, no se agota su papel ni se limita sus responsabilidades
frente a la crisis de derechos humanos y humanitaria.
Llamamos
a las iglesias a que fieles al mensaje de solidaridad, paz
y amor del que son depositarias, comprometa su ministerio
con las víctimas y a que sean instrumentos de justicia y reconciliación
en la sociedad colombiana.
Llamamos
a los participantes del Foro a desarrollar y construir un
amplio movimiento social contra la guerra.
Los
medios de comunicación social deben preservar sus códigos
éticos y deben ser un factor coadyuvante para la paz,
dando información veraz y objetiva colaborando en la reconciliación
del país.
COMO TRIBUNA NOS COMPROMETEMOS A:
Apoyar
la continuación de tribunales éticos, contra la impunidad
de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos
humanos.
Apoyar
las propuestas específicas que las organizaciones regionales
presentaron en este encuentro.
Darle seguimiento a la situación colombiana y a estas
recomendaciones buscando que desde nuestros países se apoyen
las diversas iniciativas impulsadas por las víctimas de violaciones
a derechos humanos, las organizaciones sociales y de derechos
humanos participantes en esta Tribuna.
Impulsaremos una campaña mundial contra la guerra
en Colombia con especial énfasis en que sean superadas las
causas de la guerra y que se concrete una salida política
negociada del conflicto, tal como ha sido el clamor de los
sectores sociales y regiones frente a esta Tribuna Internacional.
Finalmente
La Tribuna reconoce, aplaude y pone como ejemplo ante la comunidad
internacional, el
compromiso de este pueblo colombiano
por alcanzar una vida digna, su resistencia heroica y
admirable ante los mecanismos de muerte internos y externos
y su esperanza y lucha por alcanzar la consolidación de un Estado
social de derecho.
REPRESENTANTES
DE LOS SIGUIENTES PAISES Y ORGANIZACIONES:
FRANCIA, ESPAÑA, INGLATERRA,
ESTADOS UNIDOS, SUIZA, VENEZUELA, ECUADOR, ARGENTINA, BRASIL,
BOLIVIA, URUGUAY, NUEVA ZELANDA.
CONSEJO
MUNDIAL DE IGLESIAS, ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, ASAMBLEA
PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL ECUADOR, FEDERACION INTERNACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDAD MADRES DE LA PLAZA DE MAYO,
UNIVERSIDAD DE STANFORD, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CUADERNOS
PARA LA EMANCIPACION, JUSTICIA POR COLOMBIA, WAR
ON WANT, SINDICATOS DE INGLATERRA: NUJ , UNISON-EDU, NATFHE, AUT.
